La defensa de la familia Morchón pide a la jueza instructora del caso Ignis que rebaje las fianzas

El empresario Ignacio Morchón Alonso fue el tercero en ser puesto en libertad. Fue el pasado mes de junio, después de que el perito judicial diera el visto bueno en su informe de tasación a los tres inmuebles aportados por la defensa del fundador del Grupo Parque El Salvador para hacer frente a los 800.000 euros de fianza impuesto por la instructora del caso del 'cambiazo' de los ataúdes al principal investigado en el caso por su supuesta implicación en los delitos de estafa, falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y participación en organización criminal. La Sección Segunda de la Audiencia estimó el recurso de la defensa y consideró que el riesgo de que el septuagenario, delicado de salud, se fugara, había quedado «diluido» y tuvo en cuenta el arraigo familiar y social del investigado, así como el hecho de tener sus bienes embargados y la ausencia de indicios de que tuviera bienes en el extranjero.

La jueza ya había denegado la petición del recurso de reforma para rebajar el importe de la fianza de la hija pequeña del veterano funerario, que tuvo que poner una fianza hipotecaria por valor de 200.000 euros, de manera que será otra vez la Audiencia de Valladolid la que tendrá que pronunciarse respecto de la reducción de estas cuantías y también de los 800.000 euros de la de Ignacio Morchón hijo, gerente de la funeraria vallisoletana tras la jubilación de su padre.

El tribunal tendrá que pronunciarse también respecto del archivo solicitado por el bufete de Guillermo Ruiz Blay para otras ocho personas investigadas en la causa, familiares y empleados de la empresa de pompas funebres, José Luis L. G., Isidro M. A., Raúl Ll. M., Eladio G. M., José Antonio M. A., Felicísimo A. G., María Rosario M. V. y Rosario V. L.

El pasado octubre, la titular del Juzgado de Instrucción 6 rechazó el sobreseimiento de las diligencias solicitado para ellos, por considerar que en este momento de las diligencias previas es «prematuro» adoptar esta decisión puesto que todavía faltan muchas pruebas solicitadas por la Fiscalía y, sobre todo, que la policía judicial concluya con el análisis de la documentación incautada y los discos duros de los ordenadores en la sede del Grupo El Salvador y los domicilios particulares.

El abogado de la empresa ha apelado ante la Audiencia para que se sobresea la causa contra ellos, mientras que la acusación particular ejercida por Urraza, Mendieta y Asociados se oponen a que estos empleados queden fuera de las actuaciones. Por ese motivo presentaron ayer un escrito de impugnación al recurso de la defensa, al entender que «existen indicios racionales de comisión de delitos». Especialmente, en el caso de María Rosario M. V. y Rosario V. L. , hija y esposa del funerario, respectivamente, que «ostentaban un papel en la dirección de la empresa y tienen una estrecha vinculación con las sociedades que están siendo objeto de investigación en este procedimiento». Rosario V. L. , indican en su escrito, aparece vinculada a la Agencia Funeraria Castellana desde hace treinta años y figura como gerente o apoderada «por lo que no es una simple contable». Las acusaciones entienden que es necesario que continúen en el procedimiento para esclarecer «quién gestionaba de manera efectiva la sociedad».