La cúpula del PP reprueba la medida antiaborto anunciada por Vox en Castilla y León y asegura que no se llevará a cabo

Fuentes de la dirección nacional del PP se pronunciaron a este respecto en sintonía con lo expresado por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, que ha desautorizado al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (de Vox).

Tras asegurar la Consejería de Sanidad de Castilla y León que el protocolo para las embarazadas no va a cambiar, las fuentes consultadas subrayaron que «no hay ningún tipo de obligatoriedad por parte de los profesionales» para que hagan escuchar el latido fetal a las mujeres que deciden que se les practique una interrupción voluntaria del embarazo.

«Se está actuando con los mismos protocolos con los que se ha actuado hasta el momento», subrayaron desde el PP, dejando claro que este partido «no respalda» a Vox con esta medida. «Es una posición que ni compartimos ni se va a llevar a cabo. Nuestra posición es contundente y rotunda», zanjaron desde la formación de Alberto Núñez Feijóo.

Por otra parte, El Gobierno amenazó este viernes con llevar ante los tribunales a Castilla y León si se materializa un nuevo protocolo para las mujeres que quieran voluntariamente interrumpir su embarazo.

Así lo avanzó la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en la rueda de prensa que ofreció desde Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva del partido junto a 16 de los 17 ministros del ala socialista -faltó solo la vicepresidenta Teresa Ribera por agenda fuera de España- presidida por el líder socialista y del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Montero aseguró que el PSOE «va a combatir la respuesta reaccionaria del PP y Vox contra los derechos de las mujeres» y acusó al Partido Popular, y en concreto a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de «connivencia» porque ha dado «la callada por respuesta».

La 'número dos' del PSOE sentenció que el partido considera la intención del Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco como un «ataque a la libertad de las mujeres» y recordó que se reformó el Código Penal para penalizar el «hostigamiento» y «acoso» a las mujeres en las puertas de las clínicas cuando acudían para interrumpir el embarazo.