«Si el nuevo Plan de Igualdad Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León no pone fin a la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, en las plantillas de la administración autonómica, todo el esfuerzo realizado para garantizar la ... igualdad de oportunidades y de trato no habrá servido de nada, y la Junta será la responsable».
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Así lo afirma la secretaria de Igualdad de la Central Sindical y de Funcionarios de Castilla y León, Regina Álvarez, con motivo de la celebración -el día 22 de febrero- del Día Internacional de la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres.
En octubre de 2020, CSIF remitió un escrito al consejero de Presidencia y a la directora general de Función Pública, para alertar de «una discriminación histórica que hay que abordar con urgencia y atajar»; y para exigir a la Junta compromisos y medidas correctoras, que acaben con la brecha salarial que sufren unas 5.000 trabajadoras laborales.
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Un detallado análisis realizado por sindicato «evidencia que los complementos salariales competenciales que marca la Junta entre su personal laboral, en los puestos de trabajo que, de manera mayoritaria, realizan las mujeres, son inferiores o muy inferiores a los que se dan en los puestos que ocupan mayoritariamente los hombres, dentro del mismo grupo laboral. Esta circunstancia, y aunque el sueldo base sea el mismo, provoca una brecha que se da en todos los niveles salariales, excepto en el intervalo de 12.000 a 18.000 euros anuales. Una diferencia que se agranda y es más significativa en el nivel de salarios de más de 36.000 euros, donde mayoritariamente son hombres quienes lo reciben», explica el sindicato independiente.
En cuanto al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2019, el salario medio de un varón en la comunidad fue de 22.057 euros anuales, frente a los 17.244 de la mujer, es decir, 4.813 euros menos.
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Por provincias, esas cantidades salariales medias de hombres y mujeres son, respectivamente: en Ávila, de 19.071 y 15.690 euros; en Burgos, de 24.078 y 17.422 €; en León, de 21.591 y 16.944; en Palencia, de 21.578 y 16.981; en Salamanca, de 21.127 y 17.292; en Segovia, de 20.523 y 16.111; en Soria, de 21.398 y 18.233; en Valladolid, de 23.985 y 18.400; y en Zamora, de 18.806 y 15.749 euros.
Regina Álvarez recuerda que la finalidad del nuevo Plan de Igualdad «es garantizar la igualdad de oportunidades, de trato y de promoción en las condiciones laborales, la carrera profesional o la promoción entre las mujeres y los hombres que prestan sus servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, para terminar con el techo de cristal ».
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Según explica el sindicato en su informe, la crisis de la covid-19 no solo ha supuesto un problema social, sanitario y económico a gran escala, también ha afectado de manera específica al equilibrio entre vida y trabajo entre hombres y mujeres, agravando la de por sí elevada brecha salarial y, de manera singular, cebándose con ellas en el desempleo y el reparto de responsabilidades familiares.
Así, señalan que la brecha salarial de género en España es del 22 por ciento con datos de 2019, una cifra que en la actualidad y dada la situación asciende un punto retrocediendo a niveles de 2013. Además, señalan que la brecha en la contratación temporal se ha multiplicado por 6 en el último año y que ha aumentado la proporción de mujeres en paro y ocupadas a tiempo parcial respecto a los hombres.
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Por último, apuntan que en la Administración General del Estado las mujeres cobran entre 1 y 1,5 euros menos por hora de trabajo que los hombres y que diez comunidades no cuentan aún con planes de igualdad para sus empleados públicos.
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