CSIF ve «insuficiente» la contratación de «720 docentes« nuevos este curso

Durante la realización de un análisis del arranque del nuevo curso escolar, Madruga señaló que de las 7.129 vacantes totales, 4.604 son completas y 2.525 parciales, por lo que, el porcentaje actual de interinidad se estipula en el 20,98 por ciento en el conjunto de la Comunidad, dato que se aleja de cumplir el objetivo objetivo marcado por la Ley de reducción de la temporalidad, la cual marca un ocho por ciento en el ámbito docente de la función pública en este año 2024 en todos los procesos, aseguró.

Y es que, con el proceso de oposiciones pendiente para el verano del próximo año, que será mixtas de todos los cuerpos docentes, es «imposible que se baje hasta un ocho por ciento». Además, Madruga recordó que, en Castilla y León, se tiene firmado un cinco por ciento de interinidad en el acuerdo del 19 de mayo de 2006, el cual sigue vigente.

Desde el sindicato señalaron que es necesario convocar 3.652 plazas en los próximos años para alcanzar ese ocho por ciento de interinidad establecido, a lo que se sumaría la tasa de reposición, quienes insistieron en «eliminar esa tasa y cubrir las necesidades reales del sistema educativo».

De ahí que hayan recordado la importancia de dicha convocatoria de oposiciones del próximo año, que «ha de ser decisiva» para bajar de forma importante las tasas de interinidad a «limites aceptables», dado que también hay que cubrir las bajas y jubilaciones que se produzcan, como las 783 jubilaciones del anterior curso.

Además, la presidenta del sector autonómico de Educación de CSIF criticó la preocupación por el tipo de plazas ofertadas, ya que existe un número elevado de parciales, con casos «inadmisibles de plazas de menos de media jornada en áreas rurales y otras de doble o triple perfil», que se suman a gran cantidad de plazas, especialmente en el Cuerpo de Maestros, que tienen el carácter de compartido o itinerante.

Demandó que todas las adjudicaciones se hagan de forma «informatizada no telefónica o mediante correos electrónicos para que haya una mayor transparencia«, quien detalló que, en el Cuerpo de Maestros, se han ofertado 1.147 vacantes con asignaturas complementarias, 482 plazas itinerantes, donde el profesorado se tiene que desplazar a dos o más centros de distinta localidad; y 248 con acreditación de la competencia lingüística.

En Secundaria y Otros Cuerpos, 235 vacantes adjudicadas son con asignaturas complementarias, 322 con acreditación lingüística y 125 plazas del programa de Salud Mental, donde «55 de ellas han sido retiradas y se sigue sin conocer el motivo», afirmó Madruga. Se supone que hay más de esas 100 vacantes para orientadoras destinadas al programa de Salud Mental, que serán cubiertas por profesorado interino, pero 55 de servicios a la comunidad fueron retiradas sin saber el motivo, algo que «no casa con las cifras que nos dio la Junta a finales del curso pasado», por lo que se preguntará los motivos y los aspectos sobre el asunto, dijo.

Por ello, CSIF rechazó la «precariedad» de determinadas plazas que ponen de manifiesto estas cifras, además de denunciar los «múltiples errores» en los procesos de baremación y las adjudicaciones tardías que «impiden la necesaria planificación del curso a los miles de interinos que están pendientes de estos procesos». Aseguraron que es necesario adelanten las adjudicaciones lo «máximo posible» y se eviten «dificultades de conciliación», más acuciantes en una región tan dispersa geográficamente como Castilla y León.

El sindicato remarcó que en este nuevo curso 2023/2024 «es prioritario abordar la mejora salarial del profesorado de la educación pública de Castilla y León», que ocupa los «últimos puestos» en comparación con las comunidades con las retribuciones más altas, máxime en un contexto de alta inflación. «Esta situación mejoraría con un reconocimiento real a la carrera profesional, eliminando la obligatoriedad de elegir entre sexenios -complemento de formación permanente reconocido por todas las comunidades autónomas- y la carrera profesional».

Incluso antes de la puesta en marcha de la norma de carrera profesional en 2019 y, posteriormente, en un pleno de las Cortes de Castilla y León en 2021, «existe un compromiso para que se elimine esa obligatoriedad que sigue sin materializarse, lo que no puede dilatarse más en el tiempo», recordaron.

En ese sentido, dejaron claro que vigilarán el cumplimiento de la recuperación de las 35 horas semanales, que es el horario que había hasta 2011. Una reivindicación de años que «se ha conseguido tras una larga lucha» que se inició con la firma del Acuerdo de Modernización de la Función Pública, suscrito por CSIF en 2015, y que ha concluido con el Decreto-Ley 1/2023 del 30 de marzo.

«Estaremos muy alertas para que se cumpla la norma y se dote a los centros del profesorado suficiente para llevar a cabo la reducción de horas lectivas, 17 periodos en Secundaria y otros Cuerpos y 24 en Maestros, con la disminución oportuna en los periodos complementarios», quienes subrayaron que las 35 horas deben aplicarse a todo el profesorado, incluido el de Formación Profesional, equipos de Orientación Educativa o miembros de equipos directivos.

Madruga se mostró en la misma línea en relación a la vigencia del Acuerdo de 24 de enero de 2022 con la Consejería, en el que, además de la bajada de horario lectivo, se sustancia la reducción de ratios de forma progresiva en las diferentes etapas educativas, porque trasladaron que tener «menos alumnos por aula implica un mayor número de docentes y contribuye a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje».

Por su parte, el secretario de Negociación del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Mariano González, informó que se implanta la LOMLOE en su totalidad, con los cursos pares, lo que exige al profesorado que adapte sus programaciones didácticas y de aula a los nuevos currículos, «una vuelta de tuerca más a la sobrecarga de burocracia a la que está sometido». Además, con

Reconoció el agravante que provoca en la EBAU, porque no se ha producido una adaptación al nuevo escenario y mantiene, a la contra, una evaluación fundamentada en la anterior norma educativa.

Además, recordó que está en vigor un registro de incidencias para el profesorado, que permanecerá abierto hasta fin de mes a través de la web y las redes sociales. Se trata de un servicio de atención al profesorado, que permite plantear cualquier incidencia a través de medios telemáticos, «que serán atendidas inmediatamente por el sindicato, y que se tratarán de solucionar».