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Izquierda Unida Castilla y León critica el «negacionismo» y «equidistancia» de la Junta en sus alegaciones al anteproyecto de ley de memoria democrática que la coalición considera «un importante avance» sobre la norma aprobada en 2007 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y considera una « ... responsabilidad» del Ejecutivo de la Comunidad recordar a las víctimas de la «barbarie franquista».
Después de que el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, informara de las alegaciones a esa norma, la coalición, en un comunicado, afirma que el Gobierno autonómico debería «sentir vergüenza» porque la Comunidad ocupe el primer lugar en el mantenimiento de figuras del franquismo en los callejeros de las ciudades y pueblos, con más de 260 calles y plazas con nombre a personas de la dictadura. «Lo cual es una afrenta a las víctimas», apostilla.
IUCyL recuerda a la Junta las recomendaciones de Pablo Greifl, relator de las Naciones Unidas, cuando expuso que la represión franquista debería ser estudiada en las escuelas y que referirse a la Guerra Civil en términos genéricos perpetuaba la idea de una responsabilidad simétrica.
«La equidistancia entre las víctimas y los verdugos es complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el bando franquista», asevera la coalición, convencida de que la nueva ley permite cambios necesarios en la legislación y el reconocimiento de la verdad, justicia y reparación que reivindican las víctimas.
Así, IUCyL valora positivamente la propuesta de un centenar de personalidades, encabezadas por el premio Cervantes Antonio Gamoneda, para que se instale un memorial permanente en el Parador de San Marcos de León, a las miles de víctimas franquistas que fueron asesinadas, entre 1.500 y 2.900 murieron por enfermedades o maltrato o fusiladas, torturadas, se calcula que al menos 15.000. Un parador que fue entre 1936 y 1940 uno de los campos de concentración franquista más letales y terribles.
En tal sentido, propone que la Junta de Castilla y León tome nota de esta iniciativa y la lleve a término en aquellas instalaciones autonómicas en las que se llevó a cabo la represión por parte de quienes se sublevaron contra la Constitución y la legalidad republicana vigente.
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