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El pleno de las Cortes rechazó hoy la propuesta socialista para contar en el plazo de tres meses con un marco regulatorio sobre la localización de infraestructuras ante la proliferación de proyectos de energías renovables, con el argumento de PP y Cs de que existe ... una normativa y de que el Gobierno tiene competencias en los macroproyectos, mientras que el PSOE alertó que su ausencia es «la puerta de entrada a la corrupción».
La iniciativa socialista recibió el apoyo de Podemos, UPL, Vox y de María Montero; en contra votaron PP y Cs y Por Ávila se abstuvo, lo que hizo que los socios no perdieran la votación.
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El socialista José Luis Vázquez planteó la iniciativa de su grupo en el marco de la coherencia entre un modelo renovable y la sostenibilidad como oportunidades a aprovechar, abogó por fijar los criterios de donde tienen que estar las infraestructuras y pidió no cometer errores del pasado de una comunidad excedentaria de la que no obtiene beneficio. Así, se refirió a más de 6.000 solicitudes de proyectos de energía fotovoltaica
En la PNL, instó a la Junta, en el marco de la competencia de Ordenación Territorial, a contar en el plazo máximo de tres meses el marco regulatorio para la localización de las infraestructuras
necesarias para la generación de energía renovable eólica o fotovoltaica y en el mismo periodo la adopción de medidas fiscales sobre la generación de energía excedentaria respecto a las necesidades energéticas autonómicas.
También, pidió la suspensión cautelar, de forma inmediata, y en tanto no se dé cumplimiento a lo prevenido en los puntos anteriores, de todos los expedientes actualmente en tramitación de localización e implantación y desarrollo de infraestructuras necesarias para la generación de energía renovable eólica o fotovoltaica.
El portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos-Equo), que expresó el apoyo a la PNL, respaldó las renovables pero no como se hace en este momento, en zonas de riqueza paisajista, por lo que demandó una regulación para evitar los macroproyectos y apostar por un modelo ecológico, sostenible y justo en el que la riqueza se quede en los pueblos. «Su modelo es el de la colonización energética», sentenció.
La procuradora de Vox, Fátima Pinacho, consideró que la proliferación de fuentes de nuevas energías puede ser una oportunidad para zonas despobladas de alto valor añadido y abogó por el estudio de cada proyecto, siempre desde la convivencia con la agricultura y ganadería y el paisaje.
Luis Mariano Santos (Vox) se posicionó a favor de las renovables pero «no de la forma abusiva en que se está haciendo» y se mostró a favor de las dos primeras medidas de la iniciativa, no así de la última al considerar que puede ser ilegal. «Póngase todos a trabajar para evitar que se siga abusando de la Región Leonesa», zanjó.
La procuradora de Cs Inmaculada Gómez lamentó el debate ideológico y la polarización en esta materia, afirmó que si toda la energía se cubre con la fotovoltaica sería del uno por ciento, calificó de «curioso» que se pida un marco regulatorio cuando existe una zonificación del Ministerio y concluyó que se busca crear «un conflicto donde no existe» porque hay una regulación.
«Ustedes buscan un lugar idílico en el que el lobo campe a sus anchas y los pobladores sean figurantes», concluyó Gómez, mientras que Rosa Esteban (PP) defendió la energía verde y la biodiversidad y aseguró que hay instrumentos, como el impacto ambiental o patrimonial, para evaluar y autorizar los proyectos, para indicar que los macroproyectos son competencia estatal.
Esteban recordó que las tramitaciones de 50 o más megavatios corresponden al Gobierno y aseguró que la Junta se ha adelantado ante «proyectos masivos» al dirigirse al Ministerio para mantener una reunión que se celebrará a finales de este mes.
Por último, Vázquez afirmó que «la calle clama porque la Junta cumpla» con una regulación sin atentar ni contra el paisaje ni en el acceso a las energías renovables y calificó de «verdades a medias» la concesión de las licencias que desde el Ejecutivo autonómico se fragmentan para no llegar a los 50 megavatios. «La falta de regulación es la puerta de entrada a la corrupción», zanjó en referencia a la comisión de investigación de las eólicas.
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