Convalidado el Decreto-ley para agilizar la gestión de los fondos europeos con la mayoría de PP-Vox

El Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 23 de junio, fue presentado en el pleno por el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, quien afirmó que «se da un paso firme» en una buena regulación sin que mermen los controles.

«Asegurar la efectiva ejecución de fondos y que su gestión sea lo más ágil posible», manifestó Carnero que es el objetivo de este decreto y enumeró algunas de las normas que se modifican la ley de Subvenciones, la de Montes o Urbanismos y Vivienda, además de dotar de mayores competencias al Ente Regional de la Energía (EREN).

En materia de vivienda y urbanismo, incorpora la vivienda 'cohousing' a colaborativa, se elimina la prohibición de dar ayudas a viviendas que no sean promovidas para uso propio en el mundo rural y se atribuye a la Administración de la Comunidad la condición de beneficiario de las ayudas estatales destinadas al incremento del parque público de viviendas.

Respecto de la sostenibilidad ambiental, se establece un nuevo procedimiento integral para la autorización de instalaciones de energía renovable, como medida para reducir la dependencia de combustibles fósiles y países terceros en materia de energía. Se trata, como explicó, de estimular los proyectos de energías renovables, pero con una regulación que asegure que «no se ubiquen en zonas con las que resulten incompatibles por motivos ambientales, patrimoniales».

Se modifica la Ley de Montes para que los aprovechamientos de madera solo requieran una declaración responsable; en comercio se incluye un programa de modernización del comercio del fondo tecnológico; y en servicios sociales, la prestación económica para situaciones de urgencia social se dirige a las personas más vulnerables, que no pueden cubrir por sus propios medios gastos específicos.

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez, manifestó que «una vez más llegan tarde y mal» por «meses de inacción» en la Junta dado que los fondos tienen unos plazos y las comunidades tienen que agilizar su ejecución para no devolver las partidas y recordó que desde hace más de un año otras autonomías ya han aprobado la normativa para agilizar los fondos europeos.

Gómez incidió en que Castilla y León ha recibido 983 millones de fondos europeos para su gestión directa por la Junta sin que se hayan podido ejecutar en su mayoría porque el PP «ha puesto por delante sus intereses» con la convocatoria electoral de febrero y criticó que se utilice el decreto ley como «un coladero» de lo que había pendiente, por la falta de aprobación de los presupuestos.

Afeó que se amplíen las competencias de la Sociedad de Medio Ambiente (Somacyl) para ejecutar obras en infraestructuras sanitarias y criticó lo recogido en la ley de caza, que vio como una concesión a Vox, para anunciar la abstención que se cambiaría al «si» en caso de que se acepte la tramitación como proyecto de ley para poder presentar enmiendas.

«El único que ha cumplido con esta tierra se llama gobierno de España», sostuvo la socialista, que censuró la ofensiva del Partido Popular en Europa en contra de los fondos europeos y subrayó que de las cinco comunidades que han recibido más fondos, están tres gobernadas por el PP, Andalucía, Castilla y León y Madrid.

Poco después, en declaraciones en los pasillos de las Cortes, el portavoz socialista, Luis Tudanca, lamentó que PP y Vox no recogieran «la oportunidad» ofrecida por su grupo de tramitarse como proyecto de ley y subrayó que la abstención, que podía haber sido un «sí», es una prueba de una oposición constructiva.

El procurador de UPL Mariano Santos afirmó que la Junta en el escenario actual de crisis no ha reaccionado de manera urgente, manifestó que el objeto del decreto ley es «poco creíble», donde lamentó la falta de un esfuerzo adicional ante la subida de carburantes. «Votaremos lo menos malo para los ciudadanos de León y de Castilla», manifestó.

Por su parte, Ángel Ceña (Soria Ya) valoró que se quieran reducir trámites pero recordó que estaban para proteger derechos y abogó por analizar lo que se modifica y «no dar carta blanca» o suprimir controles en favor de la rapidez. También, expresó preocupación por los cambios en energías renovables y añadió que no puede ser a costa de los municipios o de su patrimonio al flexibilizar algunos requisitos.

«Nos traen un decreto ley de medidas urgentes para 2021 no para 2022», inició su intervención Francisco Igea (Cs), que recordó que la urgencia no fueron los presupuestos ni el Diálogo Social, sino la convocatoria de elecciones, y subrayó que la crisis «sin precedentes» por la guerra de Ucrania y el aumento de la inflación no se resuelve con la norma presentada, sobre la que se preguntó por las medidas de ahorro energético.

Igea manifestó que no se habla de lo urgente cuando se trata de tener un presidente que lidere una crisis, pero se dedica a «repartir homilías» o un consejero de Industria que «persigue comunistas», y un consejero de Economía «quemado al explicar la acción de Gobierno». «Esta Comunidad necesita medidas para proteger a la clase media, por eso son urgentes medidas que no figuran en el decreto», concluyó.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, defendió que se realice un ajuste en el sector público y «se ponga el foco» en los más necesitados, pero abogó por que la administración autonómica colabore con la local para que no pierdan fondos europeos por no poder hacer frente a los gastos de financiación y valoró la apuesta por las energías renovables.

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, manifestó que es fácil echar la culpa de la crisis a la pandemia o la guerra pero cargó contra el Gobierno «por hacer oídos sordos» cuando había señales de un debilitamiento de las variables económicas, entre ellas la inflación, y valoró las modificaciones normativas de este decreto para dar respuesta como en el caso de acceso a la vivienda o caminar hacia la soberanía energética, como indicó que recoge la Agenda España de Vox.

«Vienen tiempos muy difíciles y es necesario recordar gasto superfluo», sostuvo Menéndez, que destacó «las políticas de hechos frente a las políticas del ruido» en la comparación entre lo que hace la Junta, cogobernada por PP y Vox, y el Gobierno.

Por su parte, el 'popular' Ángel Ibáñez saludó esta norma y se detuvo en el apartado social con el aumento de un 15 por ciento en la renta de ciudadanía que va a beneficiar a 3.000 perceptores, cuando manifestó que «el Estado se hace rico» con la recaudación del IVA y se incrementa la luz o los carburantes.

Ibáñez realizó un repaso de medidas puestas en marcha por «el Gobierno legítimo salido de las urnas» frente a «Sánchez atenazado» y preocupado por su puesto, donde enumeró el inicio de la tramitación para cinco bajadas de impuestos, la valoración sobre la dependencia o el fondo de cohesión que sumará 80 millones en la legislatura. «Los servicios sociales van a ser el dique de contención ante las políticas de Sánchez», destacó, para rechazar la critica de inacción por parte de la oposición.