Convalidado el decreto de protección a los informantes de posibles hechos delictivos

Gobierno y oposición coincidieron en la necesidad de acoplar la normativa de la Comunidad a las nuevas normas europea y estatal, aunque la fijación de posiciones de los grupos sirvió para un cruce de criticas entre el PP y el PSOE. El segundo lamentó que no se haya recurrido al proyecto de ley y el primero afeó que la modificación del delito de malversación por el Gobierno no traslade un mensaje de «tolerancia cero» contra la corrupción.

Fue el nuevo consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien explicó en el pleno de las Cortes las novedades del nuevo decreto ley por el que se regula el Sistema Interno de Información de la Administración de la Comunidad que es una transposición de normativa europea y estatal. Se trata de la última norma expuesta por Jesús Julio Carnero antes de presentar su renuncia como consejero el pasado 11 de mayo.

En concreto, este decreto-ley, como detalló, se adapta a la directiva de la Unión Europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión y a la ley estatal de febrero de este año de reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción.

Así, recordó que Castilla y León contaba desde 2016 con la ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la administración pública y se establecen las garantías de los informantes, que encargó las funciones a la Inspección General de Servicios.

Esta ley de 2016 no cumple con los requisitos de la norma europea por lo que se amplía el abanico de posibles denunciantes, tanto del sector público como del privado cuando estos hayan conocido la existencia de presuntas infracciones en un contexto laboral o profesional que afecte a la Administración General de la Comunidad, detalló. También se amplía el ámbito objetivo de los hechos constitutivos de delitos e infracciones administrativas que pueden ser denunciados.

Tras señalar que esa ley queda así derogada, el decreto incluye la ampliación de 24 meses en la suspensión de nuevas autorizaciones para la apertura de locales de juego y casas de apuestas. De manera que se amplía dicha suspensión hasta el 1 de enero de 2025 o hasta la entrada en vigor de la nueva ley Reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León, en tramitación en las Cortes.

Francisco Igea (Ciudadanos), que agradeció «la inmensa labor» y «la brillante asesoría jurídica» durante la pandemia del nuevo consejero, afeó que se hable ahora de «urgente necesidad» trasponer una norma vigente desde 2019 y recordó que solo una persona se acogió a la ley del denunciante en todos estos años, por lo que apoyó el cambio de la ley pero estimó que es «insuficiente».

Sin embargo, pidió cambios en la Inspección General de Servicios para que se mantenga la neutralidad y su responsable no sea alguien que ejerció funciones ejecutivas y anunció el voto a favor, pese a considerar que el texto es «escaso», de manera que avanzó la presentación de su iniciativa que se quedó en el tintero por las elecciones de febrero de 2022.

Por parte de UPL-Soria Ya, Ángel Ceña trasladó en la tribuna «el miedo» a denunciar por «posibles represalias», que vio como inspector de transportes, calificó de necesaria la traslación de la normativa europea y estatal a la autonómica y valoró como se recoge la confidencialidad y el anonimato ante una denuncia de posible hechos delictivos en el ámbito de la administración.

También, expresó «dudas» con que se centralice en la Inspección General de Servicios cuando este puesto es de libre designación política y el mejor puesto en la Función Pública de la Comunidad, aunque confió en que este nuevo sistema mejore la actividad interna y no haya represalias con quien denuncia una posible irregularidad.

El representante de Vox Francisco Javier Carrera manifestó que existe una necesidad para este decreto ley por la entrada en vigor de la ley nacional, ya que señala tres meses para contar con un sistema interno de información y ampliar la suspensión de nuevas autorizaciones para la apertura de locales de juego y casas de apuestas hasta la aprobación de la nueva normativa. «Es un texto ambicioso y llamado a juzgar un papel frente a desmanes en las administraciones públicas», anotó.

Luis Briones (PSOE) lamentó que se llegue tarde en los plazos y que desde el 20 de febrero no se haya traído hasta ahora lo que es una «mera transposición», a la vez que estimó que hubiera sido mejor la tramitación mediante un proyecto de ley. Además, afeó que en la norma se incluya lo relativo a la ley del juego y estimó que «se genera una confusión normativa».

Respecto del contenido del decreto ley, se mostró a favor de dar cumplimiento a las normas europeas y estatales «más ambiciosa», pidió que se dote de los medios para garantizar el derecho de los informantes de una posible irregularidad y estimó que «se entra por la puerta de atrás» en lo relativo al juego.

El Grupo Popular, a través del procurador José Luis Sanz, recordó que en Castilla y León en 2016 se aprobó una «ley pionera» para proteger a los informantes de una posible ilegalidad en la administración, rechazó la critica socialista sobre la tramitación vía decreto ley y censuró que el Gobierno haya ampliado algunas funciones y creado «confusión» y «una justicia paralela».

«Se tenía que trasladar el mensaje de tolerancia cero contra la corrupción», aseveró Sanz, que señaló que la reforma del Código Penal y del delito de malversación «en nada incentivan a aquellos ciudadanos que quieran denunciar conductas delictivas».