Los constitucionalistas de la Comunidad apuestan por reformar la Carta Magna para clarificar competencias y la financiación

Además, y en aras a la regeneración democrática, también apuestan por despolitizar los procedimientos de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como afrontar la reforma del Senado. Otras de sus propuestas pasan por la modificación del sistema electoral y también existe bastante coincidencia a la hora de reclamar que los principal derechos sociales reconocidos en la Constitución adquirieran el carácter de fundamentales.

De los seis catedráticos de Derecho Constitucional que imparten clase en Castilla y León, la Agencia Ical se ha puesto en contacto con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVa), Juan María Bilbao; el consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey; el profesor responsable del Área de Derecho Constitucional del campus de la UVa en Segovia, Francisco Javier Matía y el catedrático de la Universidad de Salamanca (Usal) José Luis Cascajo. Paloma Biglino, catedrática de la UVa, declinó la invitación, mientras que no fue posible contactar con Ángela Figueruelo Burrieza, de la Usal.

Para Juan María Bilbao, hay que partir de la premisa de que la reforma de la Constitución no es un hecho anormal, «sino fisiológico, perfectamente normal» y que sólo perduran aquellas normas que son capaces de adaptarse a los cambios.

Bilbao asegura que ya «es hora de que los españoles superemos esa incapacidad congénita para reformar nuestras constituciones. Con prudencia, pero sin dramatismo. Nuestra Constitución es ciertamente muy rígida. Pero no es ese el problema. El problema es la falta de voluntad política para acordar una reforma, que nunca ha estado hasta ahora en la agenda política. No se alcanza a comprender ese temor a abrir el melón de una reforma que ponga al día una Constitución que acusa irremisiblemente el transcurso del tiempo».

El decano de la Faculta de Derecho de la UVa también apunta que la mayoría de los españoles -los menores de 58 años- no pudieron votar en el referéndum de 1978 y no han tenido la oportunidad de renovar aquel pacto fundacional. «En 1977 las posiciones iniciales eran aún más distantes y contra todo pronóstico se forjó un amplio consenso. En esta legislatura nuestros representantes tienen que explorar las posibilidades de un acuerdo. Sólo tras haberlo intentado de buena fe podrá constatarse la ausencia de un común denominador. Soy escéptico, porque no hay un diagnóstico compartido, pero hay que intentarlo. Sin levantar, eso sí, demasiadas expectativas, porque la reforma no es la panacea universal».

Mientra tanto, Francisco Javier Matia Portilla sostiene que la profunda evolución que ha experimentado la sociedad en los últimos cuarenta años hace razonable que la Constitución se adapte a «nuestra nueva realidad». En este sentido, apunta que hoy resulta cuestionable la preferencia masculina en la sucesión de la Corona, o que no se entienda muy bien por qué el matrimonio de las parejas heterosexuales se contemple como derecho fundamental, y no ocurre lo mismo con las parejas de gays y lesbianas.

Pero además, Matia considera conveniente revisar la arquitectura del Estado autonómico que la Constitución se limitó a perfilar, «derogar las normas sobre la iniciativa autonómica (que ya hoy son impracticables), incluir una referencia a las comunidades autónomas existentes y tratar de cerrar el modelo, realizando un desapasionado análisis de sus virtudes y defectos».

En términos similares se pronuncia Fernando Rey, que explica que en sus 39 años de historia la Carta Magna sólo ha sido reformada en dos ocasiones, lo que supone una anomalía en comparación con el resto de textos de países democráticos. Además, asegura que el «modo de ajuste ordinario entre la norma y la realidad es la interpretación de la Constitución que hace el Tribunal Constitucional, pero cuando esto ya no es posible porque el Tribunal no puede hacer decir a la Constitución lo que esta no dice, entonces hay que reformarla».

No obstante, Rey alerta de cualquier reforma pasa por una lealtad y una voluntad de consenso y de concordia por parte de las fuerzas políticas que, hoy por hoy no existe, «particularmente en las populistas y en las independentistas». Además, teme que muchos de los actores políticos relevantes ignoran lo que es, en realidad, una Constitución, «por lo que intentarían aprovechar la reforma para convertirla en una especie de carta a los reyes magos totalmente demagógica.

Sobre la posibilidad de modificar la organización territorial, Matia apunta que la reforma del Estado autonómico no debería abordarse para «aplacar las tensiones nacionalistas», y plantea un análisis de la eficiencia del modelo. Además, apunta que las cuestiones que se pueden debatir son muchas, «y poco originales», como si fue un acierto descentralizar las competencias de sanidad y educación, cuál debe ser el papel del Senado o si se debe simplificar el modelo apostando por un único reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, recogido en la Constitución, que tenga en cuenta los hechos diferenciales (lenguas propias, insularidad, etc.), en vez de mantener los diecisiete repartos competenciales actuales.

Por su parte, Rey sostiene que el Estado autonómico es la única forma territorial que puede tener España al permitir combinar elementos federales de igualdad entre comunidades y también confederales (hechos diferenciales), aunque necesita «cambios de calado». «Considero que nuestro país es demasiado pequeño como para tener 17 autonomías. A mi juicio, no debería tener más de 10. Por otro lado, hay que repensar, a partir de la experiencia de estos casi 40 años, qué competencias deberían volver al Estado y cuáles deberían recaer en las comunidades. Es preciso mejorar los mecanismos horizontales de cooperación y también reformar el Senado. Y, por último, hay que combinar mejor la organización autonómica y la local: lo que hay es un pequeño disparate.

En este sentido, Bilbao asegura que habría que revisar a fondo el Título VIII para suprimir los preceptos que regulan el acceso a la autonomía, incluir la denominación de las comunidades autónomas, clarificar el reparto de competencias, fijar los principios básicos del sistema de financiación y, por supuesto, reformar el Senado, para convertirlo en una verdadera Cámara territorial que represente a las Comunidades Autónomas.

No obstante, reconoce que en este terreno las fuerzas políticas mantienen posiciones muy distantes y asegura que mientras para los nacionalistas, el Estado de las Autonomías es una fórmula agotada, PP y C´s apuestan por el modelo vigente, con leves retoques, y los socialistas proponen una solución federal. «Una de las claves reside en el dilema entre un diseño simétrico o asimétrico de la organización territorial del poder. Mientras que unos se inclinan claramente por la simetría, otros parecen más dispuestos a reconocer las singularidades de determinados territorios para facilitar su encaje constitucional», explicó.

Para el catedrático de la Universidad de Salamanca José Luis Cascajo el documento 'Ideas para una reforma de la Constitución' sería un punto de partida para la actualización del Estado Autonómico en el que se plantean competencias claras, financiación autonómica, reforma del Senado y tratamiento de Cataluña.

Sobre los posibles cambios en la arquitectura institucional del país, el decano de la Facultad de Derecho de la UVa sostiene que «la calidad de nuestra democracia no depende tanto del diseño o marco institucional como de la cultura política, del comportamiento de los actores políticos y la selección de las élites dirigentes». De todas formas, considera inaplazables la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono o la recepción en la Constitución de nuestra integración en la Unión Europea.

Además, argumenta que para salir de la «profunda crisis política e institucional que mina la confianza de la ciudadanía» y avanzar en la regeneración democrática, uno de los problemas de más calado es la politización partidista de los órganos de control y, en especial, el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. En relación a este asunto Matia también apunta como urgente despolitizar los procedimientos de designación de determinados órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscal Fiscal General del Estado.

Bilbao también propone estudiar la posibilidad de suprimir el fuero especial de los parlamentarios y la reforma del sistema electoral, mientras que Matia incorpora que se sumen al debate la reforma del Senado y el papel de las diputaciones.

Más explícito se muestra Rey, que plantea una reforma general de todas las instituciones, desde la monarquía a las Cortes hasta el Consejo General del Poder Judicial, aunque como primordial sitúa la del sistema electoral del Congreso de los Diputados «para evitar de una vez que los partidos estatales dependan de pequeños partidos nacionalistas periféricos. Esto debería hacerse para evitar privilegios en favor de las comunidades más ricas, como el cupo del País Vasco, o que se comportan de modo desleal, como ha ocurrido en Cataluña. Las comunidades deberían poder expresarse y participar en la toma de decisiones estatales en el Senado, pero no de modo tan decisivo en el Congreso, que al representar a España en su conjunto, debería estar liderado por fuerzas nacionales y no por fuerzas antinacionales».

Sobre la posibilidad de reformar o introducir nuevos derechos y libertad, Bilbao es partidario de incorporar los nuevos derechos emergentes, que responden a la necesidad de proteger la dignidad humana frente a nuevas amenazas y riesgos, y adaptar los ya reconocidos a las nuevas realidades. En el capítulo de derechos civiles, propone incluir la referencia a otras causas de discriminación no mencionadas en el artículo 14 (orientación e identidad sexual, edad, discapacidad…).

A su vez, considera necesaria la modificación de la redacción del artículo 15 para abolir la pena de muerte en cualquier circunstancia y plantea que podría reconocerse el derecho de toda persona a una muerte digna. En cuanto a los derechos sociales, Bilbao argumenta que son muchas las fuerzas políticas que consideran que ha llegado el momento de reconocer como «genuinos» derechos fundamentales como el derecho a la protección de la salud y a la protección social que «hoy se ubican entre los principios rectores del capítulo III y no son, por tanto, derechos subjetivos directamente accionables ante los tribunales. Se impediría con ese blindaje el desmantelamiento del Estado social a golpe de leyes sectoriales», aseveró.

En este sentido, Cascajo vea conveniente que el núcleo principal de los derechos sociales reconocidos en la Constitución adquirieran el carácter de fundamentales y por tanto resultaran «indisponibles para el legislador, es decir, estuvieran dotados del mayor valor normativo posible».

Para Fernando Rey es prioritario adaptarse a todos los cambios que ha introducido la revolución digital en estos últimos años y que eran impensables en 1978, a los avances de Derecho Antidiscriminatorio y hay que mejorar también la figura de los defensores de los derechos, permitiendo que conozcan de las agresiones a derechos por parte de particulares y no sólo de las administraciones públicas.

No obstante, y aunque reconoce que aunque son necesarios muchos e importantes cambios, «el viejo edificio constitucional sigue gozando de una mala salud de hierro y sigue siendo el único punto fijo y seguro frente a tanto disparate que estamos padeciendo últimamente».

En este aspecto, Matia discrepa y asegura ve aconsejable incluir nuevos derechos sociales porque la vigencia real de los mismos depende, evidentemente, de los medios materiales de los que disponga el Estado. «Resulta estúpido creer que una mera disposición normativa servirá para que nuestra Administración provea más mecanismos de protección o nuevas prestaciones si no dispone de los recursos necesarios para ello. Dado que ningún partido político cuestiona el papel redistribuidor del Estado, y su apoyo a los sectores sociales más débiles, no me parece preciso introducir nuevas disposiciones en este sentido».