El Constitucional admite a trámite el recurso de amparo del PSCyL contra el bloqueo de la comisión de las eólicas

El portavoz socialista de Hacienda en las Cortes, José Francisco Martín, aseguró que esta decisión del Constitucional es fruto de la «nefasta» gestión del Grupo Parlamentario del PP y de la propia presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, a la que llegó a acusar de burlarse de sus peticiones de amparo para que convocase la comisión.

Martín, que compareció junto a Pedro González, sustituto de Javier Izquierdo en la comisión de investigación, aseguró que si «el Partido Popular se había encargado de poner a Castilla y León en el epicentro de la corrupción de España, ahora, por su pésima gestión, también ha logrado que el Tribunal Constitucional se interese por la trama eólica, la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda, la compra de los terrenos de Portillo y las embajadas».

El portavoz socialista explicó el origen del problema aparece ya en la primera reunión de la comisión de investigación, en marzo de 2016, en la que se debía fijar el calendario de las comparecencias ya aprobadas, cuando el PP se niega a dar ese paso, no permitiendo que la comisión comience con su actividad. En este sentido, acusó a los procuradores populares Juan José Sanz Vitorio y Julián Ramos de mantener de ese momento un bloqueo permanente a la comisión.

Ante esta situación, según Martín, su grupo decidió pedir el amparo a la presidenta de las Cortes, para que fuera ella misma la que convocara la comisión y poder establecer el calendario de comparecencias. Después, y ante la negativa de Silvia Clemente, registraron hasta cinco solicitudes formales para la convocatoria de la comisión, todas sin éxito, y en noviembre de 2017 volvieron a solicitar el amparo a la presidenta de las Cortes, aunque la respuesta fue la misma.

Después, el 18 de enero, Silvia Clemente, como presidenta de la Comisión Permanente al estar las Cortes en un periodo inhábil, convoca la comisión «con el único objetivo de burlarse del Grupo Socialista, al incluir en el orden del día solicitudes de comparecencia formuladas por los miembros de la comisión y determinación, en su caso, del calendario de comparecencias. Caso que al final no se produce y todo sigue igual», aseveró Martín, que reconoció que después de esta enésima negativa se adoptó la decisión de recurrir al amparo del Constitucional, lo que provocó una avalancha de críticas.

El Constitucional, según el escrito en el que comunica que admite a trámite el amparo, considera que este asunto concurre «una especial transcendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal».

Martín argumentó que el Grupo Socialista fundamentó su recurso en la vulneración del artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a la participación, y el 23.1, que establece que la voluntad del representante es la voluntad del representado, a la vez que destacó que esta decisión del Constitucional abre la puerta a la hora de garantizar el normal funcionamiento de todas las comisiones de investigación en los parlamentos de España.

El socialista también indicó que ante decisión del Constitucional espera que el PP rectifique y convoque la comisión por iniciativa propia, antes de que sea obligado cuando se resuelva el recurso. Además, advirtió a los dirigentes populares de su responsabilidades, y aseguró que como en el caso de PGOU de Valladolid o en el caso del ático de León de la Riva, «llegaremos hasta el final».

Por último, el procurador socialista dijo que su grupo continúa trabajando e investigando sobre la trama eólica, pero también sobre las posibles irregularidades en la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda, y acumulando numerosa información que irá sacando a la luz a medida que avance la comisión de investigación.