El Consejo de Cuentas desvela que el sector público autonómico alcanzó un endeudamiento en 2017 de 11.870 millones, un 4,9% más

Así lo establece en el Informe sobre la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al año 2017, y en el que marca también una serie de recomendaciones. Una vez aprobado en el pleno de la institución, el Consejo entregó el documento a las Cortes de Castilla y León. Se trata de uno de los trabajos previstos normativamente en la ley reguladora del Consejo y corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2018.

Entre las conclusiones, señala que la suma de los presupuestos definitivos del conjunto de entidades integradas en la cuenta general fue de 15.494 millones de euros, habiendo experimentado un aumento de 1.311 millones respecto del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 9,3 por ciento. Las obligaciones reconocidas por el conjunto de entidades fueron de 10.675 millones, un 8,8 por ciento superiores a las de 2016, y los derechos reconocidos consolidados, 10.547 millones, un 8,4 por ciento más.

Las alegaciones formuladas por el interventor general de la Comunidad, así como las de consejerías y otras entidades del sector público autonómico fueron objeto de un análisis pormenorizado. Las admitidas dieron lugar a la modificación del informe, quedando mencionada dicha circunstancia. En opinión del Consejo, la Cuenta se presenta, «con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable la actividad económico-financiera de la Comunidad, excepto en aquellos incumplimientos y salvedades que pone de manifiesto el informe de fiscalización».

En este sentido, el informe concluye que la Cuenta General se ha rendido dentro del plazo contemplado en la normativa y recogiendo la información establecida. No obstante, existen carencias en la información suministrada en la Memoria y la Cuenta General de la Comunidad «sigue sin incluir todas las entidades que deberían estar integradas en la misma».

Al igual que en ejercicios anteriores, los criterios utilizados para la formación de la Cuenta General «no son compatibles con los del Estado», ya que esta última, conforme a la nueva regulación, establece una «cuenta única consolidada» de todas las entidades que integran el sector público estatal, «ampliando el ámbito subjetivo» también a las controladas por la Administración General del Estado. En la Comunidad se mantiene, señala la institución, la división en tres cuentas generales: la de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, la del sector público empresarial y la del público fundacional.

En las primeras de ellas, la consolidación efectuada en la liquidación del presupuesto «no elimina todas las operaciones internas entre las distintas entidades que integran esta cuenta general», por lo que el Consejo consideró que el estado de liquidación «no representa fielmente la ejecución del presupuesto y el resultado presupuestario». A su juicio, la agregación realizada en el balance y en la cuenta del resultado «económico-patrimonial produce duplicidades» y, por tanto, «sobrevaloraciones en las magnitudes contables que reflejan las operaciones internas realizadas entre las diversas entidades, concretamente en transferencias corrientes y de capital, y en la cesión y adscripción de bienes».

El Consejo entendió también que el estado de liquidación del presupuesto rendido «no es coherente con la información financiera del balance y de la cuenta del resultado económico-patrimonial debido a que aquel se presenta consolidado y en estos la información figura agregada».

En cuanto a empresas y fundaciones públicas, la cuenta general de ambas comprende los estados previstos normativamente, «habiéndose realizado la agregación, con carácter general, de forma correcta». El número de empresas integradas en la cuenta general pasa de tres a una. Desaparecen Castilla y León Sociedad Patrimonial y Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León, quedando únicamente Somacyl.

El número de entidades integradas en la cuenta general de las fundaciones públicas se mantiene en una decena. La fundación con mayor peso específico en la cuenta general de las fundaciones públicas, en relación a los gastos del ejercicio, es Siglo (41 por ciento), seguida de la Fundación Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (25) y Patrimonio Natural (11 por ciento).

Por otro lado, en cuanto a los informes de auditoría de cuentas anuales, la Memoria de la Cuenta General de la Comunidad solo incluye la opinión manifestada en informe de auditoría del Consorcio para la Gestión del Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca, dado que los correspondientes al resto de las entidades sujetas a contabilidad pública no se han emitido en plazo. También recoge el informe de auditoría de la única empresa pública y los de las nueve fundaciones.

Gerencia Regional de Salud

En la Gerencia Regional de Salud existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2017 por importe de 132 millones de euros, seis de ellos de ejercicios anteriores. Al mismo tiempo, existen obligaciones de años precedentes «indebidamente imputadas a 2017, por un importe de 422 millones». La deuda referida a obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto de la Gerencia en 2017 «se ha reducido de manera importante respecto al ejercicio anterior, un 71 por ciento».

Igualmente, sobre el funcionamiento de la cuenta 409, que refleja la existencia de obligaciones pendientes de imputar a presupuesto al cierre del ejercicio, en el caso de la Gerencia de Salud la contabilización «ha mejorado con respecto a ejercicios anteriores, si bien sigue sin realizarse ningún registro de las que se corresponden con los intereses de demora». Sin embargo, el Consejo de Cuentas determinó que la Comunidad «sigue utilizando el criterio de devengo para el reconocimiento de derechos de transferencias finalistas, en vez del criterio de caja que es el establecido en los principios contables públicos».

También desveló que el registro de inventario no está implantado en la totalidad de los entes y el general no recoge todos los bienes y derechos que integran el patrimonio; y que permanece pendiente la depuración del saldo de la cuenta que refleja las revalorizaciones relativas a los bienes inmuebles de la Comunidad. Por ello, abogó por «agilizar» los trabajos para elaboración del inventario general, «de forma que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio».

Otro de los puntos a los que instó a la Junta es a realizar un «seguimiento de los derechos pendientes de cobro para que se lleven a cabo las gestiones necesarias para evitar su prescripción». Además, aconsejó «prestar especial atención a los controles para verificar el mantenimiento de la solvencia de las entidades avaladas y, en su caso, exigir la presentación de garantías complementarias para asegurar el cumplimiento de su obligación de reembolso». De hecho, al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) le pide «extremar los controles sobre avales vencidos cuyos avalados se encuentren en concurso de acreedores».

Como consecuencia de la fiscalización, el Consejo propuso en el resultado presupuestario consolidado un ajuste de 145 millones de euros, que reduce la cifra total a un importe negativo de 595 millones. En el balance agregado, tanto en el activo como en el pasivo, planteó un ajuste negativo de 206 millones, que situaría el importe total en 15.362. Respecto a la cuenta del resultado económico-patrimonial agregada, recomendó ajustes que suponen una disminución de 35 millones, que sitúa el desahorro en 581.

Así, el presupuesto inicial consolidado fue de 10.290 millones, habiéndose autorizado modificaciones que suman 641 millones y situaron el definitivo en 10.931. El grueso de las modificaciones más importantes desde un punto de vista cuantitativo se corresponde con el incremento de los créditos de la Gerencia Regional de Salud.

Igualmente, en 2017 la Administración concedió un aval y canceló seis. La cuantía del riesgo vivo de los 23 avales existentes a fin de ejercicio suma un total de 481 millones, con una reducción anual del 6,7 por ciento.

Además, la Intervención General elaboró un informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, donde concluyó que la Comunidad ha cumplido los plazos establecidos, obteniendo ratios inferiores a 30 días en todos los meses. La empresa Somacyl y dos fundaciones han superado el periodo medio de pago máximo a proveedores establecido.

Por último, el Consejo de Cuentas aconseja a la Intervención General utilizar un nuevo método o revisar el actual para que todos los estados de las cuentas generales presentadas «no omitan partidas y sumen correctamente las mismas, una a una, de las distintas entidades que conforman dichas cuentas generales». Todo ello, prosiguió, a la vista de los «sucesivos errores que se han cometido en los últimos ejercicios en cuanto a la agregación de los distintos estados que forman las diferentes cuentas anuales y que se han puesto de manifiesto en los informes de Fiscalización».