El Consejo de Cuentas, al borde del parón por el bloqueo político en las Cortes

Ha terminado 2017 y la situación se ha agravado. Jesús Encabo, presidente del órgano fiscalizado, ha solicitado a los responsables de los grupos políticos a los que informó de la situación a la que está abocado el organismo si el plan anual de fiscalizaciones de 2018 corre la misma suerte que la propuesta de 2017.

Se están quedando sin carga de trabajo. Una paradoja en unos años en los que ha aumentado la desconfianza ciudadana en la gestión política (así lo reflejan las encuestas de CIS) y no hay político que no ponga en valor el control de la gestión pública y la transparencia cada vez que encara un micrófono.

La plantilla del Consejo, personal técnico de alta cualificación, ultima en estos momentos tres informes del plan de 2016 sobre gestión de universidades, la Renta Garantizada de Ciudadanía y los acuerdos municipales contrarios a los reparos que hicieron los interventores. Una vez concluidos, los equipos de auditoría que los han realizado podrían estar condenados a pasar su jornada laboral mano sobre mano.

Fuentes del Consejo de Cuentas sitúan ese escenario en abril, si los grupos políticos de las Cortes mantienen su posición y no prosperan las conversaciones para deshacer el empate de nueve votos a favor y nueve en contra en la Comisión de Hacienda. Los técnicos solamente podrían efectuar las fiscalizaciones que son obligatorias por ley: de la cuenta general de la comunidad, de la contratación administrativa y de las cuentas del sector público local, principalmente.

Encabo, acompañado de los dos consejeros del órgano de control (Miguel Ángel Jiménez (propuesto por el PP como el presidente) y Emilio Melero (propuesto por el PSOE), ha vuelto a plantear a los portavoces parlamentarios la idoneidad de reformar la forma en la que se aprueba el plan de trabajo anual. Solo en Castilla y León depende de las Cortes.

En otras regiones, el parlamento puede plantear que se incluyan auditorías puntuales, pero no vetar su aprobación. Los responsables del Consejo han insistido en que es necesario dejar al organismo de control fuera de tensiones políticas como las que lo han sumido en la situación que atraviesa en la actualidad.

A todo lo anterior se añade que el mandato de Encabo, Jíménez y Melero termina en marzo y que los máximos responsables del Consejo de Cuentas entrarán en situación de interinidad hasta que los grupos parlamentarios designen a sus sucesores, nombramientos que PP y PSOE consensuaban en la etapa bipartidista. Los tres consejeros insistieron ayer en que les gustaría dejar su responsabilidad habiendo solucionado la ‘crisis’ de la institución, con el plan anual de 2018 en vigor y la reforma sobre un sistema de aprobación que otorgue autonomía de decisión al Consejo encarrilada.