El Consejo Consultivo de Castilla y León nombra consejero emérito a Mario Amilivia

La sesión plenaria celebrada en la sede del Consejo Consultivo, en la capital zamorana, aprobó la Memoria de Actividad de 2018 y fue presidida por el máximo representante de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez.

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez, destacó la «importancia» de la Institución como «garantía» de los derechos e intereses de los ciudadanos y las entidades locales. «En 2018, la función consultiva en Castilla y León cumplió quince años como garantía del interés general, del derecho a la buena administración, de la legalidad objetiva y de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos», insistió. «El Consejo Consultivo ha ido evolucionando y es hoy una institución fuerte y consolidada que ha asumido nuevas competencias y ha sabido adaptarse a las necesidades de la Comunidad autónoma», añadió.

Igualmente, Sánchez de Vega recalcó que la adscripción, en 2012, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ha contribuido a la «actual fortaleza» de la Institución. «El Consejo y el TARCCyL han demostrado su utilidad y necesidad», agregó, en referencia al hecho de que, desde la creación del primero, en 2003, se han emitido más de 14.700 dictámenes, mientras que el TARCCyL ha resuelto 658 recursos, que suman más de 4.500 millones de euros en litigio.

Por último, hizo hincapié en que el Consejo Consultivo de Castilla y León se caracteriza por la «independencia, objetividad jurídica, neutralidad política, transparencia y eficiencia», además de incidir en la «agilidad» a la hora de emitir los dictámenes, ya que más del 90 por ciento se realizaron en un promedio de trece días hábiles, «un plazo muy inferior» a los 20 días establecidos legalmente. «El grado de aceptación de los dictámenes es prácticamente unánime, prueba inequívoca de la auctoritas que preside su ejercicio y del fundamento que emana de sus dictámenes y resoluciones», concluyó.

Durante el Pleno celebrado hoy, fueron nombrados consejeros eméritos Mario Amilivia y José Ignacio Sobrini, expresidente y exsecretario de la Institución.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, explicó que su presencia en el Pleno de aprobación de la Memoria pretendió «ratificar y poner en valor» la «importancia» del Consejo Consultivo. «Ese principio de legalidad sustenta unos mayores niveles de calidad democrática en Casilla y León porque las administraciones locales y la autonómica se ven vinculadas a todos los dictámenes que elabora», valoró. «Por eso, y dentro de la interlocución con los ciudadanos de Castilla y León, esta labor que desarrolla el Consejo y el Tribunal son fundamentales para Castilla y León y para los castellanos y leoneses. Queremos darle la máxima importancia», rubricó.

Además, Ibáñez Hernando definió las instituciones propias como «herramientas del autogobierno» de la Comunidad autónoma y apostilló: «Zamora tiene que sentirse orgullosa de disponer de una de las instituciones más importantes para el funcionamiento de la democracia en Castilla y León».

La provincia que registró más solicitudes de dictamen al Consejo Consultivo de Castilla y León fue Valladolid, con 122, un 22 por ciento, seguida por Burgos, con un 15,3 por ciento; León, el 13,3 por ciento, y Salamanca, con el 12,8. Las provincias de Palencia, Zamora, Segovia, Ávila y Soria registraron 52, 40, 28, 26 y 4 solicitudes de dictamen, respectivamente.

Más del 75 por ciento de los dictámenes derivaron de consultas sobre responsabilidad patrimonial por daños o perjuicios provocados por el funcionamiento de los servicios de las administraciones, seguido por los referentes al ámbito sanitario y a daños causados por el mobiliario urbano.

La actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León aumentó un 8,3 por ciento en 2018 por la ampliación del objeto del recurso especial en materia de contratación y la reducción del importe de los umbrales establecidos para interponer el recurso en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.