Los conflictos colectivos en los juzgados crecen casi 30 puntos en el año covid por la normativa laboral excepcional para frenar la pandemia

Las cifras que proporciona el Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogidas por Ical, indican que estos tribunales recibieron a lo largo de 2020 un total de 113 conflictos colectivos, lo que supone un 29,9 por ciento más sobre los 87 de 2019. Este aumento contrasta con el desplome global de los asuntos que ingresaron (despidos, reclamaciones de cantidad derivadas del contrato de trabajo, Seguridad Social y conflictos colectivos), que cayeron un 26,1 por ciento, con 12.444, y en datos absolutos, 4.399 menos que en 2019.

El secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de la UCA de UGT CyL, Raúl Santa Eufemia, remarcó que el aumento de conflictividad colectiva se produjo con la normativa laboral excepcional que aprobó el Gobierno y que llevó al cierre de los sectores no esenciales, la aplicación de los protocolos sanitarios, el teletrabajo y los expedientes de regulación temporal de empleo.

Santa Eufemia precisó que los conflictos llegaron con las exigencias empresariales de imponer vacaciones, que «no se podían gastar a costa de esos cierres»; las incorporaciones a los centros de trabajo o los permisos retribuidos, que había que devolver. Los sindicatos, dijo, exigieron regular todos estos aspectos desde la negociación colectiva y se negaron a que las empresas impusieran sus exigencias con flexibilidad, tocando pluses, modificando turnos y saltándose los convenios, «haciendo de su capa un sayo».

Asimismo, constató también conflictos derivados de la aplicación del teletrabajo y de los protocolos frente al COVID-19, y recordó que lo primordial era la sanidad y la salud y ya existían comisiones de salud y riesgos laborales para canalizar las actuaciones. «El conflicto llegó porque las empresas quisieron actuar de forma imperativa sobre los trabajadores sin negociar», concluyó.

Por otra parte, las cifras gubernamentales revelan un descenso de los despidos judicializados como consecuencia de la falta de actividad durante el estado de alarma de estos juzgados, la normativa de protección del empleo del trabajador en esta situación excepcional y la sujeción del mercado laboral a través de los expedientes de regulación temporal.

En concreto, los juzgados de lo Social de la Comunidad, registraron el año pasado, 3.883 asuntos de despidos individuales, que supusieron una merma del 3,9 por ciento, respecto a 2019. Los asuntos sobre despidos con sentencia favorable ascendieron a 1.011, con una merma del 13,1 por ciento. Los trabajadores afectados fueron 1.031, un 12,8 por ciento por debajo del dato del año anterior; y lograron unas indemnizaciones de 12,81 millones de euros, con un aumento del 2,3 por ciento. La media que abonó por despido favorable a cada trabajadores la empresa fue de 12.430 euros, un 17,3 por ciento por encima del dato del año anterior.

Los asuntos de despidos individuales resueltos por conciliación ascendieron el año pasado a 1.772, cifra que supone una bajada del 3,4 por ciento; con un total de 1.806 empleados afectados, un 2,1 por ciento menos que en 2019. Las indemnizaciones pactadas por en estos juzgados en estos procesos sumaron 15,91 millones de euros, un 37,8 por ciento por debajo del dato de 2019; y la cuantía media por trabajador ascendió a 8.813,1 euros, con un desplome del 36,4 por ciento.

Por otra parte, dentro de los asuntos individuales que abordaron estos juzgados de lo Social de Castilla y León, se contabilizaron 5.360 reclamaciones derivadas de los contratos de trabajo, que se contrajeron un 34,3 por ciento, respecto a las 8.157 del año anterior.

Las reclamaciones que concluyeron con sentencia favorable al trabajador fueron 1.441, un 50,5, por ciento menos que en 2019, con unas cuantías globales de 4,7 millones, que supone un desplome del 61,4 por ciento, con una media por empleado de 3.262,5 euros, un 21,9 por ciento por debajo del dato el año precedente.

Los asuntos de este tipo que se revolvieron por conciliación ascendieron a 1.021, un 35,1 por ciento menos que en 2019; con cantidades acordadas total de algo más de cuatro millones e indemnizaciones medias de 3.996,2 euros por empleado, con descensos del 41,4 y 9,8 por ciento, respectivamente.

Por último, el informe publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social pone de relieve que los juzgados de los Social de Castilla y León, ingresaron en 2020, un total de 3.138 asuntos relacionados con conflictos con la Seguridad Social, lo que representa una reducción del 31,9 por ciento, en comparación al año anterior.