La comunidad eleva su presupuesto a 13.809 millones, «el más alto de la historia», y crece un 12,35%

Bajo el epígrafe «menos impuestos, más familia y más servicios públicos» Mañueco ha defendido estas cuentas a las que se ha referido como las «necesarias» para «construir» el futuro de la Comunidad. «Son los presupuestos que necesita esta tierra para dar oportunidades a las personas de esta tierra», ha señalado, al tiempo que ha insistido en que son los «más altos, los más inversores y con menos impuestos».

En la presentación de las cuentas el presidente ha insistido en que el presupuesto permitirá avanzar en la transformación de la economía para crear empleo estable y apoyar la transición energética y digital, lo que, como ha indicado, repercutirá en el bienestar social.

Según los datos aportados las consejerías dispondrán de 11.263 millones de euros, de los que ocho de cada diez euros se destinarán a gasto social en las áreas de Sanidad, Educación, familia y vivienda. Además, se han incluido medidas para fomentar la natalidad, promover la retención de talento y «cuidar» a los mayores.

«Los presupuestos de 2023 son eminentemente sociales y están enfocados en la continuidad de unos servicios públicos esenciales de calidad y adaptados al territorio», ha señalado Fernández Mañueco, quien ha defendido además, al igual que García-Gallardo, la apuesta «firme» por el compromiso con el mundo rural, la familia y la juventud.

A esto se suma además un capítulo específico dedicado al «invierno demográfico», con iniciativas de dinamización demográfica y de oportunidades de futuro para los jóvenes.

Ambos dirigentes han destacado la coordinación del Ejecutivo de coalición para sacar adelante este proyecto de presupuestos que, como han insistido, no es ni de PP ni de Vox, sino que procede de un «Gobierno unido».

En concreto, el 81 por ciento del presupuesto está orientado a mejorar las políticas sociales con «apoyos específicos» para fomentar la natalidad, promover la retención de talento y «cuidar» de las personas mayores de Castilla y León, lo que supone que ocho de cada diez euros se dedican a gasto social.

Además, las cuentas de 2023 incorporan «la mayor reducción» de impuestos a empresas y familias de Castilla y León, pues los beneficios fiscales para las familias, la juventud y los negocios aumentan cerca de un 60 por ciento respecto a 2021, que se traduce en un ahorro fiscal de 600,4 millones de euros.

«El objetivo es reducir el impacto de la subida de precios y a impulsar la economía, en particular en el entorno rural», han manifestado.

Asimismo, la Junta de Castilla y León impulsará políticas de apoyo y beneficios fiscales para las familias que alcanzan los 2.450 millones de euros. En concreto, a través de programas de respaldo se destinarán 1.867 millones, a los que se sumarán beneficios fiscales que llegarán 583 millones de euros.

El documento, que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno -junto al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 2023- y que se remitirá mañana a las Cortes para su tramitación parlamentaria, mantiene una «gestión responsable» del endeudamiento, lo que permite liberar recursos para cubrir las necesidades de la ciudadanía.

El escenario macroeconómico, en el que han sido elaborados estos presupuestos, muestra una moderación en el crecimiento, que pasa por conseguir que el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León se incremente un 1,6 por ciento. Este escenario macroeconómico de la comunidad ha sido considerado factible por la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y como tal lo avala.

Además, las previsiones de la Junta indican que el empleo crecerá el 2,3 por ciento y la tasa de paro se situará en el 10,1 por ciento, dos puntos por debajo de la media española (12,2 por ciento). El volumen de deuda pública en la comunidad descenderá respecto al estimado para 2021, situándose en el 20,9 por ciento del PIB regional, cuatro puntos inferior a la media de las comunidades autónomas.

Asimismo, el escenario financiero del presupuesto para 2023 respeta la tasa de referencia del déficit establecido por el Gobierno de España para las comunidades autónomas y que se ha situado en el -0,3 por ciento del PIB regional-.

El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023 revela que de los 12.267 millones de euros de ingresos no financieros -un 18,69 por ciento más que en el ejercicio 2021- 8.136 millones de euros corresponden al modelo de financiación autonómica, cuantía que aumenta un 20,38 por ciento.

Por su parte, los Fondos Next Generation de la Unión Europea se incrementan un 62,35 por ciento, hasta alcanzar los 1.985 millones (incluida la PAC). Asimismo, las transferencias del Estado «bajan» de 1.368 a 947 millones -un 30,74 por ciento- debido, como han explicado, a la desaparición del Fondo Covid.

Por otra parte, la recaudación por tributos propios aumenta un 17,82 por ciento (828 millones), a pesar de la importante bajada de impuestos impulsada por la Junta para el próximo ejercicio, que repercutirá en los ciudadanos de Castilla y León.

En cuanto a la emisión de deuda, esta se reduce un 22,24 por ciento en 2023, cumpliendo así el déficit de referencia regional fijado por el Estado para 2023, que baja del -0,8 por ciento actual al -0,3 por ciento--.

Los gastos, de los 13.809 millones de euros del proyecto presupuestario: 12.470 corresponden a gasto no financiero y 1.339 millones de euros a operaciones financieras, es decir, la magnitud de referencia a la que deben ajustarse los programas de la Junta.

En esta cuantía están incluidos los fondos de la PAC (924,4 millones de euros), los destinados a abonar los intereses de la deuda (1.469,3 millones) y los reservados para financiar a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (36,22 millones de euros).

Así, la cantidad que van a gestionar las consejerías en 2023 para ejecutar sus políticas asciende a 11.263 millones que es un 11,5 por ciento superior a la del último presupuesto aprobado.

El análisis sobre el estado de gastos en el presupuesto elaborado para el ejercicio 2023 destaca por un incremento de las operaciones de capital del consolidado sector público que ascienden a 2.534 millones de euros, lo que supone aumentar un 55 por ciento las políticas para generar empleo.

De igual modo, Sanidad, Educación y Familia acaparan el 92,74 por ciento de las transferencias corrientes, capítulo que alcanza los 3.312 millones de euros, el 24 por ciento de los gastos totales.

De esta manera, 2.215 millones se destinan para hacer frente a facturas derivadas del mantenimiento de las universidades públicas, centros de enseñanza concertados, farmacia y dependencia, entre otros. Este capítulo, que aumenta un 6,54 por ciento respecto a 2021, incluye 924 millones para la PAC.

Se incrementan las inversiones reales un 50 por ciento, alcanzando los 1.015 millones de euros, lo que supone 342 millones más que en 2021. De ellas, el 63,16 por ciento se destina a los sectores económicos (642 millones) -lo que supone un aumento del 52,69 por ciento- y el 36,84 por ciento corresponde a las consejerías del área social, con un 48 por ciento de incremento (374 millones).

Las transferencias de capital también experimentan un incremento, concretamente de un 35,27 por ciento, hasta los 1.427 millones, destacando que el 92,18 por ciento se destinarán a impulsar la economía de la Comunidad. Concretamente, 1.150 millones de euros.