El Común pide al Gobierno que permita a las administraciones llevar internet donde las operadoras no llegan

El procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, demandó al Gobierno central que modifique la legislación para garantizar la velocidad de internet por el servicio universal a 30 Mbps, incluso mediante el incremento de la participación pública en la financiación del servicio universal, así como a eliminar las barreras que permitan a las administraciones llevar internet donde las operadores no lleguen.

Tomás Quintana, que presentó el informe de 2020 ante el pleno de las Cortes, recordó la actuación hecha en la que instaban a la Junta plantear a la Administración central la conveniencia de modificar la normativa con el fin de reducir la brecha digital en algunos lugares de la Comunidad.

Además, recordó que planteó la colaboración de las diputaciones provincias y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para mejorar la cobertura de internet. Además, a estas instituciones les pidió que habiliten puntos de acceso wifi en emplazamientos de titularidad pública municipal.

Quintana recordó a los procuradores y al Gobierno autonómico que al inicio del pasado ejercicio culminó una actuación de oficio motivada por la preocupación que mantiene la Procuraduría por la brecha digital que afecta a una parte importante del medio rural de la Comunidad. Esto, añadió, supone una «grave quiebra» del principio de igualdad, dificulta o impide interactuar con normalidad, el emprendimiento y desarrollo económico, e, incluso, el acceso a las servicios públicos y sus relaciones con las administraciones públicas.

También en materia de urbanismo recordó que se promovió una actuación de oficio a la vista de que ni la Ley de Urbanismo de Castilla y León ni su Reglamento de desarrollo prevén un plazo para resolver los procedimientos de restauración de la legalidad.

Esta «carencia», dijo, «genera inseguridad» en la tramitación de las decenas de expedientes que se cursan cada año en esta materia, por lo que demandó a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que valorase la oportunidad de establecer, mediante las reformas correspondientes de la normativa urbanística, un plazo de caducidad para resolver los procedimientos de restauración de la legalidad, recomendación que fue aceptada.