Comparecencia completa del consejero de Educación en el Senado ante la Ponencia de estudio sobre el pacto educativo

Hace unos meses, los consejeros de Educación pudimos exponer los principios que considerábamos básicos de esta reforma. Yo invoqué la necesidad de abordarla desde un enfoque que mirara alto, a los problemas de la Educación para los próximos 30 años, y un enfoque equilibrado, que tuviera en cuenta todo lo que pudiera encontrarse de razonable en las posiciones en conflicto. Les aseguro que, a pesar de seguir en este punto el consejo ignaciano, que él enuncia, por cierto, porque fue inicialmente víctima de la intolerancia ideológica de los dominicos -llegó a estar detenido por ello en Salamanca-, me he formado en escuelas públicas y no de jesuitas.

Han pasado varios meses desde entonces, ha avanzado el grupo de trabajo del Congreso y este también; de hecho soy el último consejero en intervenir aquí y todos, también ustedes, hemos constatado que hay un enorme espacio para el consenso, el entendimiento y el acuerdo; hay muchas cuestiones sobre las que llega a haber incluso unanimidad entre todos los comparecientes. La Educación en España se gestiona por las comunidades autónomas y ustedes han podido comprobar que, enfrentados a los mismos problemas o semejantes, ofrecemos soluciones más o menos próximas. Por supuesto, con algunas variantes, a veces de cierta entidad.

En cualquier caso, creo que a los consejeros autonómicos de Educación no nos resultaría difícil dibujar el ancho perímetro del consenso y también el estrecho perímetro del disenso. Hace unas semanas, nos reunimos en León los consejeros de Galicia, Asturias y Castilla y León y logramos ponernos de acuerdo en los principales asuntos comunes con enorme facilidad. Creo que es un ejemplo concreto de que el saludable acuerdo entre todos es perfectamente posible.

Ustedes ya han ido tratando los temas fundamentales sobre los que hay una enorme voluntad de acuerdo porque creo que todos o casi todos entendemos que el criterio capital del pacto ha de ser el tipo de alumno y alumna que queremos conseguir tras su paso por el sistema educativo. De momento, uno que no se quede por el camino, abandonando tempranamente sus estudios, tras ir de fracaso en fracaso. Después, un alumno o alumna que reúna las competencias necesarias para enfrentarse a la vida laboral de una sociedad digital de robots, pero también que pueda desarrollar en plenitud su vida -porque el sistema educativo no ha de ser una simple fábrica intelectual de mano de obra, pero tampoco una torre de marfil donde se sobreproteja a los niños y jóvenes y no se les prepare para la vida real que les tocará vivir, que no es precisamente un campo de pájaros y flores-. Y, finalmente, un tipo de alumno que tras terminar sus estudios de Formación Profesional o de universidad, tenga la oportunidad de seguir formándose durante toda la vida.

Esto nos lleva a un modelo ideal de escuela digital, innovadora, plurilingüe, inclusiva y segura -y segura quiere decir donde primen el respeto y la tolerancia y, por tanto, donde no exista ni la violencia más grave, ni las formas menos graves, pero disruptivas e igualmente obstaculizadoras de la Educación-. Un modelo ideal de Educación de calidad y equitativa al mismo tiempo, dinámico y flexible. Creo que la mayoría de nosotros compartimos este ideal, compartimos el ‘qué’ queremos, aunque podamos tener diferentes visiones sobre ‘cómo’ conseguirlo; el demonio está en los detalles. Por cierto, algunas de ellas distintas, pero razonables, porque, por fortuna, no hay una sola fórmula o camino válidos a seguir. Y, si queremos ser honestos, es preciso reconocer que nadie lo sabe todo; todos sabemos que son necesarios los cambios en este momento crítico de la historia, como lo son en todos los países del mundo -la cuestión de la reforma educativa está en ebullición-, pero los expertos más inteligentes expresan también dudas junto con sus certezas. Y esta actitud de humildad intelectual tampoco es de las que debieran sobrar en un debate sobre el pacto educativo. Así como la generosidad.

En cualquier caso, me da la impresión de que el Pacto está ya avanzando seriamente en la sub-comisión del Congreso y, cuando esta del Senado concluya sus trabajos, podrá enriquecer a aquella. De modo que estamos ya en una fase del largo debate en la que, más que añadir muchas cosas más, debemos ir reduciendo la complejidad de tantas ideas expuestas por tantos participantes. Y por eso mi breve intervención aquí -me interesa mucho más el diálogo con ustedes porque han ido adquiriendo a lo largo de las comparecencias una visión de conjunto que a veces no falta a los que estamos en un territorio concreto-, se ceñirá a repasar con taquigrafía conceptual los principales puntos de acuerdo y, en segundo lugar, expondré también rápidamente algún aspecto que nos interesa de modo especial desde Castilla y León.

La prueba de la sinceridad de la voluntad de pactar es, sin duda, aumentar la financiación de la Educación. El ministro de Educación siempre menciona este punto cuando habla del Pacto. Uno de los puntos centrales del Pacto ha de ser, sin duda, extender la Educación de los 0 a los 3 años y asegurar su gratuidad. Como saben, esto lo reclaman todos los expertos de forma unánime, y también los consejeros, pero, como tampoco ignoran, esta etapa educativa es muy cara porque la ratio alumno/profesor, lógicamente, es muy baja. Por lo que se refiere a mi Comunidad, que, como saben, se halla entre las que más invierten en Educación sería una cifra de millones de tres números, algo, empero, inabordable sin un cambio previo en el modelo de financiación autonómica. Por otro lado, las insuficiencias del actual modelo de financiación están exigiendo que, para garantizar la equidad en la prestación del servicio público educativo en todo el territorio, algunas comunidades autónomas, o quizá todas por diversos motivos, suframos estrés presupuestario crónico. Luego hablaré, en este sentido, algo de un fenómeno muy de mi tierra y de bastantes otras comunidades, y de lo que hablamos en la reunión de León, la escuela rural y sus elevados costes.

El Derecho Constitucional de Educación ha visto ensanchar su contenido: ya no es solo el derecho a ser instruido, sino también, bajo ciertas condiciones, a ser transportado, a ser alimentado en el ámbito escolar, a contar con todos o parte de los libros y materiales gratis -ya sean físicos o digitales-, a tener un marco adecuado de Educación inclusiva -es decir, a educarse desde las genuinas condiciones personales y sociales- e, incluso, a que el sistema educativo ofrezca algunas medidas de conciliación para familias. Este concepto ‘denso’ del Derecho a la Educación, propio de un Estado social avanzado, es un avance impresionante porque supone hacer coincidir y no hacer chocar la calidad y la equidad educativas, pero, como saben, no es precisamente barato. Pasar de un sistema tradicional en el que la clave de bóveda era la exigencia de un nivel de contenido memorístico para todos los alumnos a la vez en el mismo momento a otro donde el foco está en cada alumno, en sus necesidades y potencialidades, esto es, transitar a una escuela inclusiva de verdad, supone acompañar de modo personalizado a un considerable número de alumnos: implica, en efecto, crecer en orientadores, profesionales especializados, exige clases de apoyo, refuerzo, desdobles, equipamientos, instalaciones adecuadas, programas extracurriculares y extraescolares; requiere no desatender a los alumnos que viven en el medio rural. No podemos ofrecer café para todos en la era de la customización. Solo así podremos combatir a fondo la excesiva repetición, el fracaso escolar y el abandono temprano, que siguen siendo altos. El concepto ‘denso’ de Educación no puede sostenerse con un concepto ‘tradicional’ de financiación de la Educación, que no se caracteriza por ser denso, sino, más bien, esponjoso.

Señorías, además no podemos olvidar el artículo 139.1 de nuestra Constitución, uno de los que más me gustan porque habla de igualdad: “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”, que debe ser leído conjuntamente con el artículo 27.1 que establece con hermosa rotundidad: “Todos tienen el Derecho a la Educación”. Observen la potencia expresiva de ese ‘todos’. Cualquier escolar de nuestro país, con independencia de donde resida, tiene idéntico derecho a recibir idéntico derecho, podríamos decir ‘denso’, de Educación. Por eso, me suena muy bien la creación de ese Fondo de Equidad Educativa del que se está hablando en diversos foros.

Para terminar de hablar de dinero, que me enseñaron que era de mala educación, aunque desde que formo parte de un gobierno he vuelto al marxismo más descarnado porque no hago más que una lectura materialista de la historia, casi, solo pienso en lo que cuestan las cosas, digo, para concluir esta parte, me gustaría también apuntar que una parte de la financiación estatal, aunque no fuera mucha, debería otorgarse por objetivos porque esto estimularía las mejoras y porque de este modo no se castigaría a los que suelen hacer bien las cosas.

Señorías, urge reformar nuestra legislación educativa, que, en este momento, es una selva tropical de disposiciones; me gusta el racionalismo ilustrado: hagamos una sola norma, tipo jardín francés, bueno, quizá no tan geométrico y ordenado porque hay que abrir espacios con inteligencia a la autonomía territorial y la autonomía de los centros. Y si a la simplificación y clarificación normativa añadimos una perentoria simplificación burocrática, pues mucho mejor, porque la creciente burocratización de todos los procesos es uno de los peores males de nuestro sistema educativo.

La urgencia de modificar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), y el resto de la legislación deriva, a mi juicio, de dos factores. El primero es que los itinerarios educativos inicialmente establecidos, en los que, por cierto, los famosos exámenes de etapa cumplían una función crítica, carecían no solo de consenso, sino, lo que es incluso peor, de coherencia. La aplicación de la norma revela en la práctica muchas incoherencias e inconsistencias: la futilidad del desdoble de las Matemáticas en 3º de la ESO, la interrupción del Programa de mejora del aprendizaje y rendimiento educativo (PMARE), en 4º de la ESO -con independencia de si quizá un programa de diversificación mejorado, más inclusivo, no fuera mejor-, las conexiones con la FP y la ESO y el Bachillerato; la falta de previsión de la atención a la diversidad y la discapacidad en relación con los nuevos estudios de FP Básica; la fragilización de la asignatura de historia de la Filosofía, etc.

Así pues, urge repensar los itinerarios posibles de nuestros alumnos, de todos ellos, pero esta vez desde la coherencia y la inclusión. Y en este nuevo contexto, nos parece que la evaluación de 3º de Primaria debería dejarse por completo a las comunidades; creemos que tiene sentido, en nuestro caso, hacerla censal en 4º para establecer planes de refuerzo y mejora en los centros en 5º y 6º de Primaria; la evaluación de 6º de Primaria debería ser estatal, muestral, sin efectos académicos, pero con un valor importante para comprobar si se han cumplido los objetivos de la etapa y si se ha hecho de modo armónico en todo el país; del mismo modo, la prueba de 4º de la ESO, estatal, muestral, sin efectos académicos y con el mismo valor de evaluación de fin de etapa de la de Primaria. Lo que no tiene sentido es que los españoles nos enteremos del estado de salud de nuestro sistema educativo únicamente a través de las evaluaciones internacionales, y a veces la realidad es cómoda y otras incómoda, pero, en cualquier caso, todos tenemos que mejorar mucho. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Y el primer paso -obligado, además- para mejorar es evaluar. Eso sí, si las pruebas de 6º de primaria y 4º de la ESO no se hacen a nivel estatal de modo serio, es mejor suprimirlas por completo y que cada comunidad provea lo suyo. Sobre la prueba de acceso a la universidad, hablaré más adelante porque quiero proponerles una medida que, sin duda, será polémica porque supone un cambio cualitativo respecto de lo que ahora hay.

La segunda razón de peso para reformar con urgencia la legislación vigente es que nuestro sistema, aunque dice que opta por la Educación en competencias, refuerza, en realidad, la Educación basada en la repetición memorística de contenidos. En contra de lo que a veces atolondradamente se piensa desde fuera del sistema educativo, tenemos currículos cada vez más espesos, sobre todo en Secundaria y Bachillerato, que, sin embargo, no por ello preparan mejor a nuestros estudiantes. Quizá esto explique también en parte la excesiva carga de deberes para casa que se da en algunos casos. Y todo ello, además, en plena transformación de la Educación por el impacto tecnológico. Se requiere una vuelta a lo sencillo, lo que supone mayor dificultad. Back to basics.

Otro tema capital en el que parece avanzarse un salutífero consenso es el MIR educativo; también a nosotros nos parece una idea brillante que debemos, por fin, llevar a la realidad. El sistema actual de acceso a la profesión está obsoleto. Tampoco es del todo coherente la relación de los estudios de Grado de Educación y del Máster de Secundaria con el nivel de competencias que deben reunir nuestros profesores, como, con buen criterio, advierten los decanos de las facultades de Educación. Tenemos que establecer un continuum sistemático y consistente desde que el alumno o alumna pisa la facultad por primera vez hasta que se jubile. Ese nuevo sistema debe implantarse, por supuesto, de una manera gradual para no perjudicar al profesorado interino que cumple cabalmente su labor en nuestros centros y que está en proceso de estabilización.

Un ámbito donde hay un ancho margen para la mejora es el de la Formación Profesional, un tipo de estudios que, paradójicamente, aún goza, en teoría, de cierta mala fama como estudio subsidiario, pero que, en la realidad, sirve estupendamente para encontrar rápido el empleo para el que uno se ha preparado. La FP lleva una doble vida: la educativa y la empresarial. Como oferta educativa, mi preocupación es la desproporcionada tasa de fracaso y abandono de la FP Básica y media -la superior no: es un nivel excelente-. Hay que extender más y mejor a la FP muchas de las medidas que ya existen para la secundaria: de apoyos y refuerzo, de enseñanza en serio de idiomas para todos, de atención a la diversidad, de salidas al extranjero -el Erasmus actual para alumnos de FP es más exigente y no es comparable al de los universitarios porque van a empresas, no a centros educativos-, de renovación pedagógica de los módulos más teóricos, etc. Desde el punto de vista de la conexión de la FP con las empresas, tenemos que conectarnos más y mejor, de un lado, con los departamentos de empleo y, de otro, con las empresas. La FP debe conectarse mejor con el tejido productivo local proporcionando a nuestros alumnos las competencias y cualificaciones necesarias. El mayor reto es cómo nos anticipamos a estas necesidades a la velocidad a la que se producen los cambios: industria 4.0, internet de las cosas, digitalización… La FP Dual es un método fabuloso, pero tendríamos que intentar llegar a un acuerdo sobre qué es FP Dual de verdad. Para nosotros, la FP Dual no es el sistema tradicional de prácticas en empresas quizá algo enriquecido -y por eso nuestros datos de alumnos de FP Dual son bajos, algo más de 400 alumnos, pero son veraces; si pusiéramos alumnos en prácticas nos anotaríamos miles-; la FP Dual es un sistema en el que el alumnado completa su formación teórico/práctica en una empresa durante una estancia larga y en el que recibe una beca digna de la empresa.

Un escenario educativo que no es objeto de esta Comisión es el universitario, pero, dado que hablamos de Educación, permítanme que les diga que, a mi juicio, la reforma de las universidades es asunto aún más perentorio que el de la reforma de la Educación no universitaria. A veces se dice que nuestro sistema universitario y de investigación universitaria está infrafinanciado y es verdad. Pero también es cierto que hace falta introducir cambios de calado porque no podemos simplemente pedir los recursos de los mejores países sin traer también de ellos sus esquemas de incentivos -y desincentivos- para las universidades y los profesores que hacen mejor -y peor- las cosas. Hay una cierta contradicción en desear un modelo de universidad como administración pública casi decimonónica y al mismo tiempo una universidad contemporánea de corte anglosajón. O un modelo u otro. Nuestro país es grande en muchos sentidos, pero es muy pequeño para tener 17 espacios de política científica y de investigación diferentes. Así no podremos competir a nivel internacional. No podemos tener una universidad dinámica con su actual forma de gobierno. Una cuestión capital es la del estatuto del profesorado. Es inaceptable el precariado que existe en la universidad, la incertidumbre sobre la carrera profesional, las dificultades extraordinarias para abrirse paso, para retener y traer a los mejores. Es dramático el problema del rejuvenecimiento de las plantillas. Habría que suprimir el límite de la tasa de reposición y flexibilizar el techo de gasto de las universidades que no tengan deuda. Hay que tratar seriamente el equilibrio entre universidades públicas y privadas porque estas han aumentado mucho. Tenemos que repensar el sistema de oferta académica de grados y másteres porque el vigente es desordenado, bulímico y más atento a las necesidades de plazas de profesorado que a las del interés general; y también el sistema de calidad, de verificaciones, modificaciones y acreditaciones de nuestras agencias de calidad, que ustedes quizá por fortuna no conozcan, pero que es tan barroca y cara como ineficiente. Con urgencia, tendríamos que considerar a las universidades no presenciales como competencia estatal porque, aunque se residencien en una Comunidad, operan a nivel nacional y esto a veces produce problemas. Tendríamos que repensar las relaciones entre la FP superior y la universidad, cada vez más estrechas. Y, por supuesto, el lugar de los estudios superiores de Arte, Música, Arte Dramático y Danza que ahora mismo son ‘superiores’ pero no universitarias. Quizá habría que pensar en crear un estatuto específico para las ‘universidades de las artes’; materias tan inveteradamente maltratadas por nuestro sistema educativo. Así como integrar mejor las enseñanzas especiales -música, idiomas, etc.- con las ordinarias: ahora mismo viven una esquizofrenia que las perjudica.

Voy terminando ya, no teman. Quiero acabar con tres preocupaciones generales sobre las que mi Comunidad tiene una sensibilidad especial. Una de ellas ya la he expuesto: la escuela rural. Este fue el tema central de la reunión de León. El alumnado de nuestro medio rural tiene que tener las mismas oportunidades educativas que el resto. A veces uno tiene la sensación de que las leyes educativas están únicamente pensadas -y presupuestadas- para las ciudades más pobladas; para el círculo interior de la M-30 madrileña. Piensen, por ejemplo, en la enseñanza media y la FP. Sin embargo, hay un enorme y diverso país más allá, precisamente el que representa de modo especial esta Cámara.

El segundo tema versa sobre la segregación educativa de tipo étnico en nuestro país: alumnado gitano e inmigrante. Existen en todas las comunidades colegios de Primaria con una alta concentración de minorías étnicas; normalmente con resultados escolares peores que los de los otros colegios; el porcentaje de alumnos que pasan a Secundaria es bochornosamente bajo y muy pocos llegan a FP y menos a la universidad. Esto es inaceptable para un Estado social y democrático avanzado. Es un problema que tenemos que abordar seriamente. Los mejores profesores deben destinarse a los lugares más difíciles, con un proyecto educativo innovador por un periodo de tiempo estable. También desde este punto de vista, aunque no solo, parece interesante la idea de crear centros educativos públicos que abarquen desde Infantil hasta Bachillerato.

Hablando de segregación, no es cierto que el modelo de centros de Educación Especial de nuestro país resulte segregador, pero también es verdad que el paradigma de lo que resulta ‘Educación inclusiva’ en este campo está evolucionando a gran velocidad. Una jurisprudencia reciente de nuestros tribunales rechaza, por ejemplo, la posibilidad de que nuestro alumnado sea derivado allí sin un claro consentimiento paterno. En cualquier caso, la evolución apunta a que los centros de Educación Especial sean centros de recursos y que, normalmente, los alumnos estén en centros ordinarios, adaptados con aulas inclusivas.

Por último, la propuesta provocadora que he ido anunciando en diversos momentos, y que no es solo mía, ya que el 4 de octubre de 2017 las Cortes de Castilla y León aprobaron una proposición no de ley en este sentido: la introducción de una única prueba simultánea de acceso a la universidad. Ahora mismo hay un distrito único pero, como no ignoran, hay en realidad 17 pruebas muy diferentes en dificultad; a lo que hay que añadir las enormes diferencias de exigencia y resultados educativos que ustedes conocen por comunidades. Estableciendo una prueba única para todo el país y simultánea, no solo aseguraríamos que no se discriminaría a ningún alumno -en este caso, de las comunidades donde se exige más a los alumnos-, sino que, además, estableceríamos una evaluación global de resultados que obligaría a todas las comunidades a elevar su nivel, logrando, de paso, cierta homogeneidad entre todos los estudiantes con independencia de dónde estudien. Obsérvese que no es la prueba para titular Bachillerato que figuraba en la Lomce y que yo siempre he criticado, sino que se refiere solo a los alumnos que deseen entrar en la universidad y que, por tanto, tienen que hacer obligatoriamente ese examen.

Si a ustedes esta prueba les parece compleja, y lo es, aceptaría, como plan alternativo, ceñirla exclusivamente a los estudios de Grado más demandados: Medicina y algunos más. En estos casos, la competencia entre nuestros alumnos por plazas muy limitadas no es actualmente justa.

Muchas gracias. Lo que les debo, se lo intentaré pagar en el diálogo.