La Comisión de Hacienda de las Cortes pospone el debate del informe sobre el cambio climático

El presidente de la Comisión, el 'popular' Alberto Castro, comunicó la propuesta de modificar el orden del día y abordar sólo el segundo punto, relativo al análisis de los efectos de la aplicación de la Ley de ordenación de los servicios y gobierno del territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales (2013). Tras ser consultados los diferentes grupos (PP, PSOE, Vox, UPL-Soria YA y Mixto), ninguno expresó en ese momento sus reticencias.

Tras leerse el segundo punto y tomar la palabra, el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, quiso explicar en su nombre y en el del equipo que le acompañaba esta tarde qué «circunstancias totalmente ajenas» a su voluntad hacían que el primer punto, sobre una fiscalización en materia de cambio climático, quedara pendiente para una próxima comisión parlamentaria. Precisamente, horas antes el Grupo Vox cuestionó que se señalizara al campo y la automoción como los causantes de la emergencia climática y que una institución propia hiciera seguidismo de los líderes globalistas.

Al inicio de su comparecencia, el presidente del Consejo de Cuentas indicó que con este cambio quedaban sin presentarse en las Cortes dos informes ya registrados en 2022, a los que se unen otros cinco de 2023 y dos más que se aprobarán mañana. Además, señaló que 15 auditorías del Plan de Fiscalización de 2022 se encuentran en la última fase de elaboración para aprobarse antes de que acabe el presente año.

También, indicó que 28 informes correspondientes del programa de 2023 también se han iniciado, por lo que el Consejo trabaja en 49 actuaciones en diferentes fases.

De esta forma, el presidente del Consejo de Cuentas aseguró que en su mandato ha comparecido en 42 ocasiones en las Cortes para presentar un total de 114 auditorías, lo que supone el 42 por ciento de toda la serie histórica.

Mario Amilivia debería haber comparecido este este lunes para presentar el Informe de Fiscalización de la estrategia para el cambio climático 2009-2020 de Castilla y León y el análisis de los efectos de la aplicación de la Ley de ordenación de los servicios y gobierno del territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales (2013).

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León presentó el informe de análisis de los efectos de la Ley 7/2013 de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales.

La fiscalización sobre los efectos de la nueva ordenación del territorio es carácter operativo, orientada a plantear recomendaciones para la mejora de los servicios de las administraciones públicas, es decir, la eficiencia en la gestión.

Este tipo de trabajos obedecen al objetivo del Plan Estratégico del Consejo de Cuentas de acercar las fiscalizaciones a las inquietudes sociales al posibilitar actuaciones que permitan constatar los principios de economía, eficiencia y eficacia en la ejecución de determinadas políticas públicas y así proponer recomendaciones de mejora.

Amilivia subrayó la recomendación del Consejo de Cuentas dirigida a las Cortes de Castilla y León en el sentido de que estas deberían concluir la ordenación del territorio en el ámbito rural con la aprobación de la ley que incluya el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (UBOST) rurales, que es condición necesaria para avanzar en la implantación de las medidas previstas en la Ley 7/2013 de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio en la prestación de servicios por las entidades locales, la LORSERGO. Así, esta auditoría ha comprobado la eficacia de las actuaciones para potenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes, especialmente las de carácter asociativo voluntario.

La ley para la nueva ordenación del territorio define dos ámbitos geográficos de nuevo cuño: las UBOST y las áreas funcionales, cuya delimitación deberá establecerse en un mapa de ordenación territorial para cuya aprobación -mediante ley- se precisa el apoyo de dos tercios del Parlamento autonómico. A la constatación de que el mapa de las UBOST no está aprobado se suma un modelo de ordenación territorial en el que solo se encuentran definidas las áreas funcionales estables en el ámbito urbano (Ávila, Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo, Zamora y Benavente), mientras que la ordenación en el ámbito rural sigue pendiente de concluir, lo que condiciona sustancialmente el grado de eficacia de la nueva política de ordenación instaurada por la LORSERGO.

Desde la entrada en vigor de esta ley, se han aprobado dos leyes de atribución expresa de competencias a las entidades locales: en 2018 la Ley de transporte público de viajeros por carretera, y en 2019 la Ley de Actividad Físico-Deportiva.

También, Amilivia apuntó que no se ha constituido ninguna mancomunidad de interés general (MIG) rural al no estar aprobado el mapa de las UBOST rurales. En cuanto a las MIG urbanas, se encuentran declaradas desde 2020 cinco: «Valladolid y Alfoz», «Benavente y alfoz», «Medina del Campo y alfoz», «Zamora y Alfoz» y «León y alfoz». De estas, informó, sólo la Mancomunidad «Valladolid y Alfoz» ha adoptado acuerdos para el desarrollo de sus competencias.

A la vista de todo ello, el Consejo de Cuentas recomienda también que la Consejería de la Presidencia de la Junta debería impulsar las medidas tendentes a reorganizar las actuales mancomunidades ordinarias, mediante su disolución o transformación en mancomunidades de interés general, asumiendo estas últimas las competencias municipales que con anterioridad desarrollaban las mancomunidades preexistentes. Asimismo, debería adoptar las medidas de coordinación interadministrativa y eficiencia de los servicios, en el desarrollo de competencias propias previstas en la LORSERGO.

En cuanto a las 5 mancomunidades de interés general existentes en la Comunidad y sus municipios asociados, estas deben adoptar los acuerdos previstos en sus estatutos dirigidos a dar efectividad sus competencias y funciones. En este sentido, Amilivia concretó que la Mancomunidad de Interés General Urbana «Valladolid y Alfoz» acordó asumir, en una reciente asamblea, las competencias de servicios públicos básicos relacionados con el medio ambiente, Limpieza y Parques y Jardines, y Recogida de Residuos. Finalmente, significó que la Junta debería completar el desarrollo reglamentario de la LORSERGO.