La comisión eólica morirá con la legislatura, con la investigación atascada y sin resultado

El órgano de gobierno del parlamento autonómico, que preside Silvia Clemente y que está integrado por tres miembros del PP y un representante del PSOE, otro de Podemos y un tercero de Ciudadanos, abordará hoy cómo poner en práctica el mandato del Tribunal Constitucional para que amparen a los procuradores socialistas que denunciaron el bloqueo de esta comisión de investigación, presidida por el parlamentario del PP Julián Ramos.

Clemente ha reiterado estos días que serán diligentes en el cumplimiento de la resolución del Constitucional y los servicios jurídicos de las Cortes ultimaron ayer un informe jurídico sobre el asunto. El Alto Tribunal declara nulo el acuerdo adoptado por la Mesa el 20 de diciembre de 2017, que denegó el amparo solicitado por los dos procuradores del PSOE miembros de esa comisión de investigación, José Francisco Martín y Javier Izquierdo. Este último es, desde el verano, alto cargo del Ministerio de Fomento. No está ya en las Cortes.

La resolución del Constitucional refleja la existencia de una «obstaculización impropia e intensa» de las labores de esta comisión de investigación y considera que eso ha «restringido» el ejercicio del cargo a los procuradores de la oposición. El magistrado que firma el fallo ordena retrotraer todo al momento anterior a esa decisión de la Mesa de las Cortes de diciembre de 2017 de denegar el amparo a los procuradores socialistas, que sus integrantes tomaron orientados por un informe de los letrados de la casa y con cuatro votos a favor, una abstención y uno en contra.

El calendario corre en contra de la decisión del Constitucional, puesto que la legislatura concluirá a finales de marzo y con la disolución de las Cortes 'mueren' todos los asuntos en tramitación parlamentaria, entre ellos, las comisiones de investigación.

De las tres que se han desarrollado en el parlamento autónomico esta última etapa, la comisión de las eólicas ha sido la que ha salido peor parada. La que ha analizado la gestión de las malogradas cajas de ahorro de Castilla y León ha celebrado 50 sesiones y recibido a 57 comparecientes. Su trabajo finalizó el 11 de enero sin acuerdo en las conclusiones. La comisión que investiga los sobrecostes del Hospital de Burgos se reunirá el próximo día 21. Entra en la recta final, con el debate de las propuestas de conclusiones, tras 59 sesiones de trabajo y 68 comparecencias. El balance de la comisión de investigación sobre la trama eólica ni por asomo se acerca a las anteriores. Arroja 12 convocatorias y no ha pasado por ese órgano compareciente alguno pese a haberse aprobado un listado de 43 personas el 10 de febrero de 2016. Han pasado tres años.

«La resolución del Constitucional no tumba nada al Grupo Popular, revoca un acuerdo de la Mesa de las Cortes y hay que ver ahora cómo se ejecuta esa resolución», asegura Raúl de la Hoz, portavoz del PP en las Cortes. El parlamentario popular entiende que en la reunión del 25 de enero de 2018, posterior al acuerdo de la Mesa de las Cortes y última sesión celebrada de la comisión de investigación, se abordó la posibilidad de fijar un calendario de comparecientes. «Cuestión distinta es que no hubiera mayorías para llegar a un acuerdo. Eso no se puede forzar», matizó De la Hoz.

El portavoz del PP recuerda que se aprobó un listado de 43 comparecientes, «y luego los demás grupos pidieron otros (entre ellos la citación de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta)». Raúl de la Hoz remarcó el argumento defendido por su formación de que el asunto que investiga esta comisión coincide al 100% con investigaciones judiciales en curso. Y estas prevalecen.

José Francisco Martín, secretario del Grupo Socialista y miembro del PSOE en esta comisión lamentó al valorar la resolución del Constitucional la «arbitrariedad» que el PP ha aplicado a la misma para «bloquear» la investigación de una trama de corrupción, y que ese proceder ha sido consentido por la presidenta de las Cortes. Martín ha reclamado la «inmediata citación» de comparecientes para acelerar los trabajos.

Las últimas decisiones del juez que instruye la causa ha sido imputar a dos exviceconsejeros de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado y Begoña Núñez, y a dos exdirectivos de empresas dependientes de la Consejería de Economía y Empleo. Esos cuatro y el propio Herrera son los primeros que deben pasar por la comisión, a juicio del PSOE.