Ciudadanos presenta una moción en el Congreso de los Diputados para asegurar el libre acceso al aborto

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Al respecto, recuerda que el Código Penal castiga con penas de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a aquellas personas que intenten obstaculizar este derecho. «Ninguna institución puede ni debe condicionar a una mujer que, en el marco de sus libertades individuales, debe interrumpir voluntariamente su embarazo», añade.

Asimismo, Ciudadanos apunta que Castilla y León se encuentra a la cola de casos de interrupción voluntaria del embarazo. En mayo de 2022 se registró que casi un millar de personas se habían tenido que desplazar a otra provincia de esta región o a otra comunidad para poder llevar a cabo la intervención.

«Nos encontramos ante un nuevo caso de moralización por parte de quienes quieren que las administraciones se metan aún más en la vida y las decisiones personales», lamenta este partido. A su juicio, las administraciones están para «proteger, defender y ampliar derechos y libertades» de los ciudadanos y no para «dictarles cómo deben gestionar su planificación familiar».

A su vez, subraya que las mujeres que tienen decidido interrumpir su embarazo ya se han tenido que enfrentar a una situación «nada fácil» y «lo último que necesitan» es que «los populistas se lo pongan aún más difícil utilizando las instituciones para culpabilizarlas, tratarlas como menores de edad o impedir que ejerzan su libertad reconocida por la legislación vigente».