Los leoneses marcan un hito el 8 de marzo por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres

Las organizaciones feministas lograron convocar a hombres y mujeres, sin distinción de sexo y edades, para decir basta a los agravios que sufren las féminas en todos los ámbitos. De ahí que las portavoces de las diferentes coordinadoras de mujeres hablaran de un «día histórico» y destacaran el éxito «total y absoluto» de la movilización de estudiantes, las concentraciones y la manifestación conjunta por la tarde del 8 de marzo. «Nadie podrá negar que se trata de un hito cuando nunca antes se habían juntado en 150 países de todo el mundo tantas mujeres para decir basta contra la desigualdad de género y la violencia de género», explicó una de ellas en Valladolid.

Además, 2018 fue el año en que las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad la Ley de Ordenación y funcionamiento de la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica. De esta manera, la Red no solo cambia de denominación, sino que se convierte en un sistema permanente de atención desvinculado de situaciones de crisis. Ello ha permitido que puedan incorporarse más prestaciones que, aunque ya existían, no estaban amparadas por la Red.

Desde su aprobación en junio pasado, este sistema pionero en España ofrece un total de 34 programas o prestaciones diferentes para atender a las personas más vulnerables, por lo que se da un paso más en la atención integral y coordinada a las personas con dificultades. Además, cuatro de estas prestaciones adquieren ahora carácter de derecho subjetivo.

Se trata del servicio integral de apoyo ante riesgo de desahucio por deuda hipotecaria, el servicio de provisión inmediata de alimentación y las prestaciones económicas frente a situaciones de deuda hipotecaria y para el alquiler de vivienda habitual. Desde este año, se suman a otros derechos como la Renta Garantizada de Ciudadanía y la prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.

Una de las novedades del año fue la actualización, ampliación y mejora de las prestaciones del Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León. Un documento que recoge la definición y la clasificación de todas las ayudas, con 119 prestaciones tras la última actualización, de las que el 77 por ciento tiene carácter gratuito para el usuario. Además, las prestaciones gratuitas crecen el doble, casi un ocho por ciento, frente a las que necesitan aportación del beneficiario (3,2 por ciento).

El ejercicio arrancó con la decisión de la Junta de reducir, de forma progresiva, el plazo para que las personas dependientes puedan acceder antes a las prestaciones. La normativa estatal fija este tiempo en seis meses, con carácter general, desde la presentación de la solicitud, aunque en el caso de Castilla y León se irán reduciendo un mes por año, hasta llegar a los tres meses en 2020.

Con la mejora de la situación económica, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunció en mayo que el Gobierno autonómico recuperaría este año «con carácter inmediato» el 70 por ciento de la cuantía de las prestaciones que reciben las personas dependientes por cuidados en el entorno familiar y que en el año 2012 se redujeron un 15%. El resto de la reducción se completará en 2019 «si las circunstancias económicas y presupuestarias lo permiten». Una decisión que, precisó, beneficiará a 24.000 personas dependientes y, por tanto, a otras tantas familias de la Comunidad, lo que supondrá un aumento de cinco millones de euros del gasto para la prestación de este tipo de servicios.

En su momento, el Gobierno autonómico adoptó medidas complementarias a las del Estado como aumentar en un 20 por ciento las cuantías máximas para acceder a los servicios profesionales del sistema para los grados III y I y el 75 por ciento para el grado II mientras se reducía un 15 por ciento las cuantías de los cuidados en el entorno familiar.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) acordaron a principios de año que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales redujeran el copago del servicio de la ayuda a domicilio a 16.800 personas mayores y dependientes antes de 2020.

De momento, los municipios y las instituciones provinciales, que gestionan los servicios sociales, debían modificar este año sus ordenanzas para que la ayuda a domicilio sea gratuita en 2018 para los dependientes con una renta inferior a 570 euros mensuales y para las que vivan solas con ingresos por debajo de los 700 euros. El documento también recogía una reducción progresiva del copago del 20 por ciento para todos los beneficiarios de la teleasistencia y la ayuda a domicilio, con el objetivo de incrementar el porcentaje de personas que disfrutan de este servicio gratuito.

Castilla y León aumentó su liderazgo nacional en dependencia, según el Dictamen de los profesionales de los Servicios Sociales de España, que volvió a otorgar un sobresaliente a la gestión de la Comunidad. En concreto, obtuvo una calificación de 9,3 sobre 10 frente a los 4,6 puntos de media nacional.

Además, 2018 fue el primer año en que Castilla y León gestionó las subvenciones destinadas a programas de interés general para atender fines social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento, de las que se benefician las entidades del tercer sector. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, reiteró que su objetivo era que el obligado cambio de gestión en estas subvenciones se llevara a cabo sin que las asociaciones y las ONGs perdieran un solo euro del que venían percibiendo para estos fines -20,1 millones de euros este año para 400 programas- y así garantizar la continuidad en la atención a las personas más vulnerables.

También, se aprobó el proyecto de Ley de Voluntariado de Castilla y León, que se ha adaptado a las nuevas realidades, con la vista puesta en el ámbito universitario, las empresas y el desarrollo de las acciones a través de las nuevas tecnologías. Además, prima la calidad sobre lo puramente cuantitativo.

La lucha contra la violencia de género fue otro de los asuntos que acaparó un gran protagonismo el año que ahora termina. La Consejería de Familia persiguió la implicación de todos los agentes en el modelo integral 'Objetivo Violencia Cero'. Una de las mayores novedades fueron los informes de valoración de las víctimas (Invige), realizados por los coordinadores de caso con el apoyo de los profesionales de los equipos multidisciplinares, y ofrecen una valiosa información a la hora de tomar decisiones y atender a las necesidades de las mujeres maltratadas. No en vano, son documentos que recogen la situación personal, familiar y laboral, los apoyos que necesita para ella y sus hijos así como el riesgo social al que está expuesto.

Por otro lado, más de 4.000 profesionales de la abogacía, psicología, farmacia y entidades locales recibieron formación específica para hacer frente a la violencia machista. Además, el Catálogo de Servicios Sociales incluye diez nuevas prestaciones de apoyo a las víctimas, centradas sobre todo en el apoyo personal y familiar para las mujeres. Otra de las novedades fue la aprobación del decreto que regula la autorización y funcionamiento de los centros y las casas de acogida para las víctimas. El objetivo es homogeneizar el funcionamiento de los tres centros y las 14 casas para mujeres maltratadas para mejorar la atención integral. De esta manera, se garantiza la seguridad a las víctimas y a los menores dependientes de ellas durante su estancia en los centros y contempla la existencia de centros especializados según las necesidades y un servicio complementario de fomento de la autonomía.

Además, la Junta presentó una línea de ayudas a menores huérfanos de víctimas de violencia de género. El decreto contempla ayudas económicas y de estudios universitarios para los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género. De esta manera, Castilla y León fue la primera autonomía española en aprobar y regular este tipo de prestaciones que, además, serán compatibles con otras nacionales. La administración autonómica tiene registrados un total de 58 hijos de 34 víctimas mortales por violencia de género desde 2007 en la Comunidad, de los que 13 son menores huérfanos que cobrarán cada uno un importe fijo anual de 5.000 euros, hasta que cumplan la mayoría de edad. Por otro lado, los otros 14 que tienen edades comprendidas entre los 18 y los 26 años que, en el caso de estar matriculados en la universidad, tendrán a partir del curso próximo la gratuidad de los servicios académicos.

El Índice de Envejecimiento Activo concluyó que las personas mayores de 55 años de Castilla y León estaban entre los que envejecían de forma más activa de la Unión Europa (UE), además de superar la media española. En concreto, la Comunidad se situó en el sexto lugar de Europa con el mejor envejecimiento activo, por delante de países como Alemania, Francia, Bélgica o Italia y solo por detrás de Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Finlandia.

La Comunidad tiene un Índice de Envejecimiento Activo de 39,6 puntos sobre cien, seis puntos más que la media nacional y casi cuatro por encima de la media europea. Además, la Comunidad supera en todos los parámetros de análisis de la tasa alcanzados en España y solo se ve adelantada por el conjunto de la UE en materia de empleo. Unos datos que la Junta relacionó con la Estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo 2017-2021.

La provincia de Ávila pilotará el proyecto piloto 'A gusto en mi casa' durante 30 meses con la participación de 100 personas mayores del medio rural, con el objetivo de que se extienda a toda Castilla y León. El objetivo de este programa es garantizar que las personas con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica que residan en los pueblos puedan seguir viviendo en sus domicilios, gracias a las atenciones necesarias.

Por último, se aprobó el Plan de prevención de la violencia intrafamiliar, el primero de estas características en España, que contempla 102 actuaciones basadas en la sensibilización, la formación, la detección y la atención. También, en 2018 se presentó la Plataforma de Información Juvenil, actualizada y modernizada para que los jóvenes aprovechen las oportunidades a su alcance.