Las cifras de la temporalidad: cada nuevo ocupado requiere la firma de 38 contratos

Los datos que facilita el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) revelan la enorme temporalidad que caracteriza la contratación impulsada por la variedad de modalidades a las que se puede acoger el empresario conforme a sus necesidades. Así, el año pasado únicamente 51.587 contratos iniciales fueron indefinidos (con o sin bonificación y para discapacitados -556-), lo que representa el 5,5 por ciento del global, aunque también se convirtieron 32.717 temporales en fijos

En el extremo opuesto, la modalidad que más se empleó fue la de contratos eventuales por circunstancias de la producción, con 507.619, de los cabe destacar que 374.518, tuvieron una duración inferior a un mes. Asimismo, el contrato por obra y servicio también estuvo generalizado, con 291.595, la inmensa mayoría sin identificar el periodo de duración aunque en 37.503 aparecía recogido un puesto por menos de siete días. La tercera modalidad por volumen de firmas fue el contrato de interinidad, con 68.788.

Las cifras del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social reflejan que a lo largo de 2018, en Castilla y León también se firmaron 4.183 contratos en prácticas; y 2.744 en formación. Asimismo, también se suscribieron 2.050 contratos por jubilación parcial; 1.253 puestos temporales para personas con discapacidad; junto a 961 en la modalidad de relevo, y 25 por sustitución de jubilación a los 64 años. La cifra global se completa con 4.682 correspondientes a otros contratos.

Un análisis por sectores revela una concentración de la contratación en los servicios, donde se firmaron 648.262 contratos, con 39.153 indefinidos, un seis por ciento del total. Los contratos eventuales ascendieron a 353.682, seguidos por los de obra y servicio, con 182.891, y los de interinidad, con 60.892. El sector terciario cerró el año pasado con 16.200 ocupados más en la Comunidad, lo que supone que por cada nuevo puesto se tuvieron que firmar ene stas actividades 40 empleos.

En cuanto a la industria, contabilizó 194.228 contrataciones iniciales, con 5.642 indefinidos, apenas el tres por ciento. Así, 140.636 contratos fueron eventuales; 38.565 por obra y servicio, y 7.250 de interinidad. El sector concluyó el año con 8.000 ocupados más, lo supone que se firmaron 24 contratos por cada empleo, una cifra bastante mejor que la de los servicios.

La agricultura, en su caso, contabilizó 57.790 contrataciones iniciales, con 3.784 indefinidos, un 6,5 por ciento. Las labores del campo requirieron fundamentalmente de trabajadores por obra o servicio, con 44.415 contrataciones, aunque también se suscribieron 7.540 contratos eventuales por necesidades de producción.

Por último, la construcción sumó el año pasado la firma de 35.207 contratos, con 3.008 indefinidos, el 8,5 por ciento del total. Este sector tiró mayoritariamente de los contratos por obra o servicio, con 25.724, seguidos por los 5.761 eventuales. El sector perdió 2.900 ocupados pese a los miles de contratos registrados.

El secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT, Raúl Santa Eufemia, destacó a Ical que los datos de contratación son un «escándalo» y revelan que los empresarios han asumido como una «práctica habitual» el encadenamiento de contratos y la «rotación» de los ciudadanos en los mismos puestos de trabajo.

Sana Eufemia incidió en que si hay contratación es que hay actividad; y los empresarios están obteniendo beneficios, pero a la parte social sólo le está reportando una cada vez mayor «precarización». «El trabajador está totalmente empobrecido, se le contrata por horas por una miseria, y luego se dedica la mayor parte de su tiempo como activo a ordenar papeles para encontrar un empleo estable o pedir el paro o los subsidios», dijo, para acusar a la patronal de favorecer que se desechen a los trabajadores en vez de impulsar la creación de puestos de calidad.

El portavoz ugetista lamentó que se trata de una «práctica de fraude generalizada» en todos los sectores, con especial incidencia en los servicios, y más concretamente en la hostelería, que es preciso atajar, para lo que defendió que es necesario un «cambio total» en el mercado, partiendo de la derogación de la reforma laboral de 2012, que «tanto daño ha hecho durante los últimos siete años». Además, apeló a la búsqueda de un modalidad contractual que acabe con estas prácticas y exigió un compromiso a todos los partidos ante la próxima cita electoral.

El secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO-CyL, Saturnino Fernández, denunció que España es el país con mayor temporalidad de Europa y aunque asumió que «es es muy de difícil combatir, algún día con normativa, la Inspección de Trabajo y la pelea sindical lo lograremos cambiar para estar en un 15-16 por ciento de la en la media de Europa, que es un ratio razonable».

En este sentido, apostó por penalizar aún más las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos temporales, para que se hagan más indefinidos, y por perseguir desde la inspección y los propios sindicatos muchos más el encadenamiento de contratos. En este sentido, apostó por incidir en la negociación colectiva en la promoción del contrato indefinido y que los empleados con dos o tres contrataciones por una empresa se hagan fijos. «Es una cuestión cultural difícil de cambiar», dijo, para cargar también contra una reforma laboral que no sólo ha disparado la temporalidad sino también la parcialidad.

Fernández repasó las «elevadísimas cifras de temporalidad» en la Comunidad, y constató que el año pasado se suscribieron en Castilla y León, 883.000 contratos temporales, de los que 581.800 tuvieron una durecuión de de menos de seis meses, 24.400 de más de medio año, y 276.600 de duración indeterminada, frente a un global 88.859 indefinidos (iniciales y transformados).

Asimismo, precisó que en 2018, en Castilla y León hubo una media de 200.000 asalariados temporales en la Comunidad, con una tasa del 25,2 por ciento, de temporalidad. Asimismo, puso de relieve que 99.600 asalariados encadenan contratos temporales en la misma empresas, de los que 46.500 acumulan una antiguëdad de más de dos años, por lo que según la ley debería ser fijos.