Los juristas advierten de que la digitalización no es la panacea para agilizar la Justicia española

La vallisoletana, que ejerce en la Audiencia de Madrid, una comunidad autónoma que tiene las competencias de Justicia transferidas, se remontó al tiempo en el que Castilla y León también se planteó asumirlas, algo que hoy, ni se plantea la Junta. Pero, subrayó, «tanto en las comunidades con competencias de Justicia transferidas como las del territorio Ministerio, como Castilla y León, estamos en el mismo sitio que hace 15 años, es decir, los problemas son los mismos y el origen está en la falta de medios económicos en Justicia, y ello va a pasar siempre porque, cuando los recursos son escasos, los responsables políticos de la organización del Estado priorizan la resolución de las necesidades más acuciantes, que suelen ser la sanidad y la educación». Así que, subrayó, «la Justicia siempre va a estar en el vagón de cola, con o sin competencias, sea cual sea la institución responsable».

Volvió a ratificarse en esta opinión en el coloquio posterior, a preguntas de los asistentes a la sexta mesa del V Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander que acudieron a la cita en la artesonada capilla del Museo Esteban Vicente. «El problema de la Justicia no es el papel o el documento electrónico, son los plazos largos, que haya tanta posibilidad de recurrir. La digitalización no es en absoluto la panacea para agilizar la Justicia, porque los problemas son estructurales de nuestro procedimiento judicial, así que se ahorrará mucho papel y nos facilitará más las cosas, pero no creo que sirva para agilizar la Justicia».

El presidente de la Audiencia de Segovia, Ignacio Pando Echevarría, se refirió a que el plan papel cero del Ministerio de Justicia, se opine lo que se opine, «no tiene vuelta atrás, es un hecho que ya se aplica y que, a la larga, funcionará». Lo que ocurre, manifestó, es que «estamos en los momentos iniciales y, como siempre ocurre en los momentos iniciales, hay muchos fallos». De hecho, aludió a que en las últimas semanas, como ya han denunciado los sindicatos de justicia, día sí y día no, «los fallos nos paralizan al menos dos o tres horas al día». Su impresión es que «se ha metido demasiado y no hay capacidad suficiente en la red, el sistema no tiene capacidad suficiente. Es como llevar un Ferrari por una carretera comarcal».

Las sedes

En lo que no estuvieron de acuerdo los ponentes fue en la necesidad de una reforma del mapa judicial que supere la decimonónica distribución de sedes por partidos judiciales. Para el magistrado Pando, y en el caso concreto de Segovia, algunos juzgados rurales, sobran «aunque se mantengan como oficinas donde dar información o declarar por videoconferencia». Es partidario de que los nueve juzgados de primera instancia e instrucción se centralicen y y se

especialicen. Otra cosa distinta, matizó, «es que se mantengan sedes judiciales de comarcas con municipios de gran entidad como Ponferrada (León) y Aranda (Burgos), o por problemas de difícil orografía como Arenas de San Pedro (Ávila). Para este magistrado, el mantenimiento de sedes judiciales rurales no garantiza la fijación de la población en el territorio, «eso lo hace una buena sanidad, transporte, tecnologías, medios de comunicación, teléfono, Internet,...eso fija más población que tener un juzgado».

Su compañera de mesa se mostró en desacuerdo. «En una comunidad como la nuestra, con tanta dispersión de pueblos, creo que los juzgados sí ayudan a fijar población. Que exista una sede provoca que acudan abogados, vivan procuradores, haya juicios, se tomen un café o coman en el restaurante,...genera riqueza económica, ayuda a que los pueblos tengan mayor actividad, estén más vivos», argumentó, sin convencer al presidente. Incluso, la magistrada apeló al aprendizaje que supone para los jueces ejercer en los pequeños municipios.

Cláusulas abusivas

La segunda parte del debate giró en torno a las cláusulas abusivas, al hilo de la reciente experiencia europea de la María Felisa Herrero, quien quiso romper una lanza a favor del «exhaustivo trabajo» que se realiza en el Tribunal Europeo de Luxemburgo (TJUE), que tarda en torno a 15 meses en resolver una consulta prejudicial de cualquier estado miembro. Estas consultas son el 70% del trabajo que realiza la Corte de Luxemburgo. La jurista, que ha trabajado allí como letrada, recordó que las sentencias europeas «tienen efecto directo,

inmediato, tienen que ser acatadas y tienen preferencia sobre la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo». En este sentido, aludió a las «disfunciones» que se están produciendo entre el Tribunal Europeo y el Supremo español, en especial en relación con la anulación y la retroactividad de las cláusulas suelo y la interpretación de las mismas que se están realizando en España. Herrero criticó la «visión sesgada» que han dado los jueces españoles al plantear alguna de estas consultas y la «tibia defensa» realizada por los representantes legales del Estado. «Si hubiera sido capaz el Estado de transmitir al TJUE las tremendas consecuencias a nivel económico, bancario y financiero, no solo para España sino también para los consumidores, la decisión del Tribunal Europeo, aunque hubiera anulado las cláusulas, creo que hubiera sido otra y hubiera acogido la versión del Supremo de España, la de limitar la retroactividad de las cláusulas abusivas», sentenció.

La próxima cita del Ciclo de Justicia será el 17 de mayo en Zamora. Estará patrocinada también por el Banco de Santander, Registradores y Nova Center. Colaboran el CGPJ, a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los Consejos Regionales de Abogados y Procuradores y la Universida de Valladolid (UVA).