«Con garantías, prefiero que el fiscal sustituya al juez instructor»

Lleva usted como magistrado de la Audiencia de Segovia desde 2004. ¿Cuál es el mayor cambio al que ha asistido?

Lo más relevante que se ha producido es el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, ahora, el gran cambio que se está dando es la digitalización, porque afecta profundamente a nuestra forma de trabajar y en la manera de relacionarnos con los profesionales. Porque otros cambios, como la nueva oficina judicial (NOJ), implantada en Burgos y León, en Segovia no se ha aplicado todavía. Sí han aumentado los órganos judiciales, lo que ha conllevado el problema de la dispersión, porque ha habido que buscar sitios en sedes distintas. En Segovia capital hay 5 sedes para los 10 juzgados y la Audiencia.

En los presupuestos del Ministerio de Justicia de 2017 figura Segovia. Es la única provincia de Castilla y León en la que se contempla consignación para nuevos edificios judiciales.

En principio, la información que me han dado es que la cantidad presupuestaria es la que estaba y las partidas, presupuestadas y previstas para esta anualidad y los siguientes años. La cuestión es cuándo van a empezar las obras.

El caso de Caja Segovia todavía colea, después de muchos años de instrucción.

-El caso de Caja Segovia no es solo un caso: hay dos asuntos penales en marcha: el de las prejubilaciones de los directivos y el del Torreón de Lozoya. Y luego, además, hay otras cuestiones derivadas de actuaciones de Caja Segovia, con muchos juicios en la jurisdicción civil.

-¿Es el asunto más complejo que ha llegado a los juzgados segovianos durante su carrera?

Por notoriedad, posiblemente sí. Pero por complejidad jurídica, ha habido otros más complicados, más difíciles de gestionar.

Hablando de casos de especial complejidad, ¿cree usted que es el momento de que se otorgue al ministerio fiscal la dirección de la investigación de los delitos? ¿Está conforme con que los jueces dejen de dirigir la instrucción penal?

Si existen suficientes garantías de independencia, soy partidario de que sea el ministerio fiscal el que lidere la investigación, porque la idea del juez instructor ha desaparecido del resto de Europa. Y se ve en el día a día que se degenera en duplicidades de funcionamiento. Al final se convierte en una investigación con dos cabezas. Si el fiscal es quien va a acusar, parece lógico que lidere las diligencias e investigue lo necesario. Lo que ocurre es que, cuando descendemos a la realidad, nos topamos con la independencia, aunque es cierto que los asuntos con directrices son los mínimos, hablamos de un uno por mil. Otro problema es que, si se toca el estatuto del fiscal, hay que ver en qué posición quedan el resto de las acusaciones, la particular y la popular.

¿Ve factible el cambio en esta legislatura?

Lo veo difícil, porque para eso necesitas un consenso muy amplio entre los partidos.

-¿La proximidad con Madrid influye en el tipo de delitos y la litigiosidad en la provincia?

Sucede con bandas de robos y cuando se localizan alijos de droga. En materia civil se trata de asuntos con población que tiene aquí la segunda residencia, son asuntos de propiedad. Pero no es muy significativo en el cómputo general. Lo que sí ha ocurrido es que hemos registrado la mayor carga de trabajo por las demandas de Bankia, nos hemos puesto a la altura de Ávila y somos la tercera Audiencia con más asuntos civiles.

-El ministro Catalá ha dicho en la pasada sesión del Ciclo de Justicia que el Gobierno no tiene intención de cambiar la organización del mapa judicial. ¿Qué opina?

En todas las cabezas de partido es un tema tabú, pero en el siglo XXI no tiene sentido una demarcación judicial del siglo XIX, al menos en Segovia, cuando en una hora te plantas en la capital. En otras provincias con ciudades importantes como Ponferrada, Aranda o Miranda, es distinto. Nadie reclama un hospital para cada zona y la sanidad la usa mucha más gente que los juzgados, pero cuando se toca este asunto parece que se va a acabar el mundo. Con la evolución de la sociedad, hay otras cosas que fijan mejor la población rural que un juzgado: transportes, Internet, telefonía móvil...