Feliciano Trebolle: «Los acuerdos en Justicia deben de fijarse en grandes pactos de Estado»

Desde la ventana de su despacho, dirige la vista hacia lo que se ha convertido estos años en su gran batalla personal: el viejo edificio del Colegio El Salvador, símbolo de la necesidad de unificar los despachos judiciales de la mayor capital de la Comunidad. Valladolid es la que más órganos judiciales tiene, 43, y donde más dispersos están. Pone un ejemplo muy visual: los más de tres kilómetros de distancia que hay desde el Instituto de Medicina Legal, en Arco de Ladrillo, hasta los Juzgados de la calle Angustias. Es tiempo, dinero y dilapidar recursos. «Los forenses tienen que moverse entre tres sedes distintas», apostilla, acordándose en ese momento de Aitor Curiel, el criminólogo forense que va a ser este miércoles su compañero en la mesa del V Ciclo de Justicia El Norte de Castilla-Santander.

Valladolid es la provincia de Castilla y León con mayor volumen de asuntos en los juzgados y con mayor dispersión de sedes. ¿Es esta su mayor singularidad?

Estos dos aspectos son los más importantes y, como consecuencia de ellos, el mayor número de órganos judiciales que existe es en Valladolid, no existe ese número en ninguna otra ciudad de Castilla y León y además, en Valladolid, la Justicia está totalmente especializada en materia penal y civil. También existen salas desplazadas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Todo ello pone de relieve la importancia que Valladolid tiene como ciudad judicial respecto del resto de las ciudades de Castilla y León.

Se va cumplir un año de la obligatoriedad del papel cero en las comunicaciones con los juzgados y se ha puesto en marcha el expediente digital.

La mayoría de magistrados y jueces entendemos que las características de la Justicia han de ser su agilidad y calidad. El expediente digital difícilmente va a contribuir a proporcionar agilidad y calidad. Introduce una Justicia más moderna, equiparándola a otros departamentos de la Administración. Valladolid ha sido pionera, junto con Castilla y León, en el nuevo expediente y la firma digital, como lo fue antes con Lexnet. Realmente llevamos pocos meses con ambos. El expediente digital está funcionando, pero con problemas. Necesitamos, para resolverlos, tener una comunicación directa con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y así se lo hemos pedido al presidente (Carlos Lesmes) en su última visita a Valladolid. En síntesis: estamos en el periodo de introducción. En algunos juzgados está ligeramente avanzado y en otros se está introduciendo. Esta nueva experiencia puede resultar más costosa de digerir por los magistrados próximos a la jubilación, sin apenas contacto con estos nuevos sistemas de comunicación.

El ministro Catalá ha anunciado nuevos cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales instruyan los delitos en lugar del juez instructor. ¿A usted que le parece?

No soy partidario, en principio, de que la instrucción pase a los fiscales. En el momento actual, tal cambio genera importantes problemas que no sé cómo se van a solucionar. Puede impactar con el principio de dependencia jerárquica y además se necesita, pienso, una importante inversión en oficinas y medios. No debe empezarse por el tejado, sino que hay que construir bien el cambio. Entiendo que en la mayoría de los países de la Unión Europea instruyen los fiscales, pero en España esta labor se realiza por los jueces de instrucción, que soportan una enorme carga de trabajo. Si funciona algo bien, no encuentro la necesidad de cambiarlo. España, dentro de la Unión Europea, puede tener características propias, como sería la instrucción por los jueces, al igual que la representación procesal la llevan en España los procuradores de los tribunales.

-En esa misma comparecencia de la pasada semana en el Congreso, Catalá también se pronunció a favor de limitar los aforamientos a más de 2.000 cargos públicos.

Los aforamientos recogen a numerosas personas, no solo a jueces y magistrados, sino también a diputados y senadores. El juez ordinario y predeterminado por la Ley, en virtud del principio de igualdad, debería ser el mismo para todos, por lo que, en este sentido, no veo mal una limitación a los aforamientos que, deberían existir, aunque en número mucho más limitado.

Una nueva legislatura que arranca sin que Valladolid cuente con el Campus de la Justicia, aquél del que se iba a poner la primera piedra, primero en 2013 y luego, a finales de 2015.

Hasta hace año y medio aproximadamente teníamos una sede donde construirlo, en el barrio de Girón, contaba con la aportación de todos los sectores de Justicia, el Ministerio, y fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento. Todo cambia con el nuevo equipo de Gobierno municipal. Se deja sin efecto la anterior aprobación y se fija el campus en el Colegio El Salvador. Avalo totalmente que el Campus esté en el casco histórico, pero entiendo que es muy difícil que pueda prosperar. No tanto por el edificio, sino por la zona del aparcamiento. Creo difícil que las negociaciones con el Sacyl y la Tesorería de la Seguridad Social puedan dar resultado positivo. Todo ello podría desembocar en un futuro litigio en lo Contencioso Administrativo y, en consecuencia, en un Campus de la Justicia a muchos años de futuro. Todavía no existen visos de realidad en el nuevo proyecto del Gobierno municipal.

Un acuerdo a cuatro bandas. Casi, casi, como la Estrategia de Estado por la Justicia que propugna el Gobierno de Rajoy.

Es totalmente necesario una pacto de todos los partidos o de la mayoría. Ello ya debió existir en el Campus de la Justicia de Valladolid. Lo que un partido político gobernante acuerde durante su legislatura, no ayuda a la Administración de Justicia si se produce un cambio en la legislatura siguiente. Los acuerdos en materia de Justicia deben de fijarse en grandes pactos de Estado.