Cinco años de reformas judiciales desde la óptica del territorio

El debate promovido por El Norte de Castilla para seguir a pie de obra los numerosísimos e intensos cambios legislativos (más de un centenar solo en el último año de la pasada legislatura) para modernizar la Administración de Justicia llega a su quinta edición. Un lustro es tiempo suficiente para realizar un primer análisis de la puesta en marcha de esos cambios en los juzgados y tribunales de Castilla a León y cómo, finalmente, repercuten en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos de las nueve provincias de la comunidad. Es verdad que algunos asuntos cruciales para la modernización estructural que ya fueron abordados en profundidad en ediciones anteriores del ciclo aún siguen suspendidos en el aire, como ocurre con la reorganización del mapa judicial. Pero otros, con leyes ya vigentes y en plena aplicación, merecen una revisión desde la óptica provincial. Son muchos los frentes de discusión: la repercusión que está teniendo la abolición de la ley de tasas para las personas físicas, la «exjudicialización» de los registros civiles (llamada privatización por sus detractores) o los esfuerzos para compatibilizar los sistemas informáticos y poder crear el verdadero expediente electrónico, el funcionamiento de las denominadas «nuevas oficinas judiciales» de León, Burgos y Ponferrada y su proyectada extensión al resto de las capitales para tratar de mejorar los tiempos y agilizar lo procesos, el incremento de funciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los proyectos piloto para la digitalización liderados por la Fiscalía en Valladolid, la aplicación de las nuevas penas del Código Penal, en el que ahora también las personas jurídicas (las empresas) puedan ser imputadas, o la visión de los nuevos jueces que se han incorporado a los despachos de los juzgados de la comunidad, entre otros aspectos a analizar.

Aunque la Justicia es única y las medidas son iguales para todos, en un extensísimo territorio cada provincia tiene su idiosincrasia judicial y, por tanto, la aplicación de las reformas conlleva situaciones muy distintas: en Ávila proliferan los matrimonios blancos para obtener la nacionalidad; en Ponferrada, la ratio de casos de violencia machista es elevadísima; en Salamanca hay más pleitos que en el resto; en Valladolid está desbordado el servicio centralizado de notificaciones y el campus de la justicia parece una quimera... Y así, se dan distintas circunstancias en cada una de las sedes judiciales, aunque tengan preocupaciones comunes, como los escollos que implica la digitalización.

Si en la pasada edición el Ciclo miró hacia Europa para comprobar de primera mano que las directivas de la UE y la jurisprudencia del incipiente Derecho Europeo repercute decisivamente en las resoluciones que se toman en los tribunales locales, en esta edición se vuelve la vista al territorio para analizar un lustro de medidas dirigidas a la modernización judicial y cómo se llevan a la práctica en Castilla y León.

Las sedes

Hasta ahora, Valladolid, y excepcionalmente Burgos, han sido las sedes oficiales del ciclo. En esta quinta edición se celebrarán nueve mesas de debate, una por cada provincia de Castilla y León, y serán los magistrados presidentes de las nueve Audiencias Provinciales los anfitriones de estos debates: Mauricio Muñoz Fernández (Burgos), Javier García Encinar (Ávila), Feliciano Trebolle Fernández (Valladolid), Ignacio Javier Rafols Pérez (Palencia), José Ramón González Clavijo (Salamanca), José Manuel Sánchez Siscart (Soria), Ignacio Pando Echevarría (Segovia), Jesús Pérez Serna (Zamora) y Ana del Ser López (León), por ese orden, realizarán una radiografía de la actividad judicial en sus respectivas demarcaciones y el grado de aplicación del plan de modernización del Ministerio de Justicia.

En las mesas redondas participarán como ponentes invitados juristas de ámbito nacional e internacional, como el magistrado César Tolosa Tribiño, de la Sala III del Tribunal Supremo y expresidente del TSJ de Cantabria, o el criminólogo forense y catedrático de la Universidad Isabel I Aitor Curiel. Como siempre, el colofón del acto lo pondrán los asistentes con sus preguntas durante el coloquio.

Serán compañeros de viaje en este recorrido por la realidad judicial de las nueve provincias, además de los dos patrocinadores, el Banco de Santander Justicia y los Registradores de Castilla y León, las Universidades de la comunidad y los colectivos profesionales de Justicia: letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, notarios y registradores.

Otra de las novedades de este curso, que arranca mañana miércoles 19 de octubre en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con la conferencia inaugural del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, es que se abrirá el ciclo a asociaciones y colectivos sociales relacionados con los temas que se van a abordar en cada una de las mesas, con el fin de favorecer la mayor participación social en los debates que se susciten. Las mesas finalizarán a mediados del mes de junio en León, con el acto de clausura y lectura de conclusiones.