La lucha contra los delitos más graves en territorio UE se topa con la desconfianza de los estados

Así que se ha intensificado la cooperación entre las autoridades judiciales nacionales para garantizar que las decisiones judiciales tomadas en un país de la UE sean reconocidas y aplicadas en los demás. Esto reviste especial importancia en los procedimientos civiles relacionados con divorcios, custodia de hijos y pensiones alimentarias, o incluso en los casos de quiebra o impago cuando los implicados viven en países distintos. En el plano de la jurisdicción penal, la UE ha creado la Red Judicial Europea, dirigida a ayudar a combatir delitos graves como la corrupción, el tráfico de drogas y el terrorismo. El paradigma de la colaboración es la orden de detención europea que sustituye a los largos procedimientos de extradición, de manera que los delincuentes sospechosos o condenados que hayan huido al extranjero puedan ser devueltos rápidamente al país donde estén siendo o vayan a ser juzgados.

Sin embargo, en los últimos tiempos soplan vientos de desconfianza en la Unión, que está socavando el principio de reconocimiento mutuo entre los estados miembros, de forma que eso repercute de manera negativa en la cooperación judicial.

La abogada del Estado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Nuria Díaz Abad detallará los avances en esta materia durante la cuarta mesa del IV Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander, que también patrocinan los Registradores y que se celebra este miércoles 11 de mayo en la sede habitual del salón de actos de los Colegios de Abogados y Procuradores de Valladolid.

La ponente es candidata del CGPJ a la presidencia de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECJ) para los próximos dos años. La elección tendrá lugar durante la Asamblea General que se celebrará en Varsovia entre los días 1 y 3 de junio.

Independencia

La RECJ es una asociación que integra a 22 instituciones nacionales de los estados miembros de la Unión Europea a las que está atribuido el gobierno del Poder Judicial o la prestación del apoyo necesario para que este pueda cumplir su misión constitucional de impartir justicia de forma independiente. Además, forman parte de la Red en calidad de observadores el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otras 14 instituciones de estados de la UE o de países en procesos de adhesión.

Entre los objetivos de esta Red están impulsar la cooperación entre estas instituciones, compartiendo información sobre su estructura y competencias e intercambiando experiencias relativas a su organización y funcionamiento, y realizar propuestas y suministrar información a las instituciones de la Unión Europea y otras organizaciones nacionales e internacionales.

La condecorada jurista madrileña tiene en su haber la Encomienda de la Orden al Mérito Civil, la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica en 2011 es miembro del comité ejecutivo de esta organización judicial europea desde junio de 2014.

Compartirá la mesa de debate de El Norte de Castilla con la vocal del Consejo la profesora y doctora de Derecho Procesal Montserrat de Hoyos Sancho, directora del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. El IEE aglutina cerca de 60 investigadores expertos en derecho, economía, historia y política de la Unión Europea. La profesora ponente es además coordinadora y docente en la Escuela Judicial de Madrid.

La profesora De Hoyos, que compatibiliza la docencia universitaria con las funciones de suplente en la Audiencia de Zamora, ha realizado numeroas estancias de investigación en instituciones extranjeras como el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, y es investigadora de proyectos europeos como el Agis sobre garantías de los imputados en la UE o el Grant sobre derecho procesal civil europeo.

En la actualidad dirige un proyecto sobre el estatuto de la víctima y las propuestas para la incorporación de la normativa europea. La última publicación que ha codirigido es sobre el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Esta IV edición del ciclo de justicia está patrocinada por el banco Santander y los Registradores de Castilla y León. Cuenta con la colaboración del TSJ, el CGPJ y las universidades de Valladolid (UVA) y la Europea Miguel de Cervantes (UEMC), así como la Universidad Católica de Ávila (UCAV). Se celebra a las 17:30 horas en la sede del Colegio de Abogados y Procuradores de Valladolid. La entrada es libre hasta completar el aforo.