CCOO insta a Mañueco y a Lucas a reforzar la enseñanza pública y a dejar de «ponerse medallas que no les corresponden»

Asimismo, denunció incumplimientos en las actuaciones de la Junta respecto a la implantación del primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad. Además, recordó que es la LOMLOE la ley que recoge este primer ciclo de infantil como un ciclo educativo más y no meramente asistencial. El Ministerio de Educación y Formación Profesional adjudicó a Castilla y León 38,38 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para impulsar la escolarización del primer ciclo de educación infantil en centros públicos entre los años 2021 a 2024, de los cuales la Junta llegó tarde al primero.

«Las declaraciones de Mañueco dan a entender que el compromiso de implantar la educación gratuita en estos primeros años de infantil procede de su programa de gobierno, algo que no es cierto. Además, de la información que aporta Mañueco se deduce que, si la partida del Ministerio correspondiente al próximo curso son once millones para los centros públicos, la cuantía que aporta la Junta, unos 27 millones (más del doble) los va a destinar a los concertados», dijo.

Además, CCOO recordó a Mañueco que los 38 millones que ha recibido tienen que destinarse a la educación pública y «no debe engañar a la ciudadanía con una hipotética libertad de elección que, en el caso de muchas familias, no llegará a materializarse, ante la insuficiente oferta de centros educativos públicos en muchas localidades y barrios». Como ejemplo, señaló que para el segundo curso del primer ciclo de infantil (dos años) se ha implantado la gratuidad en 130 colegios públicos frente a los 472 centros (concertados y municipales) de gestión privada.

También, el sindicato recordó que Fernández Mañueco mezcle la educación con la conciliación y con una ideología partidista. En su opinión, la Consejería de Educación debe fijar un plan de actuaciones, de modo que la oferta de escolarización para las enseñanzas del primer ciclo de educación infantil permita a las familias la elección de un centro público de gestión directa de la Consejería de Educación. Mientras no exista esta oferta no se puede hablar de libertad de elección de centros.

«No es admisible que una Administración Pública parezca estar más pendiente de facilitar el negocio a empresas privadas que de gestionar con eficacia y lealtad los recursos públicos en bien de la ciudadanía de Castilla y León», concluyó.