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Martes, 22 de febrero 2022, 10:18
El sindicato CCOO Castilla y León destacó este miércoles que los últimos datos sobre el ingreso mínimo vital (IMV), publicados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ponen de manifiesto que alcanzó el pasado año en Castilla y León a un 11,33 por ciento de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en la Comunidad, lo que indica que 36.193 personas fueron beneficiarias de este mecanismo, y supone una mayor cobertura y mayores cuantías que las que venía proporcionando la renta garantizada de ciudadanía.
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CCOO coincide con este organismo en que estas cifras demuestran que «el dato de beneficiarios se sitúe muy lejos de las previsiones del Gobierno en mayo de 2020», cuando preveía llegar al triple de personas. «La causa que ha impedido beneficiar a un mayor número de personas vulnerables es la compleja burocracia a la que han tenido que enfrentarse al realizar las solicitudes. De hecho, ha habido ciudadanos y ciudadanas que han descartado tramitar las peticiones por las dificultades en la tramitación», denunció la formación en un comunicado.
Por ello, exige que se trabaje en la simplificación de la burocracia para el acceso a la prestación, así como en la agilización en los trámites de solicitud. Además, solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, «en aras de la transparencia, publique con periodicidad y mayor detalle los datos que corresponden a esta prestación, para poder con ello valorar la evolución que está teniendo en la ciudadanía, más concretamente en la de Castilla y León».
«La llegada del IMV es un avance en derechos sociales para España, supone una medida estructural importante y un escudo social de protección a las personas más vulnerables, lo cual celebramos y cumple además, con una de las reivindicaciones que este sindicato perseguía hace años, aunque lamentamos el olvido de los agentes sociales en la negociación para su creación».
Desde CCOO Castilla y León, piden al gobierno autonómico de Castilla y León que la partida presupuestaria que se dedicaba a Servicios Sociales, no se desvíe y se siga destinando a paliar la desigualdad social, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como a la inserción social y laboral.
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