Castilla y León remite a la Agencia Tributaria 5.661 solicitudes de ayudas directas a autónomos y empresas

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, remitió el pasado viernes una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, pidiendo una revisión de los requisitos y la flexibilización de los criterios para que más autónomos y pymes puedan acceder a las ayudas directas.

Castilla y León, que fue la segunda Comunidad en convocar las ayudas con el objetivo de que lleguen lo antes posible a los autónomos y pymes, está comprobando que el número de solicitudes de ayudas «es mucho menor al esperado, dado que no pueden acceder por la rigidez de las condiciones normativas impuestas para su obtención».

Las condiciones del Gobierno de España establecen que las ayudas están limitadas 'exclusivamente al pago de deudas vivas con proveedores y otros acreedores, o a los requisitos de caída mínima en el volumen de operaciones, o la intensidad de la ayuda sobre la caída adicional respecto de la mínima exigida'. Estos requisitos están «alejados de la realidad que viven los autónomos y empresas más perjudicados por la pandemia y que pueden impedir que las ayudas alcancen los objetivos que las motivaron».

Asimismo, la Junta, para facilitar el acceso a las ayudas directas, aumentó hasta los 184 sectores de actividad, 89 más que los propuestos por el Real Decreto Ley del Gobierno, lo que ha supuesto incrementar un 94 por ciento las actividades económicas a las que pueden llegar estas ayudas y con ello beneficiar al mayor número de empresarios afectados por la pandemia.

Respecto a la cuantía de la ayuda, para los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva de tributación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el límite máximo de ayuda será de 3.000 euros. Por su parte, la Junta, dentro de su margen de decisión, atenderá especialmente al colectivo de pequeños autónomos, empresarios y profesionales, otorgando el límite máximo previsto en la normativa (3.000 euros).

Para el resto de empresarios y profesionales, sin perjuicio de que se pueda incrementar si hubiera crédito disponible y de forma proporcional a la caída del volumen de operaciones de 2020, el importe inicial será de 4.000 euros.

La Junta de Castilla y León articuló un procedimiento ágil y simplificado para la tramitación de las solicitudes, con la menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando siempre que sea posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa. Así, en todo el procedimiento será obligatoria la tramitación electrónica.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 6 de julio, mientras que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución se ha fijado en el 31 de diciembre de 2021.