Castilla y León regresa a un estado de alarma drástico con el cierre de la hostelería y los centros comerciales

Alfonso Fernández Mañueco anunció ayer el cierre de la hostelería, de los centros comerciales y los centros deportivos que no sean al aire libre. Hoy se indican en ese documento algunas excepciones. Por ejemplo, podrán abrir los restaurantes «de los hoteles y otros alojamientos turísticos», aunque solo para sus clientes o entrega a domicilio o recogida (en estos dos casos también podrán funcionar el resto de establecimientos). Permanecerán abiertos los comedores escolares, sociales y los integrados «en centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales». Se incluye, además, los de centros de formación o comedores de centros de trabajo.

Como ya ocurriera en el primer estado de alarma, cuando se paralizó el país, se hace necesario permitir la apertura de los «servicios de restauración de los establecimientos de suministro de combustible o centros de carga o descarga o los expendedores de comida preparada». De ese modo se garantiza que los conductores profesionales y transportistas puedan cumplir con los tiempos obligados de conducción y descanso.

La redacción del acuerdo es demoledora. «La Comunidad de Castilla y León se encuentra en una situación de riesgo extremo, con transmisión comunitaria no controlada y sostenida, que excede las capacidades del sistema sanitario y que por tanto requiere la adopción de medidas preventivas sanitarias excepcionales», dice. Con eso, y un informe con fecha 2 de noviembre que se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que se ratifiquen las medidas, se justifican estas actuaciones drásticas, encaminadas a reducir al mínimo el contacto social.

Y es que no solo se cierran, en la medianoche del jueves al viernes, «los servicios de restauración, tanto en interiores como en terrazas». También se quedan en suspenso durante al menos 14 días «los grandes establecimientos comerciales». Esto es, según la Ley de Comercio de Castilla y León, «los establecimientos comerciales individuales o colectivos con una superficie de venta al público igual o superior a 2.500 metros cuadrados».

El Bocyl refleja como excepciones los establecimientos comerciales minoristas «de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos sanitarios, centros o clínicas veterinarias, productos higiénicos, librería, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, peluquerías, tintorerías y lavanderías, sucursales bancarias, así como departamentos dedicados a todas las actividades mencionadas y que se puedan encontrar en el interior de dichos establecimientos». En todo caso, se clausurarán las zonas comunes y los parques infantiles y no se podrán consumir productos en los propios establecimientos.

Del mismo modo, podrán abrir los «establecimientos individuales de menos de 2.500 metros cuadrados de superficie de venta al público con acceso directo e independiente desde el exterior».

Las instalaciones y centros deportivos que no sean al aire libre también quedan cerrados, con la excepción de los destinados a la práctica profesional, que se regirán mediante «la normativa y protocolos específicos aplicables a aquella».

De nuevo, como ya ocurriera en los meses precedentes, quedan suspendidas las visitas a los centros de mayores. Los centros podrán permitirlas en «situaciones de final de la vida», como medida de «humanización». Los residentes, además, tampoco podrán abandonar el recinto de la residencia «salvo para acudir al médico» o situaciones de «fuerza mayor».

A los 14 días de entrar en vigor las medidas se hará una evaluación detallada y se decidirá si son «mantenidas, modificadas o levantadas».

A este acuerdo, además, se le suma la trasposición de la Orden Ministerial del 28 de octubre, en la que se fijan los niveles de alerta y las actuaciones correspondientes. Todas las restricciones contenidas en el nivel 3 quedan automáticamente incluidas en la situación actual de Castilla y León, que mantiene además el toque de queda de 22 a 6 horas, hasta el fin del estado de alarma, y el cierre perimetral del territorio, hasta el día 9 de noviembre.

Siguen vigentes, además, prohibiciones como la de fumar en la vía pública cuando no se pueda respetar una distancia de dos metros. También se reduce la presencia en velatorios a «15 personas al airea libre y 10 en espacios cerrados», siempre sin superar un tercio del aforo. En otras ceremonias, el aforo queda limitado a un tercio y un máximo de 20 personas. La misma cuota, un tercio, rige para los comercios.

Academias, autoescuelas y otros centros de formación deberán acogerse también a la reducción a un tercio del aforo. Las bibliotecas también se verán limitadas a un 33% de su capacidad «para cada una de sus salas y espacios públicos», al igual que los archivos, museos y salas de exposiciones.

Cines, teatros y espacios similares quedarán limitados también a un tercio de su aforo, «siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos».

Los congresos y reuniones de negocios y otros eventos tan solo podrán celebrarse de forma telemática.