Castilla y León registra el 20% de los 200 casos de discriminación a gitanos recogidos en 2017

El campus universitario burgalés fue el marco elegido a nivel regional para la presentación del Informe ‘Discriminación y comunidad gitana 2017’, que cumple ya trece años, en el marco de la celebración de la Semana Solidaria de la UBU. En este documento se visibiliza la discriminación cotidiana que sufre la comunidad gitana en España a través de los 202 casos registrados y asistidos, además de recoger los avances, buenas prácticas y jurisprudencia en materia de discriminación.

Respecto al perfil de las víctimas, el informe de 2017 identificó a 334 personas con un nivel socioeducativo medio-bajo, un 80 por ciento fueron menores de 45 años y el 66 por ciento se encontraban en el intervalo de 16 a 45 años, y además el 43 por ciento de las personas afectadas fueron mujeres.

La directora de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla y León también lamentó que en la actualidad todavía exista «mucha infradenuncia» de casos de discriminación, así como una falta de empoderamiento de la comunidad gitana para decidir sobre la defensa de sus derechos cuando son vulnerados. De ahí, dijo, la necesidad del trabajo que realiza la Fundación enfocado a «prestar servicios y garantizar los derechos fundamentales como la igualdad».

Por su parte, la técnica del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, María del Carmen Cortés, puso de manifiesto la necesidad de que se tramite la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación para poder avanzar en la defensa del derecho a la igualdad de todos los grupos de población y en todo el Estado.

En este contexto, consideró que es el momento de retomar y actualizar la propuesta de proyecto de ley integral de igualdad que se hizo en 2011 y que debe contar con el consenso de todos los partidos políticos. Al mismo tiempo, este colectivo solicitó que se reactive el Consejo para la Eliminación de la discriminación racial o étnica y que en España exista un organismo de igualdad independiente -junto a la Ley Integral de Igualdad– dado que «aquellos actos discriminatorios que no constituyen un delito no cuentan con un marco jurídico adecuado en la actualidad».