Castilla y León reconoce la «responsabilidad» del Gobierno en la gestión del lobo y le pide que la aplique para compensar a los ganaderos

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo insistió en que la responsabilidad ante el fallo del Constitucional se encuentra en los procuradores de las Cortes que aprobaron por casi unanimidad, sin votos en contra, la Ley de Caza, que tras la inclusión en septiembre del pasado del lobo al norte del Duero en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), prohibió su caza por estar en peligro de extinción.

Asimismo, el portavoz de la Junta insistió en que el TC ha resuelto un recurso del Gobierno contra la ley de Caza en el que considera que las Cortes se extralimitaron al regular una cuestión, la gestión del lobo, que le corresponde a la Administración del Estado. Así, reconoció que quien es competente, y por tanto, tiene la «responsabilidad» es el Ejecutivo central, al que pidió que actué «con responsabilidad» y compense a los ganaderos.

En ese sentido, Carlos Fernández Carriedo sostuvo que no comparten el fondo del recurso del Gobierno, que entiende que se ha roto el «equilibrio» en Castilla y León, pero recalcó que quien lo ha hecho es el propio Ejecutivo central con el consiguiente «perjuicio» para el medio rural, al crear, en su opinión, menos oportunidades. «No hay más que ver la evolución de los ataques y la falta de compensación», dijo.

Igualmente, el consejero portavoz reivindicó que Castilla y León ha demostrado que ha sabido proteger el lobo y lamentó que el Gobierno imponga los mismos «regímenes» a todos, incluidos las comunidades donde ya no existen ejemplares de esta especie. Por ello, planteó si no sería «más inteligente» proteger el lobo con las políticas de las comunidades que han mantenido su conservación y proteger a los ganaderos.

Además, insistió en que la Junta respeta el ámbito competencial, que ahora aclara el Constitucional, pero remarcó que la posición de la Comunidad está «muy cerca» de otras autonomías del noroeste, con poblaciones de lobo, como Galicia, Asturias y Cantabria, que recordó mantienen una línea jurídica contra la inclusión de esta especie en el Lespre al norte del Duero. En el recurso, recordó, no alegan que el Gobierno no tenga competencias para ello, sino que su decisión va «contra el interés genreal».

Finalmente, el consejero portavoz aseguró que ni Castilla y León, ni las otras comunidades, van a «tirar la toalla» en su lucha contra una medida «claramente perjudicial».