Castilla y León recibirá 7,5 millones de euros procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, reconocía que se trataba de «un paso importante» ya que ahora las distintas administraciones regionales conocerán los recursos con los que cuentan para implementar las medidas relacionadas con el acuerdo. No obstante, ha admitido que la financiación «llega tarde» ya que los Presupuestos Generales del Estado para este año deberían haber sido aprobados con anterioridad.

La consejera ha pedido al Gobierno que agilice al máximo todos los trámites para que las Comunidades puedan disponer cuanto antes de presupuesto asignado si bien es cierto que desde la consejería ya han puesto en marcha distintas medidas en favor de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos.

Según ha explicado, ya se están dando ayudas por valor de 5.000 euros anuales a los huérfanos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas hasta que cumplen los 18 años y se les ofrece educación gratuita hasta los 26. Por otra parte, se facilita un servicio de defensa jurídica gratuita y atención psicológica a víctimas de agresiones sexuales y se prestan servicios psicológicos inmediatos a las víctimas tanto en sede judicial como policial.

No en vano, ha mencionado la importancia de la campaña de sensibilización contra las agresiones sexuales en colaboración con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y la creación de recursos habitacionales para víctimas de trata, víctimas de violencia de género con problemas graves de salud mental o con drogodependecia.

La partida que reciban ahora del Estado irá destinada por tanto a «reforzar» el modelo de atención «Objetivo Violencia Cero», en el que la mujer recibe una atención integral a través de un profesional de referencia que la acompaña durante todo el proceso.

Por un lado, la Junta trasladará parte de su presupuesto a las corporaciones locales para reforzar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores y personas dependientes allí donde sea necesario. En Castilla y León el modelo de atención es personalizado en función de las necesidades de cada víctima a través de los coordinadores de caso y de una estructura de centros de acción social.

En este sentido, Alicia García manifestó que la Junta destinará parte de su presupuesto del Pacto de Estado a las corporaciones locales para reforzar esta atención ya que, en la reunión de la Conferencia Sectorial, también se ha abordado la distribución de fondos que el Estado destina a las corporaciones locales y, a las de Castilla y León les corresponden 1,1 millones de euros, una cantidad «un tanto escasa» si te tiene en cuenta la cantidad de municipios que hay en la Comunidad y la dispersión de los mismos.

Por eso la consejera señaló que desde la Junta de Castilla y León se quiere solucionar esto reforzando el trabajo de las corporaciones locales con parte del presupuesto asignado a la Comunidad Autónoma. De hecho, para reforzar estas actuaciones, con el nuevo Acuerdo Marco ya se incorporaron 92 nuevos profesionales a las corporaciones locales para la atención a las víctimas de género.

Otra de las líneas de actuación será la de prestar especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género con especial vulnerabilidad, como las mujeres con problemas de drogodependencia, inmigrantes, de etnia gitana o con discapacidad. Junto a esto, se reforzará la formación a todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género: justicia, fiscalía, psicólogos, coordinadores de caso, abogados o entidades del tercer sector.

Está previsto también prestar especial atención al ámbito educativo, a los jóvenes y a las familias en la prevención de la violencia de género con actuaciones que les inculquen principios de igualdad, de respeto y de rechazo a todo tipo de violencia, y se potenciarán las campañas de sensibilización contra la violencia de género, buscando el consenso y la colaboración de otras entidades, y en especial, los medios de comunicación, para lograr su máxima difusión y efectividad.

Por último, se reforzarán las actuaciones específicas en prevención y atención a las niñas y mujeres víctimas de agresiones sexuales y víctimas de trata, que en Castilla y León están consideradas como víctimas de violencia de género.

Como conclusión, la consejera ha querido recalcar que el pacto representa «un hito» en la historia de España y ha destacado que Castilla y León fue una región muy activa en su elaboración, ya que desde la Junta propusieron más de una veintena del total de iniciativas que han sido finalmente incorporadas en el texto. Gracias a ello, se han tenido en cuenta en el reparto de financiación criterios como la dispersión geográfica de la población, el envejecimiento o el entorno rural. Destacaba así, que estos criterios de reparto favorecerán una mejor atención al elevado porcentaje de mujeres mayores que viven en los 2.248 municipios de la comunidad.