Castilla y León pierde cada año más de 800 millones con el actual modelo de financiación respecto al anterior

Carriedo denunció que «se ha asentado una idea de que el Gobierno planteará una propuesta perjudicial para las ocho autonomías del reto demográfico» y apeló a un sistema que permita la cohesión territorial.

En este sentido, sentenció que Castilla y León irá a «ganar» en la negociación y apeló a la unidad de las ocho autonomías con problemas de despoblación, pero resumió que hace falta un Gobierno «con sensibilidad de destinar recursos donde hace falta y no conforme a sus apoyos parlamentarios». «Si el modelo apuesta por la cohesión territorial nos irá bien, pero si el objetivo del Gobierno es buscar apoyos políticos y parlamentarios no», sentenció en Los Desayunos de Ical.

Carlos Fernández Carriedo consideró «preocupante que se asiente la idea de que vamos a ir a una negociación sobre un nuevo modelo con más posibilidades de perder que de ganar», tras el reparto de varias ayudas del Gobierno. Una situación, aseguró, que «dice muy poco de la decisión inicial que tiene el Gobierno para abordar esta cuestión, cuando ya hay en el imaginario una propuesta encima de la mesa y las autonomías con más dispersión, superficie y territorio tenemos menos que ganar, que las autonomías con pactos de gobierno, o autonomías a las que pretende compensar de alguna forma». «Eso nos puede situar en desventaja», lamentó.

Carriedo recordó que el sistema actual es «perjudicial y muy negativo» para la Comunidad y «debemos mejorarlo», ya que precisó que se aprobó en 2009 y finalizó su vigencia en 2014, por lo que «tocaría uno nuevo», porque cada año, Castilla y León pierde más de 800 millones respecto a la cantidad que recibía del anterior.

«Fue tan negativo el de 2009 que se ha asentado la idea en mucha gente de que vamos a negociar un nuevo modelo con una posición de desventaja las autonomías con despoblación, envejecimiento y dispersión frente a las autonomías con más población, riqueza y concentración de recursos», dijo.

Por otra parte, el consejero analizó el debate fiscal abierto en España y constató: «No queremos ni que nos suban impuestos ni que se nos obligue a subirlos, cuando los hemos utilizado para beneficiar a la gente».

Carriedo denunció que detrás del debate levantado por el Gobierno en cooperación de Esquerra Republicana, «hay una intención de hablar de armonización cuando se quiere hablar de subida de impuestos». Un debate que para el consejero de Economía y Hacienda es «perjudicial para este momento» de crisis.

En este sentido, el responsable económico de la Comunidad, recordó que su Gobierno no solo no sube impuestos sino que los reduce en sus cuentas para el año que viene, para el medio rural, frente a lo aprobado por el Gobierno para España, con una «subida generalizada y perjudicial para sectores muy importantes para Castilla y León», como son la remolacha y el automóvil.

Carlos Fernández Carriedo destacó que Castilla y León, «siempre ha utilizado bien su capacidad fiscal» y es la segunda autonomía, solo detrás de Madrid, con mejor tratamiento a las familias; y una de las tres mejores en ventajas para el medio rural.

El consejero indicó que en el debate sobre la armonización el «principal perjuicio» es el que se causa por País Vasco y Navarra, porque «su capacidad normativa no la tiene nadie en España» sobre tributos como el de Sociedades. «Nadie puede actuar sobre ese impuesto, todas las demás tenemos el mismo y ahí no pude haber motivo para que una empresa se mueva de un lugar a otro salvo a País Vasco y Navarra», dijo, para recordar que desde Castilla y León «siempre hemos denunciado esas vacaciones fiscales».

En este contexto, defendió que desde la Comunidad, deben hacer «todos los días el esfuerzo» de que la autonomía sea «más atractiva fiscalmente para el conjunto de los ciudadanos y que paguen los impuestos donde tiene que pagarlos, donde tienen los servicios». Al respecto, afirmó que «la gente en general es responsable desde el punto de vista de sus obligaciones fiscales», en relación a la salida de capitales a Madrid por las diferencias en el Impuesto de Patrimonio.

Por último, analizó el futuro del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y reiteró que cumplirán con su programa y lo eliminarán en función de las circunstancias de evolución de la pandemia. Reseñó que se paralizó su reforma con la irrupción de la COVID-19 y también a raíz del pacto de reconstrucción, que «están cumpliendo».