Cs Castilla y León pide eliminar tres peajes pero se olvida de la León-Campomanes y la León-Astorga

El texto recoge que, en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2010, el Ejecutivo puede negociar con las empresas adjudicatarias que finalice la concesión de estas vías de comunicación, como ya ha hecho en muchas del Corredor Mediterráneo.

Asimismo, solicita que se realice un estudio económico-financiero para ponderar los costes de la liberalización de estos contratos y que se analice la aplicación de medidas complementarias que beneficien a los usuarios frecuentes o habituales de estas autopistas, como una reducción de la tarifa o la compensación completa.

La formación naranja ha recordado que la despoblación y el envejecimiento demográfico siguen siendo los principales problemas de Castilla y León (en los últimos ocho años se ha perdido el 5 por ciento de la población, recuerdan en un comunicado recogido por Ical) y que hacen falta medidas estructurales para que los ciudadanos decidan no abandonar la Comunidad e instalarse definitivamente en Madrid. Algo «especialmente sangrante» si se tiene en cuenta la posición estratégica de la Comunidad Autónoma y las posibilidades que supone el desarrollo del Corredor Atlántico.

Desde la formación critican el abandono de la Administración del Estado que, «lejos de acabar con las diferencias entre regiones, ha acrecentado con su inacción las carencias y los retrasos de inversiones en materia de infraestructuras y comunicaciones, tanto las móviles como las terrestres».

Del mismo modo afea las promesas del Partido Socialista para eliminar los peajes en otras autonomías (autopistas AP-7 entre Alicante y Tarragona y en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz) mientras «calla cuando el Gobierno central relega a las provincias de Ávila y Segovia al olvido y castiga a sus ciudadanos». Todo ello, pese a que en la pasada legislatura se presentaron sendas PNL del PP y del PSOE en las Cortes de Castilla y León en las que pedían el fin de estas concesiones.

Desde Cs también advierten que el Ministerio de Fomento parece querer mantener el sistema de concesión administrativa hasta 2024, para luego ampliar la concesión otros siete años más (hasta 2031), según recoge el Real Decreto 756/2019 de 27 de diciembre. «El decreto, lejos de reducir las tarifas, las aumenta y perjudica a los ciudadanos y empresas radicadas en las provincias limítrofes con la capital».

La PNL insiste en que la eliminación de estos peajes igualaría las oportunidades de conexión y desarrollo en estas provincias limítrofes con Madrid, fundamental para crear empleo y facilitar la instalación de empresas que quieran asentarse en la periferia de la capital.

La procuradora de Cs por Ávila, Inmaculada Gómez, recordó que la ciudadanía y las plataformas abulenses reclaman la eliminación de un peaje que «ya tiene que terminar». «Una situación que no debe mantenerse por más tiempo y en la que continuamente vemos como el Ministerio de Fomento pierde las oportunidades que tiene de ponerle fin», defiende.

Gómez explicó que esta carga «lastra la competitividad de Ávila, ya que no permite que los ciudadanos residan en la provincia y tengan sus negocios, sus trabajos y sus estudios en Madrid. Esto les obliga a desplazarse aunque no lo quieran a vivir en la capital, que por otra parte está super colapsada».

Por su parte, la parlamentaria autonómica de Cs por Segovia, Marta Sanz Gilmartín, recalca que medidas de este tipo «son fundamentales para fijar población en las provincias limítrofes con Madrid» y critica que, la falta de infraestructuras, «son una muestra de los olvidos intencionados de los socialistas para con Castilla y León».

Sanz Gilmartín insiste en que, en el caso de Segovia, «hay que intentar eliminar estos peajes para facilitar que los ciudadanos no se trasladen a Madrid y para incrementar la competitividad de las empresas», y señala que desde su partido esperan que «el nuevo Gobierno sea verdaderamente social y ayude a mejorar la vida de los segovianos».