Castilla y León inicia 2024 con los presupuestos prorrogados, la séptima vez en la historia

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, 28 de diciembre, la prórroga presupuestaria de 2023 a través de un Decreto que regula las condiciones y garantiza las cuentas hasta que finalmente se apruebe el presupuesto de 2024, previsiblemente en el primer trimestre de enero, como ha asegurado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

El Decreto establece la prolongación de los créditos iniciales de 2023 y tiene como objetivo «facilitar» la gestión administrativa y el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

Con el Decreto de Prórroga a partir de 1 de enero de 2024 y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto, quedan prorrogados los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023. Asimismo, se establece la limitación de los créditos del presupuesto prorrogado; lo relativo a la imputación de gastos durante la prórroga y, por último, el ámbito de aplicación del Decreto de Prórroga.

Así, en primer lugar, el Decreto establece que desde el 1 de enero de 2024 hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024, quedan prorrogados los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023, aprobados por la Ley 3/2022, de 29 de diciembre. En todo caso, no afectará a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que hayan concluido en el ejercicio que termina o que estén financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda prorrogarse.

En segundo lugar, se establece que la disponibilidad de los créditos se supeditará en su cuantía al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Así, los créditos financiados con recursos finalistas no vigentes en 2024 o que, estando vigentes, su anualidad correspondiente a 2024 sea inferior a la prevista en el presupuesto de 2023 prorrogado a 2024, serán minorados tanto en el estado de ingresos como en el estado de gastos, en el importe de la ayuda financiera que no se va a percibir en dicho ejercicio.

En tercer lugar, se establece el orden de imputación de los gastos durante la prórroga: primero, los compromisos, obligaciones u operaciones contempladas por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2023 y las de apertura del ejercicio 2024; segundo, los compromisos derivados de disposiciones, convenios y contratos programa que estuvieran en vigor el 31 de diciembre de 2023 y que supongan obligaciones en 2024; tercero aquellos compromisos debidamente adquiridos que se destinen a pensiones, subvenciones y ayudas cuyo beneficiario tuviera derecho a 1 de enero de 2024; y, por último, se imputarán el resto de los gastos, conforme a su naturaleza, correspondientes a actuaciones no finalizadas.

Por último, las normas de aplicación anteriormente descritas son de aplicación a todas las secciones presupuestarias que conforman los presupuestos generales de la Comunidad, a excepción de la sección 20 'Cortes de Castilla y León e Instituciones propias de la Comunidad'.

El anterior procedente de prórroga presuestaria es el de 2022 que comenzó con cuentas prorrogadas por la disolución de las Cortes y por el adelanto electoral que se produjo precisamente a dos días del pleno de debate de las enmiendas parciales de las cuentas que negociaba el entonces Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos --negoció hasta el 20 de diciembre de 2021-- con Por Ávila.

A diferencia de lo que ocurrió en 2019 o en 2020, cuando ni siquiera se tramitaron las cuentas, en esa ocasión la Junta de Castilla y León sí había llegado a presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2022, que ascendían a 12.835 millones de euros.

De hecho, las cuentas de 2022 habían sorteado gran parte de la tramitación parlamentaria y sólo estaban a expensas del debate de las enmiendas parciales en el pleno de los días 22 y 23 de diciembre, 1.771 a las cuentas y 67 al articulado, debate que quedó truncado por la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes, vigente desde el martes 21.

Las anteriores prórrogas presupuestarias fueron: la triple prórroga del presupuesto de 2018 con el que echó a andar 2021 --otra situación inédita en la historia de la Comunidad--; la de 2011 para 2012 y la de 2016 para 2017, si bien en estos dos ejercicios las cuentas se aprobaron a mediados de año, algo que no ocurrió ni en el ejercicio de 2018 para 2019 ni en el de 2019 para 2020.

El expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera optó por la prórroga en dos ocasiones, la primera en 2012, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones generales a finales de 2011 sin dejar presupuesto para el siguiente año, y en 2017, tras la comunicación de que las entregas a cuenta que envió el Montoro variaron a la baja y el Gobierno de Rajoy llegó a Navidad sin aprobar ni el objetivo de déficit ni el de deuda y sin apoyos para aprobar las cuentas estatales.

El Decreto de Prórroga de los presupuestos de 2012 obligó a los consejeros a pedir autorización para hacer gastos previa elaboración de una memoria justificativa de su necesidad, oportunidad y posibilidades de financiación --las únicas excepciones fueron las Cortes, el Consultivo y la PAC-- mientras que la segunda se optó por una prórroga presupuestaria «muy transitoria» y «blanda» para garantizar los gastos de funcionamiento de las consejerías.

Según explicó entonces la consejera de Economía y Hacienda, en 2011 la Junta tuvo que prepararse «con mucho cuidado y esmero» aquel Decreto de prórroga presupuestaria en el que se basó para el Decreto de 2016 «muy similar» en las instrucciones técnicas pero sin «tantas trabas» a determinados gastos ya que las circunstancias económicas y presupuestarias habían cambiado respecto a aquel año 2012 cuando la Junta declaró «indisponibles» tantos recursos como fueran necesarios para respetar el objetivo de estabilidad de ese ejercicio.

La prórroga de los presupuestos de 2011 se prolongó hasta el 25 de mayo aprobó el Proyecto de Presupuestos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 que ascendía a 9.720 millones de euros, un 3,24 por ciento menos, y se situó en niveles de 2007.

En el segundo caso (de 2016 a 2017) el nuevo presupuesto se aprobó el 23 de junio por un montante total de 10.293,18 millones de euros, un 4,7 por ciento más.

La tercera prórroga se produjo de 2018 para 2019, entonces la Junta justificó la decisión de no presentar el proyecto en la falta de datos ciertos para elaborar una previsión de ingresos y gastos fiable ante la carencia, a su vez, del correspondiente proyecto de presupuestos generales del Estado.