Castilla y León inicia el año con nuevos presupuestos pero sin Ley de Medidas que los acompañan

Esto ha llevado a que Castilla y León estrene el año con nuevos presupuestos --tenía prorrogadas las cuentas de 2021-- pero sin la Ley de Medidas que contemplaba, entre otras propuestas, las rebajas fiscales para familias numerosas que anunciaron precisamente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Juan García-Gallardo, cuando presentaron los presupuestos el 27 de octubre pero que tampoco incluyeron, por lo que tuvieron que ser añadidas por los grupos PP y Vox vía enmiendas parciales en el citado texto de acompañamiento que finalmente no ha visto la luz.

No obstante, los dos grupos asumieron su error que achacaron a una «incorrecta formulación» de lo que se estaba votando en ese momento --se unieron enmiendas parciales con votos particulares-- y cinco días después de la votación fallida registraron una Proposición de Ley ya admitida a trámite por la Mesa de las Cortes, que preside Vox, en la que recogen «todas» las acciones fiscales que se incluían en el citado proyecto de Ley de Medidas Tributarias con la pretensión, además, de que tenga efectos retroactivos a 1 de enero de 2023.

Para ello, el Parlamento ha dado luz verde a la habilitación del mes de enero para la celebración un pleno extraordinario en el que se proceda a la toma en consideración de la PL que finalmente se podría aprobar en febrero.

A esto se une que el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha impugnado la votación del propio presupuesto general de la Comunidad para 2023, al considerar que se había incumplido el Reglamento de las Cortes por la «imposición» de su presidente, Carlos Pollán, de no votar nominalmente una enmienda defendida por Ciudadanos, impugnación a la que se sumó su compañero en el Grupo Mixto y procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández.

Y el secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha advertido de que la suspensión del citado pleno de presupuestos en hasta dos ocasiones puede tener consecuencias legales tanto para el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, como para el futuro del propio presupuesto.

«Suspender dos veces un Pleno, donde reside la soberanía de los castellanos y leoneses, puede que tenga consecuencias sobre la propia aprobación de la norma», ha explicado Tudanca, que esta misma semana ha asegurado que su Grupo se planteaba la posibilidad de recurrir los nuevos presupuestos por la paralización de la sesión en el punto en el que se solicitó la votación por nombramiento de la enmienda sobre el ELA presentada por Cs.

Por otro lado, los nuevos presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, publicados ayer en el Bocyl para su entrada en vigor en tiempo este 1 de enero de 2023, ponen fin a la prórroga de las cuentas de 2021 que provocó el adelanto electoral que se produjo a dos días del pleno de debate de las enmiendas parciales de las cuentas para 2022 que negociaba el entonces Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos --hasta el 20 de diciembre-- con Por Ávila.

Eso ha supuesto que Castilla y León haya pasado todo 2022 con los presupuestos de 2021 prorrogados, la sexta vez que ha ocurrido en la historia de la Comunidad. Se da la circunstancia de que las cuentas de 2021, que ascendían a 12.291 millones de euros, tampoco vieron la luz el 1 de enero, como marca la tradición, ya que fueron aprobadas un 10 de febrero.

Pero, a diferencia de lo que ocurrió en 2019 o en 2020, cuando los presupuestos ni siquiera se tramitaron, en las de 2022 la Junta de Castilla y León sí había llegado a presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para ese año, que ascendían a 12.835 millones de euros.

De hecho, las cuentas de 2022 habían sorteado gran parte de la tramitación parlamentaria y sólo estaban a expensas del debate de las enmiendas parciales en el pleno de los días 22 y 23 de diciembre, 1.771 a las cuentas y 67 al articulado, debate que quedó truncado por la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes.