Castilla y León exige una moratoria a la obligación de dar de alta al alumnado de FP en la Seguridad Social

La Consejería de Educación remitió dos cartas a los ministerios competentes solicitando la derogación de la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de Formación Profesional, o la moratoria de la entrada en vigor hasta el año 2025.

Este ha sido uno de los principales puntos tratados en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación que se ha celebrado este miércoles en Madrid, a la que ha acudido la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien consideró que tal y como está planteada la norma, «se pueden producir efectos no deseados, ya que se desincentivará la participación de los empresarios poniendo en riesgo las prácticas y la propia titulación del alumnado».

«Ya lo estamos viendo. Los estudiantes merecen un sistema serio, viable y fiable. Y este no lo es. Hemos solicitado que se convoque un comité técnico que estudie la mejor forma de implantar esta norma de la forma de manera que sea beneficiosa para el sistema y los alumnos», enfatizó la consejera.

Según la nueva normativa, a partir del 1 de enero los alumnos en prácticas de Formación Profesional y los universitarios empezarán a cotizar a la Seguridad Social. Esta medida afectará a 1,1 millones de estudiantes en prácticas de Formación Profesional que deberán cotizar por su formación en las empresas, que será de al menos el 25 por ciento de las horas lectivas, según se indica en la Ley de Formación Profesional que fue publicada en el BOE en abril de 2022.

Asimismo, la Junta considera que esta norma debe garantizar una seguridad jurídica. En este sentido, Lucas ha subrayado que la Administración debe asegurar que las prácticas de los estudiantes «sean de calidad». «No podemos pedir a nuestros jóvenes que renuncien a formarse por no poder cotizar, lo que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables como, por ejemplo, los que están cobrando la prestación por desempleo o cualquier subsidio», ha resaltado.

Además, según el Gobierno autonómico, la implementación de esta normativa va a suponer un incremento exponencial del trabajo de gestión en los centros educativos, en las direcciones provinciales y en los servicios centrales, lo que provocará a su vez un sobrecoste que, una vez más, tendrán que soportar las comunidades. «Unos gastos adicionales que son mayores a los que estima el Ministerio, por lo que exigimos que se financie esta medida tanto en el coste de las cotizaciones como en el de medios personales para atender la gestión de esta», subrayó Rocío Lucas.

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, reconoció «el debate» que ha generado esta norma, «acordada con los agentes sociales», según ha recordado, en esta Conferencia Sectorial. Las autonomías, apuntó, han planteado distintas dudas por el procedimiento administrativo, así como por el posible desembolso que conlleva este proyecto. Sin embargo, la ministra anunció que el gasto de esta medida en 2024 «no será sufragado en ningún caso por las comunidades».

Según ha explicado, la Seguridad Social bonificará el 95 por ciento de las cotizaciones y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes financiará el cinco por ciento restante el próximo año. «Las comunidades autónomas no tendrán que asumir ningún gasto en 2024», zanjó.

Reparto de fondos

Por otro lado, uno de los objetivos de esta reunión era aprobar el reparto de 330 millones de euros para las comunidades autónomas. Los fondos, cuya distribución recibió el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado 7 de noviembre, servirán para crear 76.479 nuevas plazas de Formación Profesional, por lo que las regiones recibirán 143 millones de euros; así como 21.794 plazas públicas y gratuitas del primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), gracias a una inversión de 142,4 millones de euros.

Asimismo, se ha aprobado una nueva partida presupuestaria destinada a sufragar los gastos derivados de la escolarización de niños y jóvenes desplazados a España por la guerra en Ucrania. Desde el inicio del conflicto, más de 38.000 personas han llegado a centros educativos no universitarios del país. Las comunidades recibirán 41,9 millones de euros para la contratación de personal docente de refuerzo y auxiliares de conversación, ayudas para transporte o la compra de libros y material escolar, entre otras.

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