Castilla y León ejecuta el 84% de sus políticas de empleo y deja sin gastar 41 millones

La AiRef analiza el ejercicio de 2017, en el que Castilla y León dispuso de un presupuesto inicial de 247,4 millones de euros, que finalmente se elevó a 256,40 millones para políticas activas de empleo. De ellos, finalmente gastó 215,55 millones, el 86%, es decir 41 millones menos de lo anunciado. Esta cantidad supone el 7,3% del total gasto en el conjunto del país, por encima de la cuota regional de desempleo, que es del 4%.

El gasto medio por demandante de empleo es hasta 4,6 veces superior en algunas comunidades: la media del gasto por demandante de empleo en España se sitúa en los 44,59 euros y la mediana en 42,07. En 2017, el País Vasco fue la comunidad con el mayor gasto por demandante de empleo con 97,62 euros, a mucha distancia de la siguiente, Galicia con 59,15 euros. Castilla y León es quinta con 46,86 euros.

También se dan grandes diferencias en el número de demandantes por empleado de oficinas, que es tres veces superior en algunas comunidades autónomas. Castilla-La Mancha es la peor de la tabla con 1.856 personas, mientras que la media es de 1.026 desempleados por funcionario. El País Vasco vuelve a ser la mejor posicionada con 579 y Castilla y León vuelve a ser quinta con 908 demandantes.

Por otro lado, mientras en el conjunto de autonomías más del 90% de los servicios de las oficinas corresponden a información y orientación, en el caso de Castilla y León hay menos información (88%) y así pues más porcentaje de acciones relacionadas con la orientación para el autoempleo, la formación ocupacional y la contratación.

Las políticas activas de empleo de la Junta están pactadas con la patronal, Cecale, y los sindicatos CC OO y UGT dentro del Consejo del Diálogo Social, que todos los años marca las prioridades y directrices de gasto en este ámbito. El grado de cumplimiento que Junta y agentes sociales suelen otorgar a los planes de empleo ronda el 90%.

En su informe, la AIReF estima entre 6.100 y 6.500 millones de euros la partida de gasto que se destina en España a Políticas Activas de Empleo y propone identificar los programas servicios e itinerarios más eficaces para hacer una asignación eficiente de los recursos públicos. En particular, apuesta por «incorporar la evaluación como práctica habitual para poder tomar decisiones basadas en la evidencia».

También sugiere incorporar incentivos orientados al cumplimiento de objetivos en la asignación de recursos en la Conferencia Sectorial y en las retribuciones de los responsables de orientar y formar a los demandantes de empleo. Asimismo, plantea diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales, ya que la dimensión local en España es limitada.