Castilla y León cierra el primer trimestre del año con 13.272 millones de deuda pública, 327 millones más que hace un año

El conjunto de las autonomías acumularon una deuda de 322.211 millones de euros, que representan un crecimiento del cuatro por ciento en la comparación interanual y 12.468 millones de euros más, en cifras absolutas, según loa datos del Banco de España consultados por Ical.

La deuda contraída por la Comunidad de Castilla y León en el primer trimestre del ejercicio representa el 20,3 por ciento del PIB autonómico, un porcentaje inferior a la media para el conjunto de las autonomías, que se sitúa en el 23,7 por ciento, es decir, 3,4 puntos más. El peso de la deuda sobre PIB se ha reducido desde el 21,7 por ciento del mismo periodo de 2022.

Castilla y León se sitúa en el arranque del año en el octavo puesto del ranking de las autonomías junto a Andalucía, con menos deuda en relación al PIB, por detrás de Navarra, 13,5 por ciento; Madrid y País Vasco, 14,2 por ciento, en ambos casos; Canarias, 14,9 por ciento; Asturias, 16 por ciento; La Rioja, 17 por ciento; y Extremadura, 17,7 por ciento.

La autonomía con mayor endeudamiento respecto a su PIB es Valencia con un 43,7 por ciento (55.439 millones de euros); y peor que Castilla y León también están Cataluña 33,1 por ciento; Castilla-La Mancha, 32,7 por ciento; Murcia, 31,7 por ciento; Baleares, 26,1 por ciento; Extremadura, 22,7 por ciento; Cantabria, 21,7 por ciento; y Aragón, 21,3 por ciento.

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta destacó que la Comunidad disminuyó en los últimos 12 meses el peso de su nivel de endeudamiento en 1,4 puntos porcentuales de PIB y en medio punto porcentual con respecto al cierre de 2022.

Las mismas fuentes indicaron que en el importe, el supervisor bancario también incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 268 millones de euros, así como el llamado «factoring sin recurso» –créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 12,4 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 256 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que al acabar el primer trimestre de 2023, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 26,3 por ciento, con 3.483,4 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera, con 1.965,8 millones de euros, –en concreto, el 14,8 por ciento- correspondiente a préstamos concertados en 2015 y 2020.

Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.331,2 millones de euros, un diez por ciento de la deuda de la Comunidad.

Por otro lado, el 96,3 por ciento del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,7 por ciento de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto a los plazos de vencimiento, el 99,7 por ciento de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 0,3 por ciento firmada a corto. El 77,5 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 22,5 por ciento a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor.

Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 2.783 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional.