Castilla y León se une a Asturias, Cantabria y Galicia para pedir el aplazamiento de la reunión del grupo de trabajo del lobo

La petición fue realizada por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, al director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jorge Luis Marquínez, después de recibir por correo electrónico la convocatoria para mañana, 10 de febrero, del Comité de Flora y Fauna Silvestre y del grupo de trabajo del lobo para tratar los «supuestos acuerdos adoptados» en la Comisión Estatal.

En ese sentido, las regiones del norte peninsular consideran que dicho acuerdo «es una propuesta, no un acuerdo, que no da por finalizado el procedimiento administrativo y que, además, presenta una serie de irregularidades que deben ser corregidas», informó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en un comunicado remitido a Ical.

Y es que, tal y como denuncia la Junta de Castilla y León, «estas irregularidades afectan tanto a la tramitación del procedimiento como a la celebración de la última Comisión Estatal», ya que el propio dictamen emitido por el comité científico señala «la ausencia de criterios objetivos para la inclusión de especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre)».

Así, la Junta de Castilla y León se suma a las acciones y medidas que las otras comunidades autónomas del norte emprenden para frenar la inclusión del lobo en el Lespre. Y es que estas comunidades, que albergan más del 95 por ciento de los lobos de España, defienden que «esta decisión estatal carece de fundamento técnico y científico y vulnera las competencias exclusivas en materia de caza de las comunidades autónomas, pues la propia normativa comunitaria permite que las poblaciones de lobo al norte puedan ser gestionadas con normas cinegéticas».