Castilla y León arrastra una deuda de 900 millones con el Estado por la desviación de la financiación en la era Zapatero

Cada ejercicio se retienen unos 74 millones a la Comunidad en los fondos que se transfieren, lo que supone la mitad del presupuesto de alguna consejería. De esta forma, a mediados de 2018, el último dato disponible, calculado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y confirmado por la Junta, sitúa la deuda en los 997 millones, una cifra que en la actualidad rondaría los 900 millones.

«Es un problema que seguimos sufriendo y que heredamos de una decisión injusta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo una negación de la crisis económica», expuso a Ical el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien señaló que cada año no se ingresan 74 millones que se podrían dedicar a los servicios públicos.

El agujero financiero se originó al elaborar el Gobierno de entonces unas previsiones de ingresos que no se cumplieron por la irrupción de la crisis económica. El desplome en la recaudación se produjo cuando las comunidades ya habían elaborado y estaban ejecutando sus presupuestos, por lo que cuando se cerró la liquidación del ejercicio, dos años después, llegó la sorpresa, justo en un momento en el que ya las administraciones autonómicas habían comenzado a recortar el gasto.

El Estado planteó, primero, un aplazamiento a cinco años, posteriormente a diez y, finalmente, a 20 años de las devoluciones derivadas de las liquidaciones negativas. El desfase que acumulaba Castilla y León en 2008 ascendía a 444 millones, una cifra a la que se sumaron otros 1.439 millones en 2009, lo que en conjunto dejaba un volumen pendiente de devolver de 1.883 millones, la mitad del gasto de la Consejería de Sanidad.

Fernández Carriedo remarcó que tras siete años seguidos de crecimiento económico, la Comunidad sigue pagando las consecuencias de lo ocurrido al inicio de la crisis. El consejero señaló que ahora parece que sus consecuencias se han superado, si bien destacó que los ciudadanos que buscan todavía empleo «bien saben» que siguen presente, como a su juicio ocurre con la financiación.

En el conjunto del Estado, la desviación generó unas liquidaciones negativas de 24.250 millones de euros. A partir de 2013, la cantidad pendiente de reintegro por parte de todas las comunidades se situó en los 19.676 ,millones; en 2015, en los 15.727 millones, y en 2018, en los 12.865 millones. El pasado ejercicio, el saldo pendiente más elevado correspondió a Andalucía (3.233 millones), Cataluña (1.684), Comunidad Valenciana (1.232) y Galicia (1.145).

En 2012, la deuda pendiente de Castilla y León se situaba en 1.794 millones, una cifra que a mitad del año ya era de 1.704 millones. Un año después, el importe total cayó hasta los 1.525 millones, lo que supuso una retención de 179 millones, y en 2014, de la misma cantidad, hasta los 1.346 millones. En 2015, fue menor, de 127 millones, lo que dejó el saldo pendiente en los 1.219 millones.

En el periodo de 2016 a 2018, la retención practicada por el Estado para lograr que la Comunidad se ponga al día ha sido menor, en concreto de 74 millones. De esta forma, a mitad del pasado ejercicio, todavía se registraba una deuda de 997 millones, una cantidad que ahora ronda los 900 millones, según los cálculos de la Junta.

El aplazamiento del reintegro de estas liquidaciones es para Fedea un «préstamo sin intereses» del Estado a las comunidades, lo que para esta Fundación también supone una ayuda implícita muy similar a las canalizadas a través de los mecanismos adicionales de financiación. De esta forma, solo en 2018 este instrumento representó, en el caso de Castilla y León, un gasto para las arcas del Estado de 29 millones, si bien en 2017, fue de 32 millones y en los primeros años, en 2011, de 105 millones.