Castilla y León arranca el año con las últimas cuentas de Herrera de 2018 prorrogadas

En términos generales, se establece la prórroga de los créditos iniciales en vigor salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse.

Esto implica que, mientras se mantenga la prórroga, la Junta atenderá con normalidad los gastos de personal, capítulo uno; los derivados del funcionamiento habitual, en especial los que aseguran la prestación de los servicios públicos esenciales, capítulo dos; y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad, capítulos tres y nueve.

En cuanto al resto de los gastos, el Decreto señala que estos se imputarán conforme a su naturaleza a los respectivos capítulos –cuatro o de transferencias corrientes, seis o de inversiones reales, siete o de transferencias de capital y ocho o de activos financieros– cuyos créditos se prorrogan, dando continuidad a las medidas que se venían realizando a lo largo del ejercicio.

Esto supone, y así lo recoge el Decreto, que la Junta seguirá ejecutando partidas correspondientes a cualquier prestación que viniera realizando de forma sistemática a lo largo del ejercicio, así como las que resulten imprescindibles para atender el servicio público o cumplir una norma con rango de ley.

Añade también que se entiende por gastos correspondientes a actuaciones no finalizadas todos aquellos que se encuentren vinculados a acuerdos, planes o compromisos realizados por el Gobierno de Castilla y León con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

Las normas de imputación de gastos reguladas en este proyecto de decreto afectan a todas las secciones presupuestarias, salvo a la 20, Cortes de Castilla y León e instituciones propias de la Comunidad, y a la 31, Política Agraria Común (PAC).