Castilla y León apuesta por un nuevo fondo demográfico y dinero de las autonomías forales para el nuevo sistema de financiación autonómica

Las alegaciones de la Comunidad al informe del Ministerio de Hacienda para el cálculo de la población ajustada, para la distribución de las partidas, al que tuvo acceso Ical, critica los criterios de reparto que pretende aprobar el Gobierno y pone sobre la mesa alternativas en todos los aspectos.

El Ejecutivo autonómico lamenta que no se haya presentado una propuesta de reforma integral, que establezca todos los elementos para determinar los recursos, ya que un nuevo modelo «no admite más demora» ante la «clara insuficiencia» del sistema actual, con el que la Comunidad acumula un déficit desde 2009 de 7.650,52 millones de euros, fruto de un sistema «ineficiente, insuficiente y deficitario».

Las alegaciones elaboradas por el departamento que dirige Carlos Fernández Carriedo, surgen a raíz del pacto sobre la materia de las Cortes, las sugerencias de los grupos parlamentarios y la declaración de Santiago de Compostela con Galicia, Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Apela a un incremento de los recursos globales que atienda al costes real de los servicios.

La Comunidad apuesta por mantener los fondos de suficiencia global y convergencia, y por incorporar al Fondo de Garantía el 100 por ciento de los recursos tributarios cedidos, frente al 75 por ciento actual, «incluyendo una aportación de las comunidades forales» para que todos los territorios contribuyan a la solidaridad interterritorial y la igualdad.

El Ejecutivo reclama además una mayor autonomía fiscal, con mayor cesión tributaria y competencias de gestión; el mantenimiento de una cláusula de statu quo que evite una posible pérdida de financiación; y la implantación de una «suficiencia dinámica» que permita garantizar a cada autonomía una financiación suficiente durante toda la vigencia del mandato.

La Junta apela a «acertar en los costes reales» de los servicios para garantizar la igualdad y evitar desequilibrios y hacerlo de una forma «dinámica» sobre la base de las proyecciones demográficas, «corrigiendo el modelo actual en favor de las comunidades con retos demográficos». Y es que, como denuncia, el peso relativo de la población ajustada se ha reducido un 0,3 por ciento para la Comunidad, pero los recursos que recibe han mermado más del el doble, un 0,63 por ciento, unos 600 millones en competencias homogéneas.

En todo caso, Castilla y León demanda la definición de un catálogo de servicios común cuya financiación esté asegurada atendiendo a las necesidades de gasto real y evaluando el sobrecoste vinculado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales por la extensión, baja densidad, dispersión o envejecimiento; sobre la base de una corrección de los déficit dotando al sistema de mayores recursos. El reto básico es «la determinación del coste real de un catálogo de servicios común» para todas las autonomías, que tenga en cuenta los factores geográficos y demográficos, agregando un análisis dinámico de situación sobre tendencias de población.

En este sentido, la Junta denuncia que el cálculo de población ajustada del Gobierno se realiza mayoritariamente desde la perspectiva de la demanda, atendiendo a la población destinataria de los servicios, y «otorga un peso residual a los factores no poblacionales con incidencia en el coste diferencial de prestación de servicios». «Este enfoque es el causante de la infrafinanciación», sentencia.

En conjunto, Castilla y León pretende que las variables correctivas tengan un peso de cinco puntos en el nuevo sistema de financiación para los servicios básicos, frente a la horquilla fijada del 3-4 por ciento del Gobierno; y que superficie y dispersión condicionen un tercio de los gastos en otros servicios en una proporción del 75-25 por ciento, que el ministerio deja en base el padrón. En concreto, quiere que la superficie pese al menos un 1,8 por ciento, los costes fijos un uno por ciento, pero no solo para las autonomías de menos de dos millones de habitantes; la dispersión un 0,6 por ciento y la despoblación un uno por ciento, junto con el mismo porcentaje para la insularidad.

La Junta reclama también en sus planteamientos la creación de un fondo específico distinto al de Compensación Interterritorial, que se reparta entre las autonomías con menor densidad de población y dote de una «financiación estable» a los territorios más afectados.

En relación a los indicadores propuestos para reflejar el fenómeno «estático» de la despoblación (zonas despobladas) en el modelo, el que mejor lo refleja, a su juicio, es el que apunta a la población necesaria para alcanzar la densidad media sin poblaciones de más de 75.000 habitantes, porque se excluyen localidades no afectadas por el problema y se tiene en cuenta la superficie sobre la que se distribuye el resto de habitantes, concentrando los recursos en mayor medida en las regiones más afectadas por este fenómeno. En este sentido, la Junta propone explorar la posibilidad de utilizar la población necesaria para alcanzar la densidad media sin localidades de más de 20.000 habitantes, como nueva variable.

En cuanto a su aspecto dinámico (pérdida de población), la propuesta ministerial afirma que debe abordarse con fondos externos al sistema, pero Castilla y León traslada que no comparte que el Fondo de Compensación Interterritorial sea el instrumento adecuado para tratar la despoblación, porque está centrado en los desequilibrios económicos y no en los sociales, y las partidas para la Comunidad bajaron un 77 por ciento desde 2009, de 83,9 a 19,25 millones en 2021, y exige un nuevo instrumento.

El planteamiento del Gobierno autonómico exige además no disminuir el peso de la dispersión y propone utilizar el «número de agrupaciones de celdas contiguas de un kilómetro cuadrado que tienen población» para conocer la distribución geográfica de los habitantes y la distancia existente entre los diferentes asentamientos. Por lo que se refiere a la orografía, la Junta exige que se tenga en cuenta el número de kilómetros cuadrados de superficie con pendiente elevada, y no su peso relativo en el conjunto del territorio.

La propuesta de Castilla y León apela a ponderar al menos en el límite superior de la horquilla prevista para sanidad y servicios sociales, 45 y diez por ciento de los fondos, para incorporar en su justa medida el envejecimiento sobre el gasto.

En materia sanitaria, la Junta valora el establecimiento de 20 grupos de edad, pero critica duramente que se quiera usar el precio de venta al público para el gasto en farmacia, con significativas diferencias en el copago, y pide que se utilice el gasto real asumido por las autonomías, excluyendo las aportaciones de los usuarios.

En servicios sociales, el Gobierno regional carga contra la «pérdida de peso del envejecimiento en el nuevo modelo», algo que se considera «inaceptable». Se propone desglosar la población mayor de 65 años en grupos quinquenales de edad, ponderados por la posibilidad de sufrir una discapacidad y por un índice representativo de su grado de dependencia. Asimismo, se plante la inclusión de una nueva variable que tenga en cuenta el coste del mantenimiento de los centros residenciales, compensando a las autonomías con mayor número de usuarios y mayores desembolsos. La Junta rechaza las variables relacionadas con la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

La Junta propone un cambio en el reparto entre educación no universitaria y FP y universitaria, la primera en una horquilla de 70-75 por ciento (75-80 por ciento en la propuesta gubernamental); y la superior en el 25-30 por ciento (20-25), conforme a las proyecciones de población del INE, que prevé una bajada de las personas de entre 0 y 18 años en 2035 del 19,3 por ciento, frente a una subida de los de entre 19 y 24 del 8,4 por ciento.

En educación no universitaria se propone usar como indicador de población el padrón de 1 1a 17 años, más los alumnos matriculados de FP; y en universitaria, la misma fuente de 18 a 24 años, «multiplicado por su tasas neta de escolarización en educación universitaria» o alternativamente, el número de alumnos matriculados en los centros de la Comunidad.

El documento remitido por la Consejería de Hacienda expresa su «más absoluto rechazo» a la propuesta de reparto del bloque de gasto para el resto de servicios autonómicos, que se fija exclusivamente en la población padrón.

Además, constata que la ponderación actual de las variables de superficie (1,8 por ciento) y dispersión (0,6 por ciento) no cubre ni siquiera el gasto en infraestructuras, que asciende al 3,7 por ciento del global, o los otros servicios, que suman el 18 por ciento. Así, platea que el padrón pondera dos terceras partes, y superficie y dispersión un tercio, en una proporción de 75 por ciento para el primero y el 25 por ciento para el segundo.