Carta íntegra de Herrera a Rajoy

Eso sí, siempre lo hemos hecho con la condición necesaria previa de la plena garantía de su seguridad para las personas y para el medioambiente, según los criterios objetivos y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. El cual, en su dictamen de febrero de este año, informó favorablemente la renovación de la autorización de la planta, condicionada a la ejecución por sus propietarios de una serie de inversiones.

Todavía el pasado 17 de julio, en nuestra contestación al trámite de audiencia sobre la renovación de esta autorización, reiterábamos esas mismas razones de la seguridad y de los efectos positivos para la actividad económica y el empleo directo e indirecto (varios cientos de puestos de trabajo) en toda su área de influencia, en el norte de la provincia de Burgos.

Teniendo en cuenta además la ausencia de un plan económico y social alternativo para paliar los efectos del cierre en toda esa zona. Algo que de ninguna manera puede quedar limitado a la actividad y el empleo que temporalmente genere el desmantelamiento de la Central, como se ha llegado a plantear en una visión cortoplacista e inaceptable del pan hoy y nada para mañana.

En todo este tiempo hemos sido conscientes de la soledad social y política a la que poco a poco se iba abandonando a Garoña. Algo que sorprendentemente se extendió también a sus mismos propietarios a través de Nuclenor. Destacando sobre todo a este respecto los cambios de posición de Iberdrola. Que primero expresó su voluntad de seguir operando la Central y solicitó para ello la renovación de la autorización de su explotación. Y que más tarde decidió desistir de esa solicitud con el objetivo de cerrar la planta. Un cambio de opinión que se hizo público antes de conocerse las condiciones (inversiones y plazos) de la posible autorización del Gobierno. Y que se supone motivado por considerarla primero rentable y viable, y luego ya no rentable ni viable. Pero cuyas auténticas razones no podemos valorar en la medida que la eléctrica no ha tenido ningún interés de explicar y contrastar con nosotros esos nuevos criterios.

Es verdad que en el periodo de alegaciones, abierto por el Gobierno antes de tomar decisión sobre la solicitud de reapertura y nuevo plazo de actividad, han sido pocas las favorables a la continuidad de a Garoña: municipios del entorno, sindicato UGT, Junta de Castilla y León, entre ellas. Y más numerosas las contrarias a ella: distintas instituciones y entidades, incluidas algunas comunidades vecinas a la nuestra, al parecer con mejores y más poderosos argumentos que los nuestros, y que incluso pretenden tener un criterio mejor y superior al del Consejo de Seguridad Nuclear en relación a la seguridad de la planta.

Además, también están siendo muy abundantes las iniciativas políticas e incluso parlamentarias que instan al Gobierno a paralizar el proceso de evaluación de la autorización para prolongar la vida útil de Garoña, o directamente a impedir su reapertura y a decidir su cierre definitivo. Incluso está en tramitación una Proposición de Ley para que ese cierre sea una obligación legal, presentada por el Grupo Socialista, y que se sipone podría contar con el apoyo de la mayoría de los grupos del Congreso de los Diputados.

Todo lo anterior coloca a la Central de Garoña en una situación de falta casi total de apoyos, incluso en numerosos ámbitos sociales, económicos y políticos de esta Comunidad y de la propia provincia de Burgos. Es la clamorosa soledad a la que se ha condenado a Garoña.

Por eso, estimado presidente, me duele de manera especial que deba ser precisamente el Gobierno de la Nación el que aparezca al fin como responsable de una decisión de cierre, para la que tantos otros han trabajado mucho más intensamente. Y entre ellos en particular los propietarios de la Central que, con sus dudas, cambios de opinión, y desistimiento virtual, son los verdaderos causantes del cierre.

Dicho esto, me corresponde a mí enmendar las opciones de política energética que forman parte de los programas de gobierno para el conjunto de la nación. Ni debatir con el Gobierno si es necesaria o no la aportación de una pequeña central como Garoña. Ni dar lecciones sobre cómo debe garantizarse a través de las distintas fuentes de producción el suministro de la energía que necesitamos, la menor dependencia exterior en el acceso a la misma, y la mayor competitividad de la economía.

Unas cuestiones éstas que, por cierto, es necesario tener muy en cuenta en las decisiones ya urgentes que el Gobierno de la Nación debe tomar en torno al futuro de nuestro carbón nacional y nuestras centrales térmicas. Con los que el sentido común exige que hay que seguir contando. Y cuya aportación al mix energético de España se ha demostrado imprescindible en los últimos meses.

Una vez adoptada la decisión de denegar la continuidad de la Central de Garoña, y por tanto iniciado el camino a su cierre definitivo y desmantelamiento, nos importa mucho conocer cómo se va a llevar a cabo este proceso. Y qué planes existen sobre los materiales nucleares más sensibles que hoy se encuentran en la que va a dejar de ser una d instalación de producción de energía, y va a pasar a ser un almacén de esos materiales. Una situación para cuya posible compensación estudiaremos si cabe aplicar algún tributo de naturaleza medioambiental.

Asimismo, nos interesa saber si la decisión de cierre contempla alguna fórmula para que los municipios del entorno de la Central de Garoña sigan contando con las ayudas económicas que hasta este momento han venido recibiendo, prorrogando esta compensación por lo menos hasta el total desmantelamiento de la planta.

Por último, lo más importante. En coherencia con la defensa que hemos hecho estos años sobre la continuidad de la Central de Garoña, quiero reiterarte, estimado presidente, los graves efectos negativos que van a producirse por su cierre, tanto sobre la actividad económica como muy intensamente sobre el empleo, en particular en el área de influencia de la planta.

Por el mismo razonamiento, y porque para nosotros sí son importantes los problemas territoriales que esta cuestión genera, la Junta debe exigir hoy al Gobierno de la Nación que, en paralelo a la decisión de cierre de la misma, comprometa la definición, presentación y desarrollo urgente de un plan de reindustrialización para la zona, que ofrezca alternativas posibles y viables para la generación de riqueza y empleo en ella. Un plan que cuente con la implicación y recursos de las distintas administraciones. Y creo que es obligado también con los apoyos y proyectos de los propietarios de la Central.

De esta manera, si bien nuestro deber es ahora disentir y lamentar la decisión de cierre de Garoña, podremos desde este momento compartir la voluntad y trabajar juntos para evitar que los efectos de ese cierre produzcan un desierto económico y demográfico en una hermosa zona de esta Comunidad, que hasta ahora ha contado con esta fuente de actividad, riqueza y empleo.

Agradezco mucho tu atención a esta carta, en la que no he podido evitar el sentimiento de decepción y de cierto abandono que esta situación me produce. Y quedo a tu disposición en relación a cuanto en ella te he expuesto.

Un abrazo