Carriedo sobre parálisis de la reforma de la financiación: «Estamos ante un Gobierno absolutamente soberbio»

Con estas palabras el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, denunció la parálisis de la reforma del modelo de financiación autonómica, una demanda en la que, según señaló, la Junta no ha dejado de insistir, aunque «con poco éxito».

El consejero insistió en que España tiene «el presidente del Gobierno que actúa con más soberbia de todos los de la democracia, y el de menor apoyo parlamentario». Con todo, aseguró que no cree que exista una posición política en torno a la reforma para «retrasar una decisión», cuando la propia ministra María Jesús Montero fue consejera en una autonomía y siempre defendió que había que cambiarlo, aunque «lleva cinco años sin tomar una decisión».

No obstante, Carlos Fernández Carriedo afirmó, en 'Los Desayunos de Ical', que no ha perdido la «esperanza» de que se ponga sobre la mesa la propuesta en este ciclo parlamentario, porque «es necesario» porque «hablamos de financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales». «No puede ser que no haya debate de cómo financiarlo».

Carriedo recordó la declaración de Santiago de Compostela, en la que ocho presidentes autonómicos exigieron la reforma y «no se han dignado a contestarnos» ni se incluyó un punto en este sentido en la última conferencia de presidentes de La Palma, ni en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Es una demanda de todas las autonomías, pero el Gobierno ha dejado de escuchar, no escucha a las autonomías, a quien podía aportar ideas. Se equivoca en esas decisiones», sentenció.

El consejero indicó además que la Junta dio respuesta en enero a la propuesta de población ajustada del ministerio y tras once meses «no sabemos nada nuevo», en un contexto de inflación en el que «siguen aumentando su recaudación pero la financiación no aumenta incluso los fondos que se crearon para la pandemia han desaparecido, cuando gastos han llegado para quedarse con nosotros».

En este sentido, explicó que Castilla y León cuenta con el presupuesto más elevado de su historia, pero por la llegada de fondos Nueva Generación de la UE, con vigencia limitada en el tiempo y objetivos concretos y por la inflación que ha hecho elevarse de forma artificial la recaudación tributaria, y tampoco «tiene continuidad en el tiempo».

Así, defendió que «lo que no se puede discutir es que estamos ante un modelo de financiación negativo desde el principio, que se hizo en un contexto de crisis de 2009, que no sirve para hoy y que desde 2014 ha dejado de estar en vigor; llevamos ocho años aplicando un sistema de financiación que no tiene vigencia y fue perjudicial desde el principio, y la demanda de servicios públicos es creciente».

Carriedo insistió en que la pandemia y otros factores elevan el gasto en servicios básicos; y «sería lógico que si el Estado ha tenido más recaudación por la inflación, destine una parte a financiar servicios públicos que prestamos en los territorios, que han aumentado y tienen un déficit». Al respecto, recordó que el modelo no cubre ni el gasto de la Comunidad en sanidad, educación y servios sociales, de hecho, «nos faltarían 500 millones», dijo.

Carlos Fernández Carriedo razonó que la inflación no puede ser una «fuente ordinaria de financiación» sino que es preciso una reforma del sistema si se quieren «servicios de calidad». «Hay que abordar la financiación porque el sistema que tenemos dejó de tener vigencia hace ocho años y las cosas han cambiado», resumió.

El consejero también recordó que el año que viene la Junta podrá financiarse con un 0,3 por ciento de déficit, una vía que acabará cuando se establezca de nuevo las reglas fiscales, y en un contexto en el que «los gastos han crecido más de lo que pensábamos», dijo, para recordar, por ejemplo, el abono adicional del 1,5 por ciento a los empleados públicos, que aún así «pierden poder adquisitivo».

«Es una realidad, para 2023, el escenario de déficit se cumplirá pero para el futuro será más complejo, pero no pasa desapercibido que el Gobierno se reserva para si la mayor parte, el 3,3 por ciento, y las autonomías, el 0,3 por ciento, lo que supone que de cada 12 euros de déficit, uno es para las autonomías y once para el Gobierno», apostilló. «El déficit público en España no es responsabilidad de las autonomías», razonó.

Por último, indicó que este año la Junta mantendrá sus elevados niveles de ejecución presupuestaria, que se mantendrán por encima del 95 por ciento, y se situará de nuevo «entre los gobiernos autonómicos que mejor ejecutan de España».