Carriedo sentencia que Castilla y León «pierde dinero» con la propuesta de financiación del Gobierno

Carriedo lamentó que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, plantea un primer documento con criterios de reparto de los recursos en el que «algunas autonomías pierden», como Castilla y León, y «otras ganan», y criticó que «no existe una referencia» a los recursos globales con los que se dotará el sistema, en el que la Comunidad «no quiere perder peso».

Carlos Fernández Carriedo, quien recordó la infrafinanciación que sufre Castilla y León, con un modelo que deja sin cubrir el 16 por ciento de los gastos en sanidad, educación y servicios sociales, indicó que «todavía hay tiempo» para mejorar los aspectos más lesivos para la Comunidad de este primer documento. En este sentido, explicó que seguirán manteniendo contactos con otras autonomías y con los grupos del arco parlamentario de la Comunidad, para llegar a enero con una postura de fuerza común.

Así, incidió en que Castilla y León mantendrá la postura recogida en el acuerdo de Santiago de Compostela entre ocho autonomías, que a su entender, seguirán unidas en sus reivindicaciones, así como el pacto parlamentario que se alcanzó en las Cortes de Castilla y León en esta materia.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional repasó cuatro aspectos esenciales en lo que la Juta peleará por una mejora. En primer lugar, denunció la pérdida de peso del envejecimiento en el reparto de los fondos dirigidos a cubrir los Servicios Sociales. En este sentido, lamentó que el texto del Gobierno reduce el peso de los mayores de 65 años en el reparto, algo que «no se entiende ni comprende», dijo, porque es la variable que determina estos gastos junto a la dependencia.

En segundo lugar, arremetió contra la creación de un fondo para las autonomías con menos de dos millones de habitantes y razonó que no entienden por qué ese límite poblacional, porque «nada tiene que ver con la despoblación». «Es contrario al modelo mismo que defendemos», dijo, porque «algunas autonomías con menos de dos millones de habitantes no tienen problemas demográficos», para demandar que esas partidas se dirijan a aquellas que realmente sufren sangría poblacional.

En tercer lugar, el consejero de Economía y Hacienda exigió un aumento del peso en los criterios de reparto de la superficie y la dispersión, porque la propuesta «no mejora el peso de esos factores cuando son un problema fundamental» a la hora de determinar el coste efectivo de la prestación de servicios.

Al respecto, recordó que Castilla y León tiene el 38 por ciento de todos los consultorios locales; con 965 médicos de familia por cada millón de habitantes, frente a una media nacional de 642. Asimismo, el coste sanitario es «doce veces superior a la media», afirmó, para recordar también que la Comunidad cuenta con el 25 por ciento de los centros rurales agrupados de educación.

En cuarto lugar, Carriedo denunció que la financiación de otros servicios, los que no son sanidad, educación y servicios sociales, se basará exclusivamente en el volumen de población, en el padrón, lo que no explica su coste y la Comunidad saldrá muy perjudicada porque están «muy vinculados al territorio».

Al respecto, el consejero explicó que esos otros servicios incluyen las carreteras autonomías, de las que Castilla y León asume el 17 por ciento del global nacional de kilómetros de estas vías; la política de incendios, en una autonomía con el 18 por ciento de la superficie forestal, y el 18 por ciento de la Red Natura. Pero es que además, como precisó el consejero, también se incluyen telecomunicaciones; abastecimiento y saneamiento; medio natural y atención a la biodiversidad; transporte; conservación del patrimonio histórico o cultural; agricultura, ganadería y desarrollo rural; despoblación; ordenación del territorio o apoyo las corporaciones locales. «Tienen muy poco que ver con el volumen de población de cada una de las autonomías», resumió.

Por lo que se refiere a la modificación de las horquillas de los fondos para Sanidad, indicó que todavía es pronto para saber cómo afectará pasar de siete a 20 grupos de edad en el reparto. En cuanto a la educación, puso de relieve que se utilizará como único criterio el número de alumnos, y denunció que sobre esa base «no se ajusta el coste real» en una autonomía «tan extensa y dispersa».

Por último, el consejero dejó claro que la apertura por parte del Gobierno del debate sobre la reforma del modelo de financiación, no excluye del debate sobre otras demandas de la Comunidad, como el nuevo fondos covid para el año 2022, y el reparto «transparente y justo» de los fondos de transformación de la UE.