Carriedo pide una cambio en la financiación autonómica: «Lo que llega es insuficiente»

Fernández Carriedo ha intervenido en la jornada 'Finanzas Autonómicas: los asuntos pendientes', organizada por la Cátedra de Finanzas Autonómicas de la Universidad de Vigo, con el consejero de Hacienda y Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos; la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales; y el consejero de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler; en una mesa redonda titulada 'La Reforma Pendiente: sobre urgencias y parches'.

En su intervención, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha defendido la urgencia y prioridad de acometer una profunda reforma del sistema de financiación autonómica que dote a la Comunidad de los recursos suficientes para atender los servicios públicos esenciales de calidad y en condiciones de igualdad.

«Se ha reclamado una revisión del sistema de financiación autonómica, mucho antes del impacto de la pandemia, puesto que los recursos que llegaban a Castilla y León son insuficientes», ha afirmado Fernández Carriedo.

Además, ha destacado que el actual sistema ha supuesto un retroceso en la financiación de la Comunidad, por lo que es necesario tener en cuenta las peculiaridades establecidas de Castilla y León con un mayor peso de variables demográficas, tales como la extensión territorial, la dispersión, la baja densidad o el envejecimiento de la población, que inciden de forma significativa en el mayor coste de prestación de los servicios públicos, y se encuentran claramente infravaloradas en el modelo actual.

Fernández Carriedo ha reclamado la urgencia de una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera con tres cuestiones a tratar en relación con los servicios que presta la Comunidad:

Existen servicios públicos vinculados específicamente a la población (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) que se prestan en su lugar de residencia, con unas características geográficas y demográficas particulares que condicionan de forma significativa la organización y prestación de los mismos, y afectan tanto a su coste como al acceso de los ciudadanos a los mismos. En el caso Castilla y León, la prestación de estos servicios públicos esenciales tiene un mayor coste por su extensión territorial, la dispersión, la baja densidad o el envejecimiento de la población, lo que debe ser compensado en el nuevo sistema.

Existen otros servicios públicos cuya prestación está vinculada de forma directa al territorio, como el mantenimiento de las carreteras, el de la superficie forestal o la biodiversidad, las telecomunicaciones y el patrimonio cultural, entre otros, que deben ponderarse de una forma adecuada en función de criterios no estrictamente poblacionales.

Castilla y León pedirá recursos adicionales para hacer frente a la despoblación, que proporcionen una financiación estable y dinámica a los territorios con baja densidad y que reflejen un claro compromiso contra la despoblación y el reto demográfico. Realmente el verdadero compromiso contra la despoblación se debe manifestar en la financiación autonómica.

La Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España es un proyecto ideado y gestionado por un grupo de investigación de la Universidad de Vigo que arranca en 2013. Su origen se encuentra en un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebrado en 2016 que, posteriormente se transforma en la Conferencia sobre Federalismo Fiscal y Descentralización en España, organizada periódicamente desde 2008. Todo este trabajo colectivo ha dado lugar a distintos libros editados por el Instituto de estudios fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y diferentes publicaciones de economía española editadas por Funcas.