Carriedo pide el apoyo a la Cámara para unas cuentas «realistas y prudentes» que pretenden asegurar la recuperación económica

Carriedo recordó que los segundos presupuestos del Gobierno que dirige Alfonso Fernández Mañueco alcanzan la cifra más alta de la historia gracias a los fondos europeos, con 12.835 millones de euros y una subida del 4,42 por ciento respecto a los ahora vigentes, con «más gasto social, mas actividad económica, más inversión y menos impuestos».

Ante la Cámara, destacó también que los gastos financieros se reducen en casi 15 millones de euros, sumando ocho años seguidos de rebaja de este capítulo, que se ha minorado en más de 200 millones de euros en este periodo a pesar del incremento en el volumen de deuda autonómica. Y anotó que el Presupuesto incluye dos grandes novedades en su planteamiento: orienta sus recursos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030 de Naciones Unidas e incorpora a los ingresos los Fondos europeos de nueva generación.

El consejero sostuvo que el Presupuesto es «coherente con una política fiscal acertada, moderada, justa y con bajada de impuestos» e incluye nuevos beneficios fiscales, con especial incidencia en el medio rural. En este sentido, subrayó que los ingresos de tributos propios ascenderán un 5,8 por ciento, a pesar de que bajan los impuestos. «Ello demuestra que esta reducción es plenamente compatible con el aumento de las bases imponibles y, por tanto, de la recaudación tributaria», consideró.

Así, señaló que la Ley de Medidas recoge nuevas actuaciones fiscales de apoyo al medio rural, entre las que citó el IRPF, en el que se incrementan las deducciones por nacimiento o adopción de hijos para residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que supone un aumento en más del 40 por ciento respecto a las cuantías generales de la deducción; o en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que minora un punto el tipo reducido aplicable a los supuestos de adquisición de inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo en el medio rural, pasando al dos por ciento, frente al 8 o 10 por ciento ordinario, lo que supone una rebaja del 75 u 80 por ciento respecto al tipo general.

Con estas nuevas medidas y las ya vigentes, Carriedo estimó que el conjunto de beneficios fiscales de la Comunidad podría favorecer en 2022 a casi medio millón de beneficiarios, por un importe de 509 millones de euros.

El consejero subrayó que el Presupuesto tiene un «carácter social» y los tres departamentos sociales consolidan el crecimiento de años anteriores. Además, calificó las cuentas de «netamente inversoras, que contribuirán a modernizar y seguir transformando la economía de la Comunidad»; y se produce un nuevo ahorro en concepto de intereses, que «permite financiar con mayores dotaciones los objetivos del proyecto».

En conjunto, incidió en que el proyecto es «coherente» con el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos y con los compromisos trasladados por Mañueco en su sesión de investidura.

También remarcó que son «realistas» y están basadas en un escenario macroeconómico informado por la Airef. De acuerdo con esta situación, el Presupuesto cuenta con previsiones de ingresos «ajustadas a la realidad» y aumenta, dijo, por la presupuestación de los fondos europeos de nueva generación, la «favorable evolución» de la recaudación tributaria y por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo relativo al IVA que el Gobierno adeuda a la Comunidad (se incluirán los 190 millones de euros correspondientes a esta devolución, reconocida por sentencia del Tribunal Supremo este año, y todavía pendiente de pago).

Sin embargo, advirtió de que otros «elementos» impiden una mayor evolución presupuestaria. Entre ellos citó el sistema de financiación autonómica, «contrario a los intereses de Castilla y León» por razones demográficas; la disminución del fondo para financiar los gastos COVID y la reducción del volumen de déficit previsto.

En este sentido, avanzó que la Junta mantendrá su reivindicación sobre un fondo COVID no reembolsable para 2022 por parte del Gobierno y recalcó que para el Ejecutivo es «un estímulo» comprobar la decisión que ayer tomó la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, que aprobó una enmienda de Junts per Cat para crear este fondo, dotado con casi 10.000 millones, si bien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó que «no lo ejecutará».